Antigua Matanza. Revista de Historia Regional
ISSN 2545-8701
Junta de Estudios Históricos de La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, San Justo, Argentina.
Disponible en: http://antigua.unlam.edu.ar
Pomés, R. (junio de 2017 - diciembre de 2017). Crecimiento y desigualdad en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Perú (1980-2014). Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 1(1), 80-113.
Imago Mundi
Crecimiento y desigualdad en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Perú (1980-2014)
Raúl Pomés[1]
Universidad Nacional de La Matanza, Escuela de Formación Continua, San Justo, Argentina.
Fecha de recepción: 11 de abril de 2017
Fecha de aceptación y versión final: 31 de mayo de 2017
Resumen
El mundo académico y los datos confirman que: “Latinoamérica es el continente más desigual”. A partir de esta aseveración se realizará un recorrido histórico que tendrá como eje la variación de la desigualdad de ingreso medida por el coeficiente de GINI, y su relación con las variaciones del Producto Bruto Interno (PBI), referenciado con el contexto histórico, en cuatro países del continente: Argentina, Brasil, Chile y Perú. A partir de los datos relevados por organismos multinacionales y autores especializados, se elaborarán gráficos que permitan analizar el comportamiento de esas dos variables entre 1980 y 2014, en los países seleccionados.
Palabras Claves: Latinoamérica, desigualdad, PBI
Crecimiento y desigualdad en América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Perú (1980-2014)
Introducción
El presente trabajo se propone analizar la relación entre el crecimiento del PBI y el coeficiente GINI de desigualdad de ingresos en América Latina. El período abarcado es desde comienzos de la década de 1980 hasta 2014. El recorte temporal comienza con el inicio de la llamada “década perdida” para Latinoamérica, pasando por los noventa, años de “reformas estructurales” en las economías de muchos países del continente, que termina con la “media década perdida” de fines de los noventa (Bértola y Ocampo, 2013), para concluir en el período de crecimiento económico y disminución de la desigualdad de la primera mitad de los años 2000, hasta la crisis de “Leman Brothers” que comenzó en Estados Unidos y se extendió por el resto del mundo disminuyendo la magnitud del crecimiento económico. Para concluir se observarán los datos existentes a posteriori de la crisis hasta 2014, último año para el cual se poseen. Además de comentar las características económicas de los distintos períodos a nivel continental, el análisis se centra en las economías de Argentina, Brasil, Chile y Perú, de las que se trazará la variación del PBI y de la desigualdad, partiendo de la premisa de que en los dos primeros casos, no necesariamente coinciden períodos de crecimiento del PBI con disminución de la desigualdad. Mientras que los dos últimos presentan particularidades propias por el tipo de procesos económicos que vivieron.
Sobre todo llama la atención el aumento de la desigualdad desde mediados de los ‘70 cuando entra en crisis el estado de bienestar a nivel global luego de la “crisis del petróleo”, lo que provocó un cambio de paradigma económico que se dio a partir de la aplicación de políticas basadas en el monetarismo. Desde aquella época y hasta la actualidad se estableció como dominante el modelo neoliberal, que de diversas maneras y con diferente intensidad se instituyó en toda América Latina.
Se recurrió a autores especializados y además se utilizaron datos provenientes de los organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL, así como también proveniente de organismos oficiales como el INDEC de Argentina, el IBGE de Brasil, la Encuesta de Ocupación de la Universidad de Chile y en la encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Nacional) del mismo país.
Para medir la desigualdad se utilizará el coeficiente de GINI en el que el cero expresa la perfecta igualdad, donde todos los valores son los mismos (por ejemplo, donde todas las personas tienen un ingreso exactamente igual) y el uno expresa la desigualdad máxima entre los valores (por ejemplo, cuando solo una persona tiene todos los ingresos). De este modo, cuanto más se acerque a cero el índice más igualitaria es la distribución, mientras esa igualdad se va perdiendo en la medida que se acerque a 1.
La década perdida
El inicio de la llamada “década perdida” puede situarse en 1982, con la crisis que sacudió México y que pronto se extendió por América Latina, así lo sostiene R. Thorp (1998):
América Latina en su conjunto se vio gravemente afectada, y lo mismo sucedió con el sistema bancario estadounidense (solo la deuda de México representaba el 44% del capital de los nueve bancos más grandes de Estados Unidos) y la prosperidad de muchos exportadores estadounidenses. (p. 231)
Para la autora:
Argentina ya atravesaba graves dificultades debido a una crisis bancaria interna, complicada por el conflicto del Atlántico Sur entre abril y junio de 1982. A finales de ese año, Brasil ya había avanzado bastante por un camino parecido al recorrido por México. Las exportaciones brasileñas se veían limitadas por la recesión internacional, y el fuerte nivel de su endeudamiento externo entrañaba un alto costo en la balanza de pagos debido a la subida de las tasas de interés. Venezuela, Chile y Cuba pronto iniciaron negociaciones con sus acreedores, y lo mismo hicieron muchos de los países pequeños de América Latina. Es más, casi todos los países de la región pronto se encontraron ya fuera enfrascados en negociaciones o a punto de iniciarlas. (Thorp, 1998, p. 231)
El fuerte endeudamiento de los países de la región producido en la década anterior eclosionó luego del aumento de las tasas de interés implementado por la administración Reagan en Estados Unidos,
La tasa real media de interés de la deuda de los países menos desarrollados se elevó del -6% en 1981 al +14,6% en 1982. Para Brasil, por ejemplo, un incremento de un punto porcentual en las tasas internacionales de interés significaba que este país debía aumentar sus exportaciones en un 3 % sólo para cubrir la mayor carga del pago de intereses. (Thorp, 1998, p. 232)
Las consecuencias en América Latina no se hicieron esperar: crisis fiscal y de la balanza de pagos, porque los intereses de la deuda presionaban sobre los presupuestos. Los países devaluaron y tomaron medidas ortodoxas para reducir el gasto público, las importaciones y frenar la demanda. El resultado fue un elevado costo social tanto a corto como a mediano plazo.
La crisis fiscal dio por resultado un fuerte recorte del gasto social. El gasto social per cápita se redujo un 10% en términos reales entre 1982 y 1986, recuperándose algo para 1990, aunque se mantuvo un 6% por debajo del nivel de 1980-81. La pobreza aumentó, y la proporción de familias por debajo del nivel de pobreza creció, para toda la región, del 35% en 1980 al 41% en 1990. La distribución del ingreso también empeoró, con la excepción de Uruguay, que evolucionó en contra de la corriente y registró una mejora. (Thorp, 1998, p. 236)
Otra característica del período fue el aumento de los índices de inflación, así lo afirman Bertola y Ocampo (2013):
Las explosiones inflacionarias fueron un efecto más que una causa de la crisis de la deuda. Su manifestación más aberrante fueron los episodios de hiperinflación que experimentaron cinco países entre mediados de la década de 1980 y principios de la siguiente (Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú). Otros tres países experimentaron en algún año una inflación de tres dígitos (México, Uruguay y Venezuela). En el lado opuesto, sólo un país (la única economía entonces dolarizada, Panamá) evitó una inflación superior al 20%. En su conjunto, la mediana y medias de las tasas de inflación aumentaron fuertemente hasta alcanzar en 1990 cerca del 40% y más del 1000%, respectivamente, antes de comenzar a reducirse en los años 1990. (p. 224)
En Argentina el comienzo de la década perdida se da con la restauración democrática, pero los problemas venían de la última etapa de la dictadura cívico – militar. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se ensayaron planes de estabilización como el “Plan Austral” que comenzó a fallar a principios de 1987. Meses después se implementó el “Plan Primavera”, que también fracasó en su objetivo de estabilizar la economía. El peso de la deuda era insostenible y el país se hallaba prácticamente en cesación de pagos. Las presiones especulativas agotaron las reservas del Banco Central y dispararon el valor del dólar, esto derivó en una inflación galopante que terminó en la hiperinflación de 1989, coincidiendo con el cambio de gobierno.
Con la asunción de Carlos Menem, la situación no mejoró. Luego de intentos de estabilización estalló una nueva hiperinflación, el gobierno se volcó de lleno a implementar un plan ortodoxo de reformas estructurales cuyo principal instrumento fue la “Ley de Convertibilidad”.
En el caso de Brasil, la década perdida coincide con el final del régimen militar instaurado en 1964. En la década del 80 la economía brasileña mostró una serie de problemas que se tradujeron en indicadores macroeconómicos deteriorados en comparación con la década anterior, cuando Brasil vivió el llamado “milagro económico”. En esta época la economía de este país pasó por diversas tentativas de estabilización e intentos de control del acelerado proceso inflacionario. Algunas de tipo heterodoxas, caracterizadas por políticas restrictivas, congelamiento de precios, tasas de interés y salarios. Entre estas se hallan los planes Cruzado I y II (1986), Collor I y Collor II (1990 – 1992). Otras tentativas de tipo ortodoxo, que buscaban la mejora en la balanza de pagos, superávits comerciales, a través de políticas alineadas con el FMI, como lo fueron los planes implementados por Delfín Neto (1982-1984) y Francisco Dorneles (1985). También se intentaron soluciones eclécticas como los planes de Bresser Pereira (1987-1988) y el “Plan Verano” (1989-1990). Sin embargo, dichos planes no lograron revertir el deterioro de las variables macroeconómicas como la inflación y la caída del PBI. En este último caso mientras que el crecimiento promedio del PBI en la década del 70 fue de 7%, durante los 80 cayó al 2%. Además en el frente externo el aumento de la tasa de interés a nivel internacional causó un incremento de la deuda externa, que se tornó en una pesada carga para la economía brasileña (Cortes Neri, s/f, p. 171). Estos planes fueron ineficientes para controlar la tasa de inflación por mucho tiempo, lo que resultó en una explosión inflacionaria a fines de 1989 y comienzos de 1990. La combinación de un aumento sustancial de la desigualdad con el mantenimiento de tasas de crecimiento agregadas positivas en medio de la inestabilidad del período provocó un crecimiento continuo, pero hasta cierto punto moderado de la proporción de pobres que llegó a 21% en el auge hiperinflacionario de las elecciones de 1989 (Bertola y Ocampo, 2013, p. 172).
Perú hasta 1980 estuvo bajo el gobierno militar del Gral. Francisco Morales Bermúdez, quien en aquel año le entregó el poder al presidente electo democráticamente Fernando Belaunde Terry perteneciente al partido Acción Popular. El nuevo mandatario comenzó a revertir las políticas autoritarias heredadas de los militares. Su gobierno no solo tuvo que enfrentar los problemas económicos derivados de la crisis mexicana de 1982, sino que debió lidiar con organizaciones armadas como el grupo guerrillero maoísta “Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” (MRTA). En el plano económico intentó liberalizar la economía y luchar contra la inflación. En el caso de Perú, el impacto de la crisis mexicana de 1982, provocó al año siguiente un desplome superior al 10% del PBI, pero en los dos años posteriores se da un leve crecimiento de la economía. En 1985 asumió la presidencia Alan García Pérez. En un principio, a través de políticas heterodoxas intentó combatir la inflación y promover el crecimiento económico, incluyendo controles de precios, altos aranceles a las importaciones, aumento en el gasto público y desconocimiento a la deuda externa, lograron un cierto éxito. Sin embargo, ese éxito resultó fugaz. En efecto, después de dos años de resultados económicos positivos (alto crecimiento y menor inflación que en años anteriores), la inflación volvió a subir descontroladamente y el PIB cayó. Entre 1988 y 1990 la economía peruana padeció un declive de aproximadamente 25% del PIB, mientras que la hiperinflación se afianzó. Conjuntamente los grupos armados se consolidaban en partes del territorio del país (Jaramillo y Saavedra, 2011, p. 306).
Las reformas estructurales y la “media década perdida”
Frente a los problemas económicos mencionados, los gobiernos de los países latinoamericanos comenzaron a realizar una serie de reformas de cuño ortodoxo planteadas en el “Consenso de Washington”. Bertola y Ocampo (2013) afirman que,
El mapa regional muestra, la diversidad de respuestas nacionales, aun durante los años más activos de las reformas, se distinguen entre los reformadores “agresivos” y los “cautelosos”, con Argentina, Bolivia, Chile y Perú en el primer grupo, y Brasil, Costa Rica, Colombia y México en el segundo. El primer grupo se caracterizó por haber realizado amplias reformas en un período breve de tiempo, mientras el segundo las realizó en un período de varios años y avanzó a un ritmo desigual en los distintos campos. De acuerdo con esta clasificación, tal vez la mayoría de los países de América Latina debería catalogarse en el segundo grupo. (p. 226)
Las reformas de mercado propiamente dichas, orientadas a reducir el alcance del sector público en la economía y liberalizar los mercados, coincidieron con las políticas de estabilización macroeconómica orientadas a corregir los déficits externos y fiscales y a controlar la explosión inflacionaria (Cortes Neri, s/f, p 227). Con todo, la liberalización económica produjo una importante redefinición de la relación entre Estado y mercado. Sin embargo, dicha redefinición permitió la sobrevivencia de empresas y bancos públicos en la mayoría de los países, y en todos se caracterizó por una ampliación significativa del gasto público social desde 1990 (Ocampo, 2012, p. 20).
En el caso de Argentina, el gobierno de Carlos Menem, sancionó la ley de Convertibilidad en 1991 y la Ley de Reforma del Estado, marcó la profundización de las reformas, en este caso las privatizaciones, la desregulación de los mercados y apertura de la economía alcanzaron su punto máximo. La desregulación abarcó también al mercado laboral, que se flexibilizó echando por tierra las conquistas que el mismo peronismo había instalado en los años 40. También fueron privatizados el sistema de seguridad social y la empresa petrolera estatal YPF. Otra característica de este período fue el crecimiento de la deuda externa que pasó de 64.000 millones de dólares en 1990 a 146.000 millones al final de la década. Entre 1991 y 1998, la economía creció, salvo en 1995, año en el que se produjo una caída como efecto de la crisis mexicana (Efecto tequila). Sin embargo, a partir de 1998, la economía entra en recesión, como consecuencia de las crisis que se suscitaron en Asia, Brasil y Rusia (Belini y Korol, 2012, pp. 252 y ss.).
En Brasil, después de un régimen político autoritario y cerrado económicamente (hasta 1985) con cierto desarrollo autárquico, se pasó a un rápido proceso de transición hacia la apertura de la economía, que comenzó a inicio de los años 90. A partir de entonces la economía brasileña se reestructuró a partir del retiro del estado como ente regulador, se privatizaron empresas del estado y se abrió la economía al comercio mundial. El principal problema a comienzos de los 90 fue el desborde inflacionario que trababa cualquier intento de desarrollo económico. Este escenario se extendió hasta 1994, cuando el gobierno de Fernando Enrique Cardoso impulsó el “Plan Real”. Éste fue precedido por medidas tomadas por el gobierno anterior: el programa de privatizaciones y la liberación de las importaciones. En materia financiera este plan se basaba en la estabilidad cambiaria, la reducción del déficit del estado y en una elevada tasa de interés para fomentar el ingreso de capitales, junto con una política de apertura económica. El resultado de estas políticas fueron la reducción drástica de la inflación y el aumento de la competitividad de determinados sectores de la economía brasileña. Sin embargo, sobrevivieron problemas crónicos como el desempleo, el aumento del empleo informal y la vulnerabilidad externa.
En agosto de 1998, estalló la crisis Rusa, lo que provocó consecuencias en los países Latinoamericanos. Ante el temor de devaluaciones, comenzaron a salir los capitales especulativos de corto plazo, lo que provocó que la crisis se instalara en este continente.
En Brasil, a partir de finales de 1998, comenzaron a multiplicarse las preocupaciones acerca de la solidez del apoyo político al programa fiscal del gobierno, lo que intensificó la presión sobre el real que, a mediados de enero de 1999, se tradujo en una devaluación de gran magnitud, poniendo así fin a los ajustes graduales del tipo de cambio. Las medidas que tomó el gobierno para fortalecer el programa fiscal y el gran aumento de las tasas de interés contribuyeron a afianzar la confianza del país y del extranjero en la determinación del gobierno para llevar adelante su programa (Fondo Monetario Internacional, 1999, p. 45).
Hacia finales del siglo XX Bertola y Ocampo (2013) hablan de la “media década perdida” que se desencadenó durante la crisis de fin de siglo, y la caracterizan como un punto de inflexión. A partir de entonces, afirman estos autores, se hizo evidente, no sólo en América Latina sino en el mundo entero y en las propias agencias financieras internacionales, un mayor pragmatismo y la incorporación de nuevos temas en la agenda, especialmente los relativos a la equidad y al desarrollo institucional. Sin embargo, las reformas de mercado no revirtieron, más allá de algún rebrote estatista en los primeros años del siglo XXI (p. 233).
La década del 90 comenzó para Perú con un nuevo gobierno encabezado por Roberto Fujimori, quien asumió el poder en el marco de una crisis económica y política de grandes dimensiones. Fue este mandatario el que realizó las reformas estructurales pro mercado tendientes a terminar con la hiperinflación, reinsertar al Perú en el mercado financiero internacional, mejorar la macroeconomía y resolver la crisis de la balanza de pagos. Para Fujimori:
La reforma estructural implicaba un amplio conjunto de políticas que iban más allá de restaurar el equilibrio macroeconómico básico y estaban dirigidas a darle al mercado una mayor libertad para asignar recursos, redefinir el papel del Estado en las actividades económicas y promover la iniciativa privada. En ese periodo se aplicaron políticas específicas para reducir las barreras al comercio internacional, hacer más flexible el mercado laboral, liberar el sistema financiero y abrir la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Al mismo tiempo, comenzó una activa privatización de las empresas públicas. (Jaramillo y Saavedra, 2011, pp. 307-308)
Se comenzó con un mal desempeño de la economía en los años 1991 y 1992, pero desde 1993 la economía crece a un ritmo variable hasta la crisis de 1998. Estas reformas tuvieron un alto costo social pero:
No fue sino hasta 1994 que el gasto social comenzó a aumentar a medida que el país recuperó el acceso a los mercados de crédito internacionales y los préstamos de ajuste estructural comenzaron a fluir hacia el Perú. En 1993 la inflación estaba bajando y había comenzado un periodo de crecimiento sostenido; entre 1993 y 1997 el PIB tuvo una tasa de crecimiento anual de 6.4%. Al mismo tiempo, el desempeño del mercado laboral fue positivo, con una tasa de crecimiento anual del empleo asalariado de 4.2% en promedio. En 1998 la tasa de empleo había alcanzado 60% después de haber llegado a un punto bajo de 52% en 1992. Aunque los salarios continuaron estancados para los trabajadores no calificados, aumentaron para los calificados. (Jaramillo y Saavedra, 2011, p. 308)
Luego de la crisis de 1998 y hasta el año 2002, la economía tiene un débil crecimiento que no supera el 5% para el trienio 1999-2001.
Chile: un caso particular
El caso chileno es particular en el contexto latinoamericano. En Chile, las reformas de tipo neoliberal y estructurales de la matriz económica comenzaron en septiembre de 1973, luego del golpe militar del Gral. Augusto Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende. El gobierno militar comenzó con una política de reformas neoliberales que se profundizaron a partir de 1982, año de la crisis Mexicana. Por tal motivo este país se adelantó en varios años a los restantes de la región en aplicar el recetario neoliberal, por lo que la llamada “década perdida” de Latinoamérica no es sincrónica con la de este país. Según afirma Larrañaga (2001):
El período (1974-81) se caracteriza por la introducción del conjunto de reformas estructurales que cambiaron el patrón de desarrollo del país, desde una estrategia basada en la sustitución de importaciones y predominancia del Estado a la actual modalidad que tiene por ejes la apertura al comercio de bienes, el rol subsidiario del Estado y la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos. Este período también se caracteriza por una política de estabilización del nivel de precios con consecuencias recesivas (1974-75) y una fase de aumento del PIB basado en la utilización de la capacidad subutilizada y en la acumulación de deuda externa (1977-81), la cual probó ser no sostenible en el tiempo. (p. 2)
Sin embargo, luego de la durísima crisis de 1982, se profundizó la aplicación de reformas de mercado y la privatización de empresas de servicios públicos, que seguían en manos del estado por la presión de sectores de las Fuerzas Armadas que consideraban estratégicas dichas empresas. Pero a pesar de esto, la magnitud de la crisis provocó un nuevo proceso privatizador que abarcó a funciones secundarias del Estado como la salud, la educación y el sistema de pensiones, abriendo al mercado una nueva área de la vida social. Así, el “capitalismo a la chilena”, originado bajo el gobierno de Pinochet que:
No dio lugar precisamente a los mercados atomizados y la libre competencia que anunciaban los Chicago Boys, sino a una estructura de mercados altamente concentrada, donde un pequeño grupo de empresas emparentadas entre sí controlan la producción de transables y no transables, entre ellos algunos servicios tradicionalmente provistos por el Estado. (Rodríguez Weber, 2016, p. 24)
En 1990, luego del retiro del gobierno militar, tras perder el plebiscito de 1988, pergeñado para perpetuarse en el poder, se inició en el país trasandino la transición a la democracia que estuvo dirigida por una alianza política de centro izquierda llamada “La Concertación de Partidos por la Democracia”, que instaló en el poder a los presidentes: Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet Jeria. En 2010 ganó las elecciones el candidato de la derecha Sebastián Piñeira quien gobernó durante un período hasta 2014, luego del cual regresó al poder Michelle Bachelet.
Desde 1984, pero sobre todo a partir de 1988, Chile experimentó un espectacular crecimiento económico que recién se comenzó a frenar hacia 1998. Lamentablemente, este excelente desempeño macroeconómico parece no haber llegado a todos los sectores de la población por igual:
En 1987 Chile presentaba una tasa de pobreza superior al 40% y en 10 años ha sido reducida a menos de la mitad, pero esto no ha sido suficiente para mejorar sustantivamente los niveles de equidad. Si bien ha habido una disminución de la desigualdad en dicho período, los niveles de fines de los 90s apenas alcanzan los que se presentaban a principios de los ochenta, pero siguen siendo muy superiores a los observados en las décadas de los 60 y 70. (Ruiz Tagle, 1999, p. 13)
En 1998 se produjo la crisis asiática que repercute negativamente en toda la región y también en Chile donde en 1999 causó una caída del PBI al 0,8 %. A partir de ese año y hasta 2009, la economía de Chile crece a un ritmo menor al de los años anteriores. A tono con sus ideas progresistas, los gobiernos de la Concertación procuraron orientarse por la estrategia del “crecimiento con equidad” y de este modo diferenciarse del modelo económico del gobierno militar. Sus cuatro gobiernos tuvieron un manejo económico responsable y de mayor sensibilidad social. Sin embargo, dicha estrategia no logró transformar las estructuras básicas del modelo neoliberal impuesto por la dictadura.
La recuperación de comienzos del siglo XXI
A partir de 2004 se inicia en Latinoamérica un nuevo período de auge y crecimiento que dura hasta la crisis financiera mundial sobreviniente a la quiebra del grupo Lehman Brothers. Este crecimiento estuvo sustentado por el alto precio de las materias primas y productos básicos, y además de buenas condiciones para el financiamiento externo, las economías latinoamericanas tuvieron una fase de crecimiento que no se veía desde el período 1967-1974. Este conjunto de factores favorables se debilitó desde 2007 y mediados de 2008 (fin del auge de precios de productos básicos) y se transformó en un fuerte choque externo negativo, y provocó la Gran Recesión mundial que la sucedió.
El efecto total fue una contracción de la economía latinoamericana de 1,8% en 2009, la peor desde la crisis de la deuda. El conjunto de factores adversos comenzó a revertirse a mediados de 2009, generando una fuerte renovación del crecimiento, a un 5% en 2010 (Bertola y Ocampo, 2013, p. 246).
En el caso de Argentina y Brasil, ambos países coincidieron con la asunción de gobiernos de tono progresista, como el de Néstor Kirchner y Luis Ignacio Da Silva.
En el caso de Chile, como se ha dicho, la recuperación de su economía fue más precoz, comenzando en 1999 con un ciclo positivo que culmina con la crisis de 2009.
En Perú en el 2000 fue destituido el presidente Fujimori y asume el poder transitorio Valentín Paniagua, hasta que luego de las elecciones de 2001, ocupó el poder Alejandro Toledo, quien gobernó hasta 2006 año en el que asumió la presidencia por segunda vez Alan García, quien gobernó hasta 2011. El modelo neoliberal peruano siguió sin mayores cambios desde 1990, generando estabilidad económica pero con pocos mecanismos que permitan la movilidad social y mejorar la equidad.
Desde este punto de vista, el principal resultado del modelo del Consenso de Washington ha sido el no haber logrado reformar y reforzar las bases fiscales y financieras del Estado, por lo que su rol redistribuidor y regulador es insuficiente para resolver las brechas sociales y generar el principio de autoridad necesario para arbitrar los conflictos (González de Olarte, 2007).
Análisis de la desigualdad en el período
En este apartado se analizará la relación existente entre variación porcentual del PBI y magnitud del índice GINI de desigualdad de ingresos per cápita del hogar. Ante la existencia de distintos datos, en algunos casos contradictorios se tomarán los publicados por el Banco Mundial y en su defecto por el Banco Interamericano de Desarrollo y autores especializados. En el caso del Banco Mundial, se expresa:
Tasa porcentual anual del PBI a precios de mercado en moneda local, a precios constantes. Los agregados están expresados en dólares estadounidenses a precios constantes del año 2005. El PBI es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. (Banco Mundial, 2016)
Este mismo organismo de crédito internacional proporciona también, entre otros datos, el coeficiente de GINI que expresa la desigualdad de ingreso per cápita del hogar. En este caso está enunciado en una escala de 0 a 100, donde 0 es la equidad perfecta y 100 la inequidad perfecta. A los efectos de graficar se han pasado los valores a la escala de 0 a 1 (Banco Mundial, 2016).
En el caso de Brasil, el coeficiente de GINI se refiere al nivel nacional y para Argentina sólo al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Para Argentina, el Banco Mundial no publicó mediciones de desigualdad completas para la década del 80, sólo expresa los coeficientes para 1986 y 1987, estos datos faltantes tampoco se hallaron en otras publicaciones. Sin embargo permiten esbozar una tendencia de la variación del coeficiente GINI (figura 1).
Figura 1. Variación porcentual del PBI e índice GINI de Argentina. Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. Para los períodos no graficados no se hallaron datos. Para 1990 el índice GINI corresponde a Altimir (2013). Para 2014 datos del BID.
Lamentablemente no se hallaron datos suficientes para la década del 80 en Argentina. En este período la crisis de la deuda y los altos niveles de inflación provocaron mucha inestabilidad, para terminar con esta, el gobierno de Raúl Alfonsín puso en práctica el “Plan Austral”, en virtud de su aplicación, luego de una caída del PBI del 7,5% en 1985, se produce un rebote con un crecimiento del 7,8% en 1986 y un pobre 2,9% en 1987. Con todo, el coeficiente de GINI para estos años pasó de 0,428 a 0,453, marcando un aumento de la desigualdad a pesar de dos años de crecimiento del PBI.
Para la década de los 90, en el período menemista de reformas estructurales, se cuenta con datos a partir de 1990. Se puede observar (figura 1) el fuerte crecimiento del PBI en 1991 y 1992 y porcentajes más moderados en 1993 y 1994. En el caso de la desigualdad, hay un crecimiento a partir de 1990 pero a partir de 1991 el índice decrece para luego volver a aumentar a partir de 1994 y sobretodo de 1995, año de la crisis mexicana que impactó de lleno en la economía Argentina, con una caída del PBI de 2,84%. A partir de ese año la tendencia es de aumento de la desigualdad a pesar de años de crecimiento moderado en 1996, 1997 y 1998. Entrando en el nuevo milenio con la crisis de la convertibilidad que termina con la debacle de 2001 y 2002, la desigualdad incrementa su tendencia al crecimiento hasta que comienza su descenso a partir de 2003 y hasta 2013, años en los que se conjugan crecimiento del PBI y disminución de la desigualdad, es de destacar en esta etapa que la tendencia decreciente se mantuvo aún en los años 2008 y 2009, a pesar de la merma en el crecimiento del PBI. Finalmente, los datos de 2014 muestran un repunte de la desigualdad en ese año.
Para el caso de Brasil, se cuenta con la serie de datos desde 1980 hasta 2014, tanto de la variación porcentual del PBI, como del coeficiente GINI, en este último caso, solo no se hallaron los correspondientes a los años 2000 y 2010; sin embargo, esto no obsta para observar la tendencia en la variación de la desigualdad.
Con respecto a la desigualdad, observando la figura 2 se ve que el índice GINI sufre un leve crecimiento hasta 1984, año en el comienza a descender de 0,584 a 0,556 en 1985. Este descenso se produjo conjuntamente con un aumento del PBI de 7,9% en ese año. Sin embargo a partir de ahí comienza a aumentar la desigualdad, aún en 1986 con una variación del PBI también del 7,9% y de 3,5 en 1988, este aumento de la desigualdad se mantienen hasta 1989 con el coeficiente GINI más alto del período estudiado, que llegó a 0,633, año que coincide con una explosión inflacionaria y el posterior fracaso de los sucesivos planes de estabilización llevados a cabo por los gobiernos de Sarney y Collor de Melo. A partir de 1989 la desigualdad comienza a disminuir hasta 1992, año en el que el PBI cae 0,46% y el GINI llega a 0,532, unos de los más bajos del período, recién superado en 2011. A partir de ese año se observa un crecimiento de la desigualdad muy pronunciado aún con crecimiento del 4,66% del PBI. A partir de 1994 la desigualdad permanece bastante estable en el orden de 0,597 y 0,593 en 2001, año en el que comienza a bajar a un ritmo mayor hasta 2014 que alcanza a 0,517, el coeficiente GINI más bajo de todo el período estudiado. Con respecto al PBI, entre 1993 y 2001 creció un 22,2% con un promedio de 2,7% anual, mientras que la desigualdad se mantuvo estable o con un leve descenso, esto quiere decir que pese al mencionado aumento del PBI la desigualdad disminuyó sólo 0,008, o sea un 1,3%. A partir de 2001 y hasta 2014 se produce una disminución de la desigualdad; el coeficiente GINI pasa de 0,593 en el primer año a 0,517 en el último considerado, esto a pesar de que en 2009 el PBI cayó un 0,12% y en 2014 sólo creció el 0,10%. En el período 2005-2014 el crecimiento promedio del PBI fue de 3,4% y el índice GINI cayó 0,049, o sea un 8,6%.
Figura 2. Variación porcentual del PBI e índice GINI de Brasil 1980-2014. Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial. Para los períodos no graficados no se hallaron datos. Para los coeficientes de GINI del año 1991 se utilizaron datos provenientes de la “Pesquisa Nacional por Amuestra de Domicilios”(Pnad). Para los años 1994, 2011 y 2014 se usaron datos del BID.
Para el caso de Chile, el Banco Mundial proporciona datos segmentados. Informa el GINI de 1987 dejando un período sin información hasta 1990, luego hasta el 2000 se informa el coeficiente año por medio y a partir de ese año y hasta 2009 cada tres años, luego se informan los años 2011 y 2013. Ante esta ruptura de la serie se han tomado las cifras de Larrañaga (2001) y actualizaciones posteriores a partir de la Encuesta de Ocupación de la Universidad de Chile, citadas por Altimir (2013); se graficó de esta forma la figura 3.
Figura 3. Variación porcentual del PBI y coeficiente GINI Chile 1980-2013. Realización propia a partir de:
Datos PBI: Banco Mundial. Datos GINI: entre 1980 y 2009, Larrañaga (2001) y actualizaciones citadas por Altimir (2013). 2009 – 2013, Banco Mundial (se interpolaron los valores para 2010 y 2012.
A partir del análisis de los datos se puede observar que la tendencia de la curva de desigualdad viene aumentando desde fines de los 70s. y se profundiza a partir del año 1980, habiendo un pico en 1984 donde el coeficiente GINI llegó a 0,569, en este caso coincide con la fuerte caída que experimentó el PBI en 1981 y 1982. A partir de 1984 se observa una curva descendiente de la desigualdad hasta 1986, luego del cual se da un abrupto ascenso hasta llegar a 0,605 en 1987, que es el mayor grado de desigualdad de todo el período estudiado. Desde 1988 y hasta 1994 la tendencia es descendente, alcanzando ese año a 0,497, este descenso coincide con un crecimiento promedio del PBI de 7,7% anual. En este último período coincide el crecimiento del PBI con la disminución de la desigualdad. Sin embargo, se puede observar en la figura 3, que a partir de 1987 la curva reproduce una trayectoria en forma de U, puesto que la desigualdad desciende hasta 1994, para luego cambiar de tendencia y terminar en 1999 con cifras similares a las del comienzo de los 80s. (0,529 para 1980 y 0,552 para 1999). Esta suba se da en el contexto de la crisis internacional de 1998 que produjo al año siguiente una caída del PBI de 0,76 %. El período 1990 – 1999 fue contemporáneo a los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y de Eduardo Frei (1994-2000), que mantuvieron las políticas de libre mercado pero con matiz más social bajo el lema “crecimiento con equidad”. Sin embargo, a pesar del descenso en el porcentaje de pobreza la distribución del ingreso no mejoró notablemente en el mediano plazo.
A partir de la crisis asiática de 1998, cayó el ritmo de crecimiento del PBI pero conjuntamente se dio un leve descenso de la desigualdad hasta el año 2004 con un GINI de 0,512; un poco por arriba del de 1994 año en el que cambió la tendencia a la baja el período anterior.
Entre 2004 y 2013, salvo la caída del 1,03 % del PBI en 2009, este crece moderadamente con un promedio de 4,4% anual, sin embargo al finalizar este período el coeficiente GINI es de 0,504. A partir del análisis realizado se puede concluir que a pesar del que en los 33 años estudiados el PBI de Chile creció a un promedio del 5% anual, la distribución del ingreso no mejoró a largo plazo ya que el GINI de 1980 era de 0,529, mientras que en 2013 alcanzó 0,504, es decir que en este período la distribución del ingreso mejoró solamente 0,025, una cifra por demás ínfima. Así se puede concluir que en el caso de Chile, el crecimiento del PBI no se traduce automáticamente en una mejora en la distribución del ingreso de la población.
El caso de Perú (figura 4) también presenta problemas, ya que existe un coeficiente GINI oficial que es muy bajo y es cuestionado por los expertos. Tampoco las cifras del Banco Mundial coinciden con este último, por lo que en este caso se tomará el coeficiente “GINI corregido por cuentas nacionales” (Mendoza et. al., 2011, p. 107).
Figura 4. Variación porcentual del PBI y coeficiente GINI en Perú, 1980-2014. Elaboración propia a partir de: Variación PBI: Banco Mundial. Variación Coeficiente GINI: Banco Mundial (línea gris). 1980 – 1997 no se publicaron datos. Coeficiente GINI corregido (línea negra) en (Mendoza et. al., 2011, p107).
Por los datos con que se cuenta (figura 4) la desigualdad creció desde 1985 hasta 1987, a pesar de que fueron años de crecimiento del PBI promedio del 7% anual. Sin embargo, entre 1988 y 1994, la desigualdad se mantuvo estable con un GINI de 0,658 en 1987 y de 0,663 en 1994, pese a que el PBI sufrió una caída del 7,5% promedio entre 1989 y 1994, año en el que la desigualdad comenzó a bajar hasta 1998, esto se explica por la crisis internacional que provocó una caída del PBI de 0,38%. Este período coincide mayormente con las reformas estructurales realizadas por el gobierno de Fujimori que tuvieron una primera etapa de ajuste hasta 1994, momento en el que se dio una baja de la tasa de inflación, una mejora en el índice de empleo y una política social más activa desde el estado.
Desde 1998 hasta 2002 se observa un aumento de la desigualdad, a pesar de que el PBI creció un promedio de 2,5% anual. El coeficiente GINI aumenta de 0,594 en 1998 a 0,703 en 2002, esta es la cifra más alta del período estudiado. A partir de 2002 se conjugan un crecimiento sostenido del PBI con un descenso de la desigualdad, aunque la cifra de 2010 es de 0,604 algo mayor al 0,594 de 1998, mientras que en este período el PBI creció un promedio de 4,6%. Resumiendo se observa en Perú que en el largo plazo no hubo una mejora en el coeficiente GINI, a pesar de que el crecimiento que tuvo el PBI entre 1985 y 2010 fue en promedio del 3,4% anual el coeficiente no sufrió mejoras siendo igual en 2010 que en 1985: 0,603 y 0,604 respectivamente. Tal vez la peculiaridad del caso peruano sea que en el período de mayor descenso del crecimiento del PBI el coeficiente de GINI se mantuvo estable o por lo menos no empeoró.
Ahora bien ¿Cómo se explican estas variaciones en los distintos países?, se verá lo que afirman los distintos autores. Para comenzar a tratar este tema se tomará a Milanovik y Muñoz (2008) para quien:
La distribución personal o familiar de la renta existente en un país en un momento del tiempo es el resultado de múltiples factores de distinta naturaleza. Un primer elemento es la distinta capacidad de los individuos de obtener rentas en el mercado, lo que a su vez dependerá de los recursos de los mismos y su remuneración. Estos recursos son de dos tipos: propiedades (tierras, capital físico y capital financiero) y trabajo, en este último caso cualificado por el nivel educativo de los trabajadores. De esta forma, cuanto más desigual sea la distribución de la propiedad de los medios productivos, menos extendido el acceso a la educación y mayor el desempleo y la desigualdad salarial, mayor será la desigualdad derivada de la participación de los individuos en el mercado, ya como trabajadores, ya como propietarios. (p. 25)
Por lo tanto, los factores que explican la desigualdad son de variadas procedencias. Por su parte, Bertola y Ocampo (2013), refiriéndose a la década del 80 afirman que:
Los ajustes fiscales que se llevaron a cabo durante la década perdida terminaron también por recortar drásticamente el gasto público social. Al comparar los niveles máximos y mínimos alcanzados durante la década en siete países de la región… el gasto social per cápita experimentó desde reducciones pequeñas (12% en Chile y 17% en Costa Rica) hasta muy cuantiosas (más de una cuarta parte en Argentina, Ecuador, México y Venezuela). La única excepción fue Colombia, que tuvo un aumento modesto del 5%, gracias al menor rigor que tuvo la década perdida en ese país. Estos recortes fueron parte de una disminución virtualmente generalizada del gasto público total. (p. 259)
El camino adoptado por Argentina en cuanto al recorte del gasto social explicaría en parte el aumento de la desigualdad.
En Latinoamérica los niveles de pobreza que habían disminuido a un ritmo muy lento desde 1990, cayeron más de diez puntos porcentuales entre 2002 y 2008. Sólo en 2004 se logró reducir la pobreza a niveles menores a los de 1980, lo que indica que en esta materia ¡no hubo una década sino un cuarto de siglo perdido! (Bertola y Ocampo, 2013, p. 259). Esta reducción también se observa en materia de desigualdad en Argentina, Brasil y Perú, y más levemente en Chile. Por su parte los mismos autores, citando a Cornia (2010), Gasparini et. al. (2009), Gasparini y Lustig (2010), plantean que en la caída de la desigualdad:
Parecen haber incidido tanto los efectos coyunturales como los estructurales, así como los de la política social e incluso la política llana y simple. Entre los factores coyunturales, se cuentan la reversión de los fuertes impactos distributivos adversos que experimentaron varios países durante la media década perdida y la reducción en la brecha rural-urbana generada por el fuerte incremento de los precios de productos agropecuarios. El auge económico generó, además, como ya lo señalamos, un aumento significativo en las oportunidades de empleo que se enfrentó, adicionalmente, a la ya mencionada reducción del crecimiento en la oferta laboral y las oportunidades que ha brindado, al norte de la región, la migración de mano de obra hacia Estados Unidos y Europa. (Bertola y Ocampo, 2013, p. 265)
Para el caso de Argentina, Gasparini y Cruces afirman que:
La caída en la desigualdad en este periodo puede atribuirse a la combinación de varios factores: una economía estable y en crecimiento con amplia capacidad ociosa, una menor competencia de las importaciones luego de la devaluación, instituciones laborales más fuertes y redes de protección social más amplias (Cruces y Gasparini 2009, p. 119). En este último caso es importante la implementación de la Asignación Universal por Hijo, que explica gran parte de la caída de la desigualdad a pesar de la ralentización del crecimiento del PBI. (Agis, Cañete y Panigo, s.f., p 30)
Para Brasil, Gaulard (2011) afirma que:
La primera causa, y la más obvia, de la baja de las desigualdades desde 1994 parece ser la evolución de la inflación y las políticas instauradas para luchar contra el alza de los precios. Efectivamente, la tasa de inflación cayó repentinamente en 1994 (gracias a las medidas establecidas por el Plan Real), año a partir del cual el Índice GINI empezó a disminuir. Asimismo, entre 1994 y 1996, la tasa de inflación ipca3 pasó del 916.46% al 9.56%, mientras que el GINI bajó ligeramente, de 0.605 a 0.602. (p. 119)
Explicando la caída de la desigualdad desde 2004, la misma autora sostiene que:
La eficacia de las políticas sociales emprendidas o desarrolladas durante la presidencia de Lula se resalta muchas veces para explicar esta evolución de las desigualdades. Es innegable, en particular, que la fuerte revalorización del salario mínimo actuó mucho a favor de los trabajadores sin capacitación. Entre 2003 y 2010, pasó de 240 a 510 reales, lo cual no sólo incrementó el ingreso del 25% de la población activa que percibe el salario mínimo (así como el de los demás trabajadores que está relacionado con su evolución), sino que, sobre todo, elevó los gastos sociales del Estado (el 65% de los gastos de seguro social –como por ejemplo las prestaciones pagadas en caso de desempleo y, sobre todo, las pensiones de retiro– se ajustan al salario mínimo). (Gaulard, 2011, p. 119)
Según Paes de Barros et. al. (2007), el 25% de la disminución de las desigualdades tiene su explicación en las transferencias sociales, aunque estas últimas sólo representan el 20% de los ingresos; en cambio, sólo el 50% de la disminución de las desigualdades es atribuible a la evolución de los ingresos del trabajo (que representan el 80% de los ingresos). Es por eso que la disminución de la desigualdad se puede explicar también por la extensión de las políticas sociales y de ayudas dirigidas a los más pobres (p. 7 y ss.). En este sentido el programa “Beca Familia”, contribuyó al descenso de la desigualdad en la década de los 2000. Sin embargo, Gaulard (2011) afirma que:
Insistir en estas transferencias sociales, y no en los cambios estructurales de la economía brasileña (disminución del trabajo informal, alza del salario mínimo, incremento del trabajo para mano de obra sin capacitación...), impide aprehender toda la complejidad de la evolución de las desigualdades brasileñas. (p. 126)
Para el caso chileno, el período de reformas económicas iniciado en 1974 y que transforma estructuralmente la economía chilena a través de la apertura externa, el uso extendido de mecanismos de mercado en la asignación de los recursos y la reducción del Estado en la vida económica, está asociado a un incremento secular en los niveles de desigualdad que alcanza niveles máximos hacia mediados de los 80s. El aumento de la desigualdad también puede relacionarse con las políticas de estabilización y ajuste que fueron introducidas a mediados de los años 70 y después de la crisis de la deuda de 1982, las cuales tuvieron un fuerte componente recesivo (Larrañaga, 2001, p. 31).
La trayectoria de la distribución del ingreso entre 1987 y 1992 está relacionada con la interfase entre crecimiento de la economía y dinámica del mercado del trabajo. Así, la disminución de la desigualdad entre 1987 y 1992 se asocia con fuertes ganancias en términos de empleo e ingresos medios del trabajo para los quintiles inferiores de la distribución, coincidente con la fase de recuperación de la economía. A partir de 1994 las ganancias de ocupación e ingreso medio del trabajo favorecen relativamente más a los quintiles superiores, lo cual podría estar relacionado con los cambios tecnológicos y de entorno internacional que subyacen detrás del incremento que presenta la desigualdad en diversos países. La irrupción del desempleo en 1998 contribuye al aumento de la desigualdad y agrega incertidumbre a los desarrollos futuros (Larrañaga, 2001, p. 32).
Por su parte Cuevas y Lüder (2014) expresan que los principales factores que explican la desigualdad en el caso de Chile son:
La cobertura de la educación superior, la liberalización del comercio, el gasto social (que resulta que viene siendo regresivo), y el progreso tecnológico. Estos determinantes son estadísticamente robustos a diferentes especificaciones. Cuando se trata de pensar acerca de las políticas que podrían ayudar a reducir la desigualdad del ingreso en Chile, el gasto social más eficaz y mejoras en la calidad y cobertura de la educación superior, pasan a ser relevantes. (p. 3)
A pesar de cuestiones relacionadas con la macro economía, tanto en Chile como en otros países de la región el descenso en los índices de desigualdad es antes que nada un problema de voluntad política, de tal manera que la actitud de no plantear este objetivo de reducción de la desigualdad y de operar en consecuencia explica en parte la prácticamente nula mejoría de este indicador en el largo plazo, independientemente del tipo de gobierno de que se trate. Según Rodríguez Weber Ello responde, por una parte, al temor de que el tipo de medidas necesarias para mejorar la distribución pudiera afectar el crecimiento económico; este sí es un objetivo central de quienes han gobernado desde 1990. (Rodríguez Weber, 2014, p. 15)
Se terminará este apartado analizando el caso peruano. Como se ha observado una de las características de la economía peruana en el período estudiado es el alto grado de desigualdad en el largo plazo cuyo promedio superior a 0,60 entre 1985 y 2010, con picos de 0,70 en 2002.
Las causas de la desigualdad tiene diversas explicaciones, así lo expone Mendoza et. al. (2011). Haciendo referencia a cuestiones que van desde el ámbito económico, el estilo de crecimiento económico, la imperfección de algunos mercados y la naturaleza de la política fiscal. Para este autor para el caso peruano:
Si el crecimiento está basado en la explotación de recursos naturales, que producen rentas altas, muy probablemente la distribución del ingreso será desigual. Si hay mercados imperfectos, como el de crédito o el de trabajo, donde grandes segmentos de la sociedad están excluidos, hay espacio para la desigualdad. Por último, está el efecto que provoca la política fiscal en la distribución original del ingreso a través de la transferencia neta de ingresos que hace el Estado entre los individuos. Por otra parte, las diferencias en la transmisión de activos entre generaciones explican la persistencia de la desigualdad, de manera dinámica. (p. 63)
Por su parte, Jaramillo y Saavedra (2011) indican que la reducción de la desigualdad a partir de 2002 está asociada a una política fiscal más favorable a los pobres y a mejoras en el acceso a los servicios públicos de los sectores menos favorecidos. Pero también advierte algunos factores desigualadores como la calidad de la educación y la distribución geográfica (p. 328 y ss.).
Desigualdad en Argentina, Brasil, Chile y Perú: Análisis comparativo
A partir de la observación de la figura 5 se pueden extraer algunas conclusiones. La primera de ellas es que Perú tuvo el mayor grado de desigualdad en todo el período. Por ejemplo, en 1985 se inició la serie con un GINI de 0,6 y se terminó en 2010 con el mismo coeficiente, además de haber alcanzado un pico de 0,7 en 2002. Perú es seguido por Brasil que en cuanto a la magnitud de la desigualdad, pero la diferencia es la tendencia decreciente en el mediano plazo que se observa en el índice de este país, pasó de 0,58 en 1980 a 0,51 en 2014. El caso de Chile sigue al de Brasil en el “ranquin” de desigualdad, aquí también a largo plazo la disminución de la desigualdad es muy poca, pasando de 0,52 en 1980 a 0,50 en 2013. Por su parte, Argentina es el país que tiene mejor distribución del ingreso de los cuatro estudiados, pero tampoco aquí se ven mejoras en el largo plazo pasando de un GINI de 0,38 en 1980 a uno de 0,41 en 2014. En este caso se ve un aumento sostenido de la desigualdad hasta 2003 (0,53) debido a la crisis de 2001 - 2002, año en que la curva converge con la de Chile, pero a partir de ese año hay una fuerte caída terminando la serie con una desigualdad 0,41, cifra que se aproxima a la de 1980.
También, si se analizan las pendientes de las curvas se verá que en el caso de Perú y Argentina el ángulo de la pendiente se acentúa a partir de 2004, mientras que Chile tiene un comportamiento errático con un descenso leve a partir de 2008. Para terminar se observa la diferencia de todos con Brasil, cuyo descenso de la desigualdad tiene una mayor duración, ya que comienza a perfilarse desde el año 1993 hacia la baja.
Figura 5. Variación del coeficiente GINI de Brasil, Argentina, Chile y Perú, 1980-2014. Elaboración propia.
Conclusiones
De manera general se puede decir que desde el cambio de paradigma económico hacia mediados de los 70 y sobre todo a partir de los 80, con el inicio de la década perdida se da un incremento de la desigualdad en Argentina y Brasil. Sin embargo, en el primer país el descenso comienza más tardíamente. En Argentina se produce un aumento de la desigualdad durante el período de reformas de mercado en los 90, mientras que en Brasil comienza un leve descenso a partir de 1996. Tal vez esto se explique en parte por la intensidad de las reformas en aquel país en donde se realizaron de forma más extrema, que incluyeron la privatización del sistema previsional y de la compañía petrolera estatal, entre otras, cosa que en Brasil no sucedió. Se observa en Argentina la coincidencia de la aplicación de reformas neoliberales con el aumento de la desigualdad. En el caso de Chile, se aprecia un aumento de la desigualdad en la primera etapa de las reformas de mercado; luego de un pico máximo alcanzado en 1987, comienza a descender hasta 1994, año en el que llega a 0,497. Desde aquí y hasta 1999 la tendencia es al aumento de la desigualdad a pesar de que se dio un crecimiento bastante importante del PBI. A partir de este año la tendencia es a una leve baja con picos de ascenso en los años 2005 y 2008, este comportamiento del coeficiente GINI, viene a demostrar que los gobiernos de la “Concertación” aún tienen mucho por hacer en el problema de la desigualdad. En Perú se da la particularidad de que en años de caída del PBI (1988-1992) la desigualdad permanece estable, coincidente con las políticas heterodoxas de primer gobierno del presidente Alan García, para comenzar a caer a partir de 1994, año de maduración de las reformas estructurales planteadas por Fujimori, donde el PBI creció 12,3%. Esta tendencia continúa hasta la crisis de 1998, a partir de la cual se da un drástico crecimiento que culmina con el GINI más alto en 2002 (0,70), esto a pesar de darse un leve crecimiento del PBI. Desde ese año y hasta 2010 la tendencia sostenida es a la baja terminando la serie con un coeficiente de 0,60.
En el caso de Argentina, a pesar de los efectos de la crisis financiera de 2008 y el bajo crecimiento del PBI en 2009, 2012, 2013 y 2014, el índice GINI no paró de caer. Se cree que los programas sociales estatales permitieron que la desigualdad no creciera en esos años (Agis, Cañete y Panigo, s/f).
En Argentina durante la aplicación de la convertibilidad y de las políticas económicas neoliberales, salvo en los dos primeros años, la tendencia es al aumento de la desigualdad, independientemente de que el PBI aumente o disminuya, por lo que en este caso no necesariamente el aumento del PBI significó una disminución de la desigualdad en este período. A partir de 2003 se observa un marcado descenso del coeficiente GINI, que coincide con años en los que crece el PBI. Esto se produjo por la mejora en las variables macroeconómicas y por las políticas públicas de redistribución de la riqueza.
En Brasil, la aplicación de reformas pro mercado en los 90 no significó como en Argentina un aumento de la desigualdad, sino que a partir de 1996 comienza su tendencia descendente la que se acentúa a partir de 2001. Sin embargo se ve que la mayor disminución de aquella se produjo a partir de 2005 con una caída del 8,6%. Esto tampoco se explica sólo por la inversión del estado en materia social, sino también por cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, la disminución de la inflación, el aumento del salario mínimo, entre otros factores.
Para finalizar, se puede decir que en los casos de Argentina, Chile y Perú no se observó una disminución apreciable de la desigualdad en el largo plazo, mientras que Brasil es una excepción en este sentido.
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[1] Profesor y Licenciado en Historia. Ejerció la docencia durante treinta años en los niveles medio y superior en establecimientos de La Matanza. Actualmente se desempeña como profesor de Seminario de Investigación Histórica I y II en la Licenciatura en Historia, y de Historia Económica y Social Contemporánea en la carrera de Martillero Público, ambas en la Universidad Nacional de La Matanza. Es investigador especializado en Historia Local, publicó varios libros y artículos sobre esta temática. Actualmente se encuentra realizando la tesis de la Maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Social de la Universidad Nacional de Luján.
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