Antigua Matanza. Revista de Historia Regional
ISSN 2545-8701
Junta de Estudios Históricos de La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, San Justo, Argentina.
Disponible en: http://antigua.unlam.edu.ar
Codesido, L. (junio – diciembre de 2019). Delincuentes, mercenarios y ciudadanos. La política militar de Alsina y el avance de la frontera (1874-1877). Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 3(1), 6-45.
Indagaciones históricas
Delincuentes, mercenarios y ciudadanos. La política militar y el avance de la frontera (1874-1877)
Lucas Codesido[1]
Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia Política, San Justo, Argentina.
Fecha de recepción: 11 de diciembre de 2018
Fecha de aceptación y versión final: 11 de marzo de 2019
Resumen
En este trabajo nos proponemos examinar la política militar emprendida durante la gestión de Adolfo Alsina al frente del Ministerio de Guerra y Marina. Exploraremos las disposiciones oficiales que produjo el gobierno nacional y las respuestas que generaron en algunos sectores de la oposición política donde se cuestionó la misión que desde el poder ejecutivo se encomendaba a la Guardia Nacional y al Ejército de Línea durante el avance de la frontera. A partir de las características de la misión y las funciones asociadas a los miembros subalternos de las fuerzas armadas, planteamos un análisis acerca del papel que debían desempeñar los soldados de tropa y los guardias nacionales con los que se proyectaba llevar a cabo la política militar.
Palabras Claves: Ejército, Estado argentino, Alsina, siglo XIX, Guardia Nacional, Campaña al Desierto
Delincuentes, mercenarios y ciudadanos. La política militar y el avance de la frontera (1874-1877)
Introducción
Los cinco años que siguieron a la rebelión mitrista de 1874 se caracterizaron por un clima de ideas en donde circularon proyectos y frecuentes polémicas en torno de la ocupación y explotación de los territorios que se extendían más allá de la frontera con las sociedades indígenas (Barba, 2007). En aquel escenario se presentaban diferentes nociones acerca del papel que debían desempeñar los pobladores rurales en aquel proceso de avance de la “civilización”. Milicianos, colonos, ciudadanos y militares, son algunos de los significantes asociados con el papel que se les asignaba a los paisanos guardias nacionales desde la política llevada a cabo por el Ministerio de Guerra y en la visión de otros actores políticos de los grupos dirigentes. Al proponernos llevar a cabo este análisis de la política emprendida por Alsina al frente del Ministerio de Guerra y Marina, hemos recorrido la trayectoria política de Adolfo Alsina en relación con estos temas, desde sus inicios como sostenedor de la Guardia Nacional de Buenos Aires hasta su llegada al frente del Ministerio de Guerra en la gestión del presidente Avellaneda. Luego, con el telón de fondo de la política de “Conciliación” entre los sectores oficiales y la oposición mitrista en 1877, reconstruimos un debate en la Cámara de Diputados de la Nación que tuvo como protagonistas enfrentados al ministro Alsina y al diputado Alem, maestro y discípulo, discutiendo acerca de la posible ilegalidad con la cual el gobierno movilizaba guardias nacionales en su política de avance sobre la frontera. En aquellos debates aparecen interesantes argumentos que incorporan a los soldados-ciudadanos dentro del discurso de ocupación y explotación de la frontera. Es a partir de aquellos significados asociados a los miembros subalternos de las fuerzas armadas, que pretendemos interrogar acerca del papel que debían desempeñar los soldados de tropa y los guardias nacionales en sobre las que se proyectaba la política militar: ¿Cómo se concebía el rol de los miembros subalternos dentro de esas estructuras y en relación con la sociedad a la que pertenecían? Y también nos interesa entender el papel que jugaba la idea de “ciudadanía armada” en ese contexto a la hora de llevar a la práctica aquellas políticas. En el mismo sentido: ¿Cómo es percibido el soldado de línea en relación con la idea de la ciudadanía? ¿Es el soldado un ciudadano armado? Estos son algunos interrogantes que nos permitirán examinar la política militar nacional desde mediados de la década de 1870.
La política militar de Avellaneda: la delegación de los mandos militares
Ha dicho Paul Groussac (1939) que la presidencia de Nicolás Avellaneda tuvo que desenvolverse “como un día sin sol entre una aurora de borrasca y una tarde de temporal” (p. 210)[2] porque fue iniciada y concluida entre dos guerras, las revoluciones de 1874 y de 1880, y transcurrió en medio de una crisis económica que debió enfrentar durante toda su gestión. Había asumido el gobierno durante el alzamiento del partido mitrista, que se había propuesto impedir el traspaso presidencial en octubre de 1874, luego de las denuncias por fraude y un áspero despliegue de violencia comicial en las elecciones para diputados a principios de ese año y luego en las presidenciales.[3]
Al hacer entrega del mando presidencial Sarmiento le auguraba a Avellaneda una época de paz en la que los gobiernos compuestos por civiles representarían el futuro: “Doctor, sois el primer presidente argentino que no sabe manejar una pistola” le decía, una expresión que vaticinaba el fin de los gobiernos militarizados. Esos gobiernos conformados por “caudillos con charreteras, pues que ya el poncho es de mal gusto entre nosotros”. En sintonía con aquella expresión la política militar durante el gobierno de Avellaneda quedaría en manos del Ministerio de Guerra y estaría representada en la figura de los dos ministros de esa cartera entre 1874 y 1880, Adolfo Alsina y Julio Roca.[4]
A pesar de los buenos augurios de Sarmiento que declaraba el final de los gobiernos militarizados, durante la gestión del tucumano fueron las partidas para gastos militares las únicas que en aquel contexto de crisis económica no sufrieron grandes recortes y se mantuvieron proporcionalmente altas. La crisis económica que debió enfrentar el gobierno de Avellaneda fue la expresión local de una grave crisis financiera internacional que afectó a Europa y los Estados Unidos.[5] Los aumentos en las partidas de gastos militares fueron propiciados por la revolución de 1874, las luchas en torno a la ocupación de las tierras más allá de la frontera y, más tarde, por el enfrentamiento en Buenos Aires contra las fuerzas del gobernador Tejedor en 1880.
En su primer mensaje en el Congreso de la Nación en 1875, Avellaneda reconoció que sus mayores preocupaciones hasta el momento habían pasado por la administración del Ministerio de Guerra y Marina a raíz de la rebelión armada: formar los ejércitos, distribuir sus cuerpos, proveer su armamento, sostenerlos en aquellos lugares apartados del interior del país, y, luego, desarmarlos para devolver a esos combatientes a sus hogares.[6]
Una política que debió afrontar el nuevo gobierno nacional fue la reorganización de los cuerpos del Ejército de Línea trastornados luego de la revolución de septiembre. La mayoría de los soldados que habían combatido en las filas rebeldes ahora servían en las fuerzas del gobierno luego de haber sido entregados como prisioneros por los derrotados jefes del mitrismo, o haberse presentado a partir de la amnistía otorgada en octubre de 1874. En agosto de 1875 se dispuso por decreto la reorganización de los cuerpos de línea “sobre los planteles existentes, los cuales se componían de prisioneros en hechos de armas y de presentados posteriormente” (Domínguez, 1898, p. 536). Habían transcurrido 10 meses desde el levantamiento, pero el gobierno volvió a publicar una solicitud a los sargentos, cabos y soldados que no se habían presentado, presumiblemente fugados luego de la rebelión, para que volvieran a la fuerza. No serían considerados desertores, puesto que “no está probado que voluntariamente hubiesen hecho fuego contra la Bandera Nacional, sino por el contrario, que fueron violentados ó seducidos por sus Superiores” (Domínguez, 1898, p. 536). Por ello, si se presentaban dentro de los sesenta días desde la publicación del decreto, no se los recargaría con más tiempo de servicio y solo cumplirían el lapso que tuvieran pactado previamente, descontando el tiempo transcurrido entre el 24 de septiembre de 1874 y la fecha en que volvieran al Ejército. Quienes no se presentasen durante ese plazo serían tratados “una vez aprehendidos, con todo el rigor que las Ordenanzas prescriben” (Domínguez, 1898, p. 536).
El ministro de Guerra era Adolfo Alsina, líder del autonomismo, quien luego de su muerte en diciembre de 1877, fue reemplazado por Julio Roca. Durante el mandato de Alsina hubo dos fenómenos que marcaron fuertemente la coyuntura política y condicionaron la dirección de los asuntos político-militares. Uno fue la llamada política de “Conciliación” del gobierno nacional con el mitrismo. El segundo de ellos, atravesar el “desierto”, las iniciativas de ocupación de tierras más allá de la frontera indígena, fue la prioridad de las gestiones de Alsina y Roca al frente del Ministerio de Guerra y Marina.
La política de conciliación y los militares mitristas
El restablecimiento del orden político alcanzado con el triunfo militar sobre la revolución de 1874 no logró poner fin al deseo de los mitristas por alterarlo, y esto a pesar de la amnistía sancionada por la que recobraron la libertad los detenidos y pudieron regresar al país los exiliados. Según Groussac, testigo de ese tiempo “la amnistía del 75, lejos de calmar la oposición, no parecía sino que la hubiese exacerbado, con devolverle sus elementos dispersos y que tomaban el perdón como una injuria...” (Groussac, 1939, p. 213). La nueva estrategia del mitrismo a partir de 1875 seguiría habilitando la vía armada como mecanismo político desde el discurso, pero el reciente fracaso de esa metodología había dado lugar a la práctica de la abstención electoral para restar legitimidad al gobierno de Avellaneda. Siguiendo con Groussac, si para esta época el mitrismo:
era ya impotente para la rebelión abierta y hasta para la lucha en los comicios, de que se mantenía sistemáticamente apartado, sobrábanle al bando faccioso recursos para el complot permanente, no solo en Buenos Aires, sino también en las provincias. (Groussac, 1939, p. 214).
En ese contexto Avellaneda se proponía normalizar la situación y acabar con los enfrentamientos y para ello comenzó su acercamiento con los líderes de la oposición, a pesar de la resistencia de Alsina, que poco a poco fue cediendo a esas iniciativas. Uno de los primeros gestos de acercamiento que hizo el gobierno fue evitar la imposición de sanciones severas contra los rebeldes juzgados en Consejos de Guerra. Ello permitió al gobierno nacional en 1875, una vez finalizados los juicios, impulsar una ley de amnistía para todos los jefes militares.
En el marco de la política facciosa hubo diversos gestos que fueron creando el clima propicio para poder concretar la idea de la Conciliación de los partidos. En 1876 Avellaneda nombró al mitrista Norberto de La Riestra como ministro de Hacienda y las medidas de acercamiento se fueron sucediendo hasta lograr el encuentro entre Mitre y Avellaneda en mayo de 1877, donde se discutiría la forma en la cual algunos miembros notables del Partido Nacionalista volverían a insertarse en la vida política. La “Conciliación de los partidos” anunciada por Avellaneda en el Congreso, fue apoyada por la mayoría de los dirigentes políticos. Solo un sector del alsinismo, liderado por Aristóbulo del Valle y Leandro Alem, se opuso a esa política de acercamiento al mitrismo, grupo que luego impulsó la creación de un nuevo partido -el Republicano- con el que competirían en las elecciones para la gobernación (Lettieri, 1999).
En 1876 empezaron a hacerse visibles los gestos de acercamiento entre el gobierno nacional y los mitristas cuando Avellaneda anunció en su tercer mensaje presidencial que ya podían volver libremente al país todos los proscriptos por la revolución de septiembre. Para coronar esa sucesión de gestos conciliatorios solo faltaba una medida que permitiera a todos los jefes dados de baja del Ejército Nacional, sujetos a consejo de guerra y luego amnistiados en 1875, ser reincorporados con sus grados de nuevo en la fuerza. Esa medida fue dictada por decreto presidencial del 24 de mayo de 1877.
En 1877 retornaron al país Rivas y Arredondo, entre otros, para ser reincorporados al ejército. A Rivas se le otorgó el alta en la plana mayor, pero sin mando de tropas y no participó luego en la Campaña al Desierto. Una lista de jefes y oficiales fue definida unos días antes a partir de un acuerdo que prestaba el Senado Nacional al presidente, elevando los nombres de quienes serían reincorporados.[7] En la primera disposición presidencial los nombres de Arredondo, Machado y Segovia no estaban incluidos en la lista de los que serían reincorporados. Arredondo había sido el único jefe de la revolución condenado a la pena de muerte por el Consejo de Guerra al ser señalado responsable de la muerte de dos generales del ejército durante los levantamientos -Ivanowski y Catalán-. Machado por su parte, desde antes de los levantamientos de 1874 había sido duramente desprestigiado por las denuncias de corrupción que Álvaro Barros publicó en sus “Fronteras y territorios federales de las Pampas de Sud” de 1872 donde exponía con detalles los manejos corruptos que ejerció desde su puesto en la comandancia de frontera.[8] Pasarían algunas semanas antes de que esos tres militares fueran reincorporados, aunque no hemos encontrado las disposiciones oficiales que lo acrediten. Sí sabemos que fue luego de la solicitud elevada unos días después de conocida la medida presidencial y firmada por varios oficiales en la que pedían que Arredondo, Machado y Segovia fueran colocados en la misma condición que los otros indultados.[9] Pero reincorporar a Arredondo era una medida difícil de tomar sin expedirse antes acerca de la condena a muerte que pesaba sobre él. Por ello el nueve de junio por decreto presidencial se dejó sin efecto la sentencia anterior “de conformidad con la política de conciliación y de olvido que el gobierno ha proseguido con constante empeño y que hace efectiva aplicándola a las disensiones del pasado”.[10] También fue indultado Benito Machado, reincorporado al ejército pero sin mando de tropa.[11] Ignacio Segovia fue dado de alta aunque pasado a la Plana Mayor, disponible en 1878 junto con otros antiguos jefes mitristas como Jacinto González y Plácido Laconcha (Figueroa, 2001, p. 149).
En 1877 quedaba claro que el mitrismo se reincorporaba al escenario político renunciando a la vía sediciosa para acceder al poder, pero también dejando atrás la época de esplendor de sus antiguos jefes, con lo cual, el poderío militar de los mitristas será solo un recuerdo. Durante las semanas posteriores a la publicación de los indultos, otros oficiales de menor jerarquía escribirían al Ministerio de Guerra a través de la Inspección y Comandancia General de Armas solicitando ser reincorporados al ejército. En la mayoría de los casos esos pedidos fueron aceptados y los oficiales puestos nuevamente en funciones conservando el mismo grado militar que tenían antes del levantamiento del 24 de septiembre de 1874.[12]
Adolfo Alsina: de Guardia Nacional a ministro
La llegada de Alsina al Ministerio de Guerra significó la presencia del máximo referente de un partido, el Autonomista, que desde la década de 1860 había levantado entre sus banderas la denuncia contra las arbitrariedades de la política militar y la defensa de los ciudadanos y paisanos guardias nacionales frente a esos abusos. La historia personal de Alsina y la construcción de su figura política estuvieron ligadas con una férrea defensa de la institución de la Guardia Nacional. El nuevo ministro de Guerra había sido uno de aquellos miembros de la flamante Guardia Nacional de Buenos Aires durante el Sitio de Lagos en diciembre de 1852 (Gamboni, 1994). La Guardia Nacional, creada después de Caseros, había sido reorganizada tras la revolución del once de septiembre de 1852 y fue el pilar de la resistencia porteña durante los siete meses que duró el Sitio. Desde entonces, hubo una mística guerrera asociada al sentir de los porteños en torno de aquellos ciudadanos valientes que lo arriesgaron todo por la defensa de la ciudad sitiada. El diario La Tribuna, creado poco después del sitio representaba el pensamiento del “Gran Club de Guardia Nacionales”, agrupación política donde se aglutinaron esos jóvenes para sumarse a la contienda electoral porteña. En sus páginas criticaba a “ciertos profesores, corredores, abogados, estudiantes, escribanos, etc.” que por su profesión podían pertenecer a la milicia pasiva sin ser movilizados, “¿por qué no han imitado a Anchorena (Tomás), Cazón (Daniel), Alsina (Adolfo), Vila y tantos otros, que comprendiendo los defectos de la ley se han alistado en la Guardia Nacional activa?”.[13] En aquel clima de alta estima pública hacia el ciudadano armado/Guardia Nacional, defensor de la autonomía porteña, emergió la figura del político Alsina desde mediados de los años cincuenta.[14]
Más adelante en su labor como Diputado Nacional, entre 1862 y 1865, Alsina abordó en sus discursos y proyectos distintos aspectos relacionados a la Guardia Nacional. En 1863 recordaba que “algunos porteños renegados, espíritus egoístas, incapaces de comprender que ser Guardia Nacional de Buenos Aires era un honor y no una carga, se negaron a inscribirse alegando que eran hijos de extranjeros” (Sánchez, 1878, p. 35), refiriéndose a una Ley de ciudadanía sancionada por el Congreso de la Confederación en 1857 donde se otorgaba a los hijos de extranjeros la libertad de optar entre la ciudadanía natural y la de sus padres. La nueva ley que se discutía en el recinto, según Alsina, debía incluir la derogación expresa de aquella ley confederal.[15]
Durante su labor parlamentaria y luego como gobernador de Buenos Aires fue un opositor ferviente del “contingente”, el envío de guardias nacionales para completar las plazas de las fuerzas regulares. A la hora de proponer opciones para solucionar la siempre deficiente cantidad de hombres dispuestos a engancharse en el Ejército de Línea Alsina postulaba la penalización para quienes burlaran el enrolamiento en la Guardia Nacional haciéndolos servir en las fuerzas de línea.
Durante su gestión en el Ministerio de Guerra desde 1874, la movilización de la Guardia Nacional para el servicio de frontera se convertiría en el blanco más vulnerable al ataque de los que se oponían a la nueva política de avance en la frontera y conocían la trayectoria de Alsina (Etchegaray de Añon Suárez, 1978). Miembros de su propio partido, como Leandro Alem y Carlos Pellegrini, apuntarían sus dardos hacia la política militar del ministro, que atentaba contra los derechos de los ciudadanos, en un contexto en el cual utilizarían esos argumentos para poder embestir contra la política conciliadora.
Movilizar la Guardia Nacional: una excepción habitual
La Guardia Nacional movilizada estuvo presente en todos los conflictos armados del período de la llamada Organización Nacional (1862-1880). En la época de la Confederación Urquicista los trece gobiernos provinciales habían reunido para el año 1859 un número de 121.500 hombres enrolados en la Guardia Nacional. Luego de Pavón y la nacionalización de los organismos militares porteños, el Ministerio de Guerra y Marina en 1863 reportaba en su memoria anual que el número de guardias nacionales en toda la república ascendía a los 168.551 hombres.[16] El enrolamiento de 1873 arrojaba un número de 214.229 inscriptos. Aunque estas cantidades solo expresaban la cifra potencial de hombres en condiciones de brindar el servicio militar requerido por las autoridades, estos números representaban entre el 10 y 15 % de la población total del país.
La institución Guardia Nacional, definida como reserva del Ejército de Línea que podía ser convocada a las armas en momentos de conmoción interior o agresión externa, otorgaba al poder nacional en construcción la posibilidad de movilizar una numerosa fuerza en poco tiempo amparándose en su potestad de defensa de la Constitución y sus leyes.[17] La posibilidad de echar mano a los habitantes del país para sumarlos al Ejército Nacional seguía siendo refrendada por el Ministro de Guerra Benjamín Victorica en 1881 cuando afirmaba que “La cifra de la Guardia Nacional de la República (casi 360.000 hombres) muestra que no exageró el Señor Presidente en su mensaje cuando dijo que un ejército activo de más de cien mil hombres puede ser movilizado sin dificultad” (MMGyM, 1881, p. 23).
Entre 1862 y 1880 siempre habrá guardias nacionales prestando servicio a pesar de algunas medidas de licenciamiento general que nunca lograran ponerse en práctica completamente. Al examinar las disposiciones emitidas antes y después de cada movilización, puede observarse que en la práctica el servicio de Guardia Nacional era concebido con un carácter ordinario aun por aquellos políticos que como Alsina eran defensores de la idea de movilizar ciudadanos solo excepcionalmente.
La libre interpretación de las autoridades acerca del carácter de aquellas “situaciones extraordinarias en las que peligran la Constitución la patria y sus instituciones” permitió que durante este período se siguiera recurriendo discrecionalmente a la movilización masiva de ciudadanos, recayendo siempre el mayor peso de esta carga sobre los sectores menos favorecidos de la sociedad. Así lo reconoció el propio ministro de Guerra Alsina en 1875 al confirmar que “los más solícitos para cumplirlo (el servicio en la Guardia Nacional) son los ciudadanos que pertenecen a las capas inferiores de la sociedad” (MMGyM, 1875, p. 14).
En distintas situaciones en las que se debió recurrir a grandes movilizaciones de guardias nacionales en todo el país, como en la Guerra del Paraguay o durante la rebelión mitrista, cuando el gobierno nacional “levanta en 30 días sesenta mil soldados” (MMGyM, 1875, p. 14), a la hora de desmovilizar y licenciar esos cuerpos que prestaron concurso se otorgaban exoneraciones del servicio militar a modo de compensación a los ciudadanos en virtud de los sacrificios ofrecidos. A los guardias nacionales que sirvieron en el Paraguay se los libró de prestar servicio militar durante diez años, y el premio concedido a los que participaron de la represión al alzamiento mitrista fue la excepción del servicio por cinco años. Sin embargo, al ordenarse un nuevo enrolamiento de toda la Guardia Nacional del país a comienzos de 1875 se pidió a los jefes de regimiento que:
anoten las excepciones acordadas a los soldados de la Guerra del Paraguay y á los que han servido contra la última rebelión, para que se cumplan en su favor la ley de 1866, y el decreto del Sr. Presidente de 19 de diciembre del año ppdo. (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1875, p. 354).
Pero se aclaró que estos exceptuados igual debían enrolarse y estar prestos para ser llamados nuevamente puesto que:
Solo por error se ha podido entender que la ley de 1866 los exceptuaba de todo servicio, cuando terminantemente dice que se les exonera por diez años del servicio de Guarnición y de Frontera, sin comprender como es natural, el caso estraordinario para la patria y para sus instituciones que reclama el concurso de todo ciudadano en aptitud de llevar armas (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1875, pp. 354-355).
De ese modo, el llamado a movilizar guardias nacionales, que en teoría era una obligación extraordinaria para los ciudadanos en ocasiones también extraordinarias, fue concebido de ambas maneras: como un servicio ordinario –de guarnición y de frontera- del que cual fueron exceptuados quienes se beneficiaron con la exoneración otorgada por el gobierno como premio luego de su participación en una “movilización extraordinaria”; y en segundo lugar, concebida como un servicio extraordinario “para la patria y sus instituciones”, en el que todos los ciudadanos -incluidos los antes exonerados- estaban obligados a participar.
La política del mal menor: ¿guardias nacionales movilizados o sorteados para el ejército?
A principios de 1875 había pasado ya la tormenta revolucionaria, el gobierno nacional teniendo en cuenta la “perturbación en la organización de la Guardia Nacional” (Domínguez, 1898, p. 506) se había propuesto “levantar la institución” y disponer que se procediera a un nuevo enrolamiento en todo el país que se haría de acuerdo con el título V de la Ley de Reclutamiento de septiembre de 1872. Hacía referencia a la disposición más polémica de la ley de reclutamiento, donde se determinaba que “el Poder Ejecutivo ordenará se practique un severo Enrolamiento de la Guardia Nacional en toda la República, para establecer la base del sorteo” (Domínguez, 1898, p. 415). Este sería el azar según el cual se estipularían los nombres de los guardias nacionales que irían a servir en los cuerpos de línea. La indicación de realizar el sorteo habilitado en la ley de 1872 anunciaba una nueva disposición general para la remonta del Ejército de Línea en la que se indicaría a los gobiernos provinciales las medidas a practicar para obtener la cantidad de reclutas necesarios.
Estas medidas, producidas luego del triunfo sobre la rebelión mitrista se comprenden en el marco de una política militar que buscaba controlar las situaciones provinciales, y junto con ello avanzar hacia la transferencia del poder militar desde la periferia hacia el centro. Una medida que ordenaba el alistamiento voluntario y el enganche para remontar el Ejército de Línea del 22 de marzo de 1875 se vincula con aquellos propósitos. La novedad que introdujo el decreto fue la división de todo el territorio del país en ocho intendencias al mando de ocho jefes del ejército. Estos jefes en su rol de intendentes serían los encargados de concertar directamente con las autoridades provinciales el modo de hacer efectivo el reclutamiento en los distintos departamentos y dictarán las disposiciones pertinentes. En su papel de agentes del gobierno nacional constituyeron una innovación que permitiría reforzar el control del Ministerio de Guerra sobre el proceso reclutador, con vistas a lograr una menor dependencia de los gobiernos provinciales.[18]
La medida habilitaba el temido sorteo de Guardias Nacionales pero en una circular con recomendaciones que envió el ministro junto con el decreto a los gobernadores provinciales, Alsina proponía que pusieran todo su empeño en evitar aquel azar, procurando agotar todas las opciones posibles antes de recurrir al sorteo de guardias nacionales. El ministro planteaba que “hay dos medios á que puede legalmente recurrirse para la remonta del Ejército de Línea, y que, puestos en práctica, harían casi innecesario, tal es mi convicción, el reclutamiento por sorteo”. Una forma sería enviando al ejército a los “individuos cuya condena por los Tribunales Nacionales o Provinciales no haya sido á muerte ó á presidio”. La segunda forma de reclutar sería destinando a todos aquellos individuos que “estando obligados a enrolarse en la Guardia Nacional, no lo verificasen en los términos señalados” por lo que serían obligados a dos años de servicio según el artículo 16 de la ley de reclutamiento (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1875, pp. 343-344). Completar el ejército con enganchados, destinados e infractores de la ley de enrolamiento evitaría la medida impopular del contingente al que se agregaba además el todavía menos popular sorteo, medida demasiado equitativa para ser practicable sin causar controversias. El ministro consideraba justo el sistema de sorteo, pero prefería evitarlo para no “ofrecer a las malas pasiones el pretesto para que se agiten y conspiren” (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1875, p. 344).
Los gobernadores recibieron con agrado la sugerencia de no poner en práctica el sorteo entre los guardias nacionales. Por ello el gobernador de Salta felicitaba al ministro, que seguía:
(…) procediendo una vez más, no obstante, el resultado deficiente de las anteriores, á los alistamientos voluntarios y al enganche, sin exijir, desde luego a las provincias, Contingentes de guardias nacionales sacados á la suerte, cuyo medio aunque perfectamente legal no deja de ser violento. (EMGE, caja 55, carpeta 271, folios 79-81, documento 16734: Pablo Saravia a Alsina, 20 de abril de 1875).
El gobernador de Jujuy por su parte respondió que “pondrá en práctica los medios que indica VE. y cualquiera otro aunque no previsto en su recomendación se considere necesario” (EMGE, caja 55, carpeta 271, folio 12, documento 16725: José María Prado a Alsina, 18 de abril de 1875), y todo ello en función de evitar “los contingentes por sorteo”.
En la memoria anual presentada al Congreso en 1876 Alsina sostuvo:
El P.E. se felicita de no haber tenido que recurrir al sorteo, y es de opinión que la Nación debe hacer toda clase de sacrificios para evitarlo. Para llenar el servicio militar ordinario, es irregular, cuando menos, llamar a las milicias, sea cual fuere la forma que esto se haga, y, es mi convicción profunda, que aquellas deben reservarse para los grandes momentos, ó para una situación solemne, en que se produzcan necesidades ó peligros imprevistos (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, pp. 7-8).
La aplicación exitosa de aquella política reclutadora para el Ejército de Línea dio como resultado el tan ansiado final de las movilizaciones arbitrarias de los pobladores rurales. En diciembre de 1875 el ministro Alsina parecía finalmente alcanzar su ansiada aspiración de dar por terminado el servicio ordinario de frontera para la Guardia Nacional. El 14 de diciembre de ese año por decreto presidencial se mandó a “licenciar la Guardia Nacional que existe movilizada haciendo servicio de Fronteras” (Domínguez, 1898, p. 542). El Departamento de Guerra y Marina consideraba que “el Ejército Nacional ya tiene el número de plazas que autoriza el Presupuesto sancionado para 1876” y prometía que antes de finalizado el año no habría más guardias nacionales en el servicio de frontera.[19]
El nuevo sistema de intendencias para el enganche de soldados había sido un éxito desde la perspectiva del ministro dado que fueron reclutados 1822 efectivos de línea durante 1875 en las 8 secciones que cubrían las provincias del país. Se había logrado efectivizar un ejército con 7640 plazas, siendo de 8200 el presupuesto aprobado por el Congreso para ese año (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, pp. 1-2). Este resultado además tenía una importancia “moral” según Alsina, pues había conseguido:
1- Que esté lleno con pequeña diferencia, el número de plazas, según lo autoriza la ley de Presupuesto; 2- Que, con muy limitadas escepciones, los cuerpos solo se compongan de ciudadanos argentinos; 3- Que en los mismos, no haya cumplidos, á quienes, contra su voluntad, se retenga en el servicio. (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, p. 6).
El primero de estos logros permitiría no llamar a las milicias al servicio pues el ejército llenaría todas las necesidades. El segundo punto demostraba que “el honor nacional y el órden interior, están bajo la custodia de argentinos que, voluntariamente, se han alistado, jurando antes obediencia á la Ley y á los Poderes constituidos de su país” (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, p. 6). El tercer resultado era la prueba de que el gobierno “ha cortado ese abuso incalificable de prorogar los contratos de enganche, contra la voluntad del alistado (…) causa de deserción hasta cierto punto justificada y (que) desacreditaba el enganche” (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, pp. 6-7). Aquel optimismo del ministro acerca del logro alcanzado con la remonta del ejército y el compromiso de no llamar a las milicias para el servicio ordinario no duraría demasiado.
A la caza de los fugitivos de la Guardia Nacional
El decreto que licenciaba a la Guardia Nacional para el servicio de frontera resultaba más una expresión de corrección política y buenos augurios para el comienzo del año 1876 que una realidad efectiva. La nueva política de avance de la frontera iniciada ese año requirió nuevos contingentes de guardias nacionales y la eventualidad de contar con una mano de obra disponible que solo podía ser obtenida mediante el concurso de aquellos paisanos guardias nacionales. Así planteada la cuestión la política militar volvería a proyectar nuevas excepcionalidades que reforzarían la persistencia de viejas prácticas. En marzo de 1876 fueron movilizados mil guardias nacionales por orden del gobernador Casares con destino a la segunda línea de frontera, norte, oeste, sur y costa sur. La decisión de Alsina de no movilizar a la guardia nacional en todo el país, hizo que el peso de la carga del servicio fuera llevado por los pobladores rurales de la campaña bonaerense. La firmeza del ministro para cumplir aquel postulado trasladaba los costos de esa decisión política a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo el gobernador Casares actuaba en este punto en función de la política ministerial de la nación y no daba un solo paso sin la autorización del propio Alsina.[20]
Durante el transcurso del nuevo año el ministro fue llamado en distintas oportunidades al recinto de la Cámara para ser interpelado acerca de la existencia de numerosas fuerzas de Guardia Nacional movilizadas en distintos puntos del país a pesar de la medida que disponía su licenciamiento. En junio de 1876, Alsina reconoció esta situación, pero defendió su política argumentando que:
La Guardia Nacional se está licenciando gradualmente. Es una fatalidad para el país; y así la considero porque en este punto es en el que tengo convicciones más profundas, es un servicio injusto que es necesario por el momento hacer pesar sobre la Guardia Nacional (Diario de Sesiones, 1876, p. 415).
La memoria anual del Ministerio de Guerra en 1876 expone los resultados del enrolamiento de la Guardia Nacional y da cuenta que el número de guardias nacionales enrolados luego del llamado de 1875 fue menor que el de 1873. En 1873 había 214.229 inscriptos mientras que en 1875 eran 211.979, es decir, 2318 enrolados menos. El ministro diría que el magro resultado del último enrolamiento “arroja la idea de que el ciudadano no alcanza a comprender que la Guardia Nacional es el pueblo armado para su defensa propia” (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, pp. 34-35). Nuevamente, como en sus años jóvenes, volvió a cargar contra los que no querían comprender la naturaleza patriótica de la institución, cuya falta “es desmoralizadora como todo lo que entraña una infracción legal sin la penalidad correspondiente (…) y entre otros resultados de carácter odioso, produce el de hacer pesar sobre los buenos ciudadanos las cargas del servicio”. En virtud de reparar la injusticia para con los “buenos ciudadanos” y a la vez obtener mayor cantidad de hombres para el servicio militar el Ministro se propuso castigar a los infractores de la ley de enrolamiento (Memorias del Ministerio de Guerra y Marina, 1876, p. 35).
Destinar al servicio de las fuerzas de línea a esos malos ciudadanos fue la última medida que el ministro Alsina intentó llevar a la práctica en vida. Esa política acomodaba la necesidad de obtener hombres para el avance de la frontera con su postura de defensor de la idea de la ciudadanía armada en la Guardia Nacional. Para ello, el 1 de diciembre de 1877 se estableció por decreto del poder ejecutivo nacional un nuevo enrolamiento de la Guardia Nacional en todo el país, a practicarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo de 1878. El objetivo de la medida fue “evitar la disolución del Ejército” y contenía algunas diferencias respecto de las directivas y el modo aplicación en relación con la convocatoria anterior. Esta vez se disponían solo dos meses para hacer efectivo dicho enrolamiento a diferencia de los cuatro meses del llamado anterior en 1875. El decreto no disponía que una vez finalizada la fecha estipulada se enviarían los registros nominales y estados generales del enrolamiento, sino que una vez “concluido el enrolamiento, los Gobiernos de Provincia remitirán para el servicio del ejército a los infractores, en virtud de los establecido en el Inciso 1º del artículo 16 de la Ley de Reclutamiento” (Decreto del 1 de diciembre de 1877, en Domínguez, 1898, pp. 567-568), donde se destinaba a los guardias nacionales señalados como infractores a servir por dos años en las fuerzas de línea.
La medida parecía encajar perfectamente en varios sentidos; en primer lugar, evitaba el temido contingente con que debían concurrir las provincias a la remonta del ejército. Además, ayudaría a reducir o eliminar del servicio ordinario a la Guardia Nacional propiamente dicha y, por último, aportaría efectivos para acrecentar las fuerzas regulares, siempre escaso de voluntarios y de dinero para pagar los enganches. Por otro lado, la disposición ayudaba al ministro Alsina a reconciliarse con su propio pasado, el de antiguo Guardia Nacional, defensor de la ciudadanía armada que pedía sanciones para aquellos que deshonraran la institución no enrolándose en sus filas.[21]
Las controversias generadas desde distintos sectores en torno a la política militar del Ministerio no tardaron en hacerse presente (Barba, 1977). Sin embargo, en aquella trama política de 1877 atravesada por la política de Conciliación con el Mitrismo, los mayores cuestionamientos a la gestión de Alsina provendrían de las propias filas del autonomismo. Desde mediados de ese año, la política de frontera y la arbitrariedad con que se ejecutaba la movilización masiva de ciudadanos llevados en “contingente” a cumplir el servicio militar serían parte del discurso opositor de un sector del autonomismo. Un ferviente alsinista como Leandro Alem ejercería desde su banca de diputado nacional el rol de vocero y defensor de esos ciudadanos cuyos derechos habían sido pisoteados. En el marco más general de la política de Conciliación con el mitrismo se generaron durante 1877 fuertes discusiones y debates en los que el joven diputado Alem echó en cara al ministro la diferencia radical que existía entre sus “antiguas convicciones”, cuando Alsina defendía a los ciudadanos de las arbitrariedades que imponían las leyes militares, y su actual política ministerial de avance de la frontera a costa de la movilización de aquellos en forma inconstitucional.
El ciudadano y el soldado en los debates: Alsina y Alem en la Cámara de Diputados
La República está en paz, los partidos políticos desarmados por la conciliación, la tranquilidad reina en todas partes y en todas partes se respeta y se cumple la ley, ¿Qué hacen entonces, en las ciudades, en guarnición, ociosos sin prestar servicio útil, mil y tantos soldados del ejército regular, mientras que millares de ciudadanos pacíficos y laboriosos, sufren en la frontera todos los rigores de aquel rudo servicio, soportando el más injusto é ilegal de los cargos? ¿Por qué no van esos veteranos, mantenidos con los dineros del pueblo, á prestar el servicio para que se les paga, devolviéndose al hogar, al trabajo y á la industria, á todos esos guardias nacionales, indebidamente atacados en sus más sagrados derechos? (Diario de Sesiones, 1877, p. 178).
Leandro N. Alem
En los discursos que se han pronunciado se ha visto, puede decirse que han rebosado en toda su pureza la buena doctrina constitucional, y yo me preguntaba, cuando oía esos largos discursos, cuál era la necesidad de actualidad á que ellos respondían. ¿Se ha levantado aquí alguna voz para poner en duda la constitucionalidad del proyecto de la comisión? No, señor. Es, y esto lo comprendo fácilmente, porque también he sido diputado, que en el terreno fácil, el terreno agradable, en el terreno sin espinas es cómodo y agradable detenerse. (..) Por primera vez se está llevando a cabo un plan de defensa de la frontera. Esa guardia nacional está cooperando á la realización de ese plan único que podrá dar este resultado que todos apetecemos: que la guardia nacional no sea llamada jamás para el servicio de fronteras (Diario de Sesiones, 1877, p. 189).
Adolfo Alsina
Los dos argumentos que citamos aquí arriba eran presentados en la discusión para someter a votación un primer proyecto de ley donde se proponía el licenciamiento de la Guardia Nacional movilizada a partir de la nueva política de frontera ejecutada desde el Ministerio de Guerra y Marina que conducía Alsina. El proyecto se desdobló en dos y ninguno de ellos sería aprobado, de modo que la Guardia Nacional seguiría siendo enviada a la frontera, pero lo que vamos a rescatar de aquellas discusiones son los aspectos relacionados con la política militar que nos interesa poner en cuestión. Aquellos debates sobre política militar incluyen ideas sobre el tipo de instituciones militares sobre las que se concebía al ejército: ¿Qué modelos proponían poner en práctica? ¿Cómo concebía el rol de esas estructuras dentro de la sociedad, y su relación con la política? Y también ¿Qué papel juega la idea de “ciudadanía armada” en ese contexto? ¿Cómo es percibido el soldado de línea en relación con la idea de ciudadanía? Son algunos de los interrogantes sobre los que nos interesa enfocar el análisis de aquellas discusiones en la Cámara de Diputados de la Nación.
En esas discusiones en el recinto se cuestionó la misión que desde el poder ejecutivo se encomendaba a la Guardia Nacional y al Ejército de Línea en función de la naturaleza de las operaciones militares en la frontera. Si el avance de la frontera era una guerra de seguridad, se entendería como un servicio ordinario al que no debían ser convocados los guardias nacionales sino las fuerzas de línea. En cambio, la cuestión cambiaba de sentido si se trataba de un nuevo tipo de operaciones, excepcional, donde no solo hacían falta fuerzas militares sino también mano de obra que solo se conseguía apelando a los pobladores rurales en su papel de guardias nacionales. Esas polémicas se dispararon hacia otras donde se pusieron en juego las ideas que los dirigentes tenían acerca del material humano del que se componían esas fuerzas, y también sobre el que deberían componer aquellas instituciones militares en situaciones menos apremiantes. Vamos a examinar esas representaciones que circulaban en los debates en torno a esos proyectos y disposiciones tendientes modificar el servicio de las fuerzas militares.
Los debates ocurridos entre mayo y junio de 1877 acontecieron en el marco de una coyuntura política concreta por la que eran atravesados. La política oficial del gobierno de Avellaneda estaba dedicada a sostener el avance de la llamada “Conciliación” de los partidos, cuestión que se profundizó en la segunda mitad de ese año con vistas a las elecciones para gobernador. Leandro Alem fue el principal referente de aquellos diputados de extracción autonomista que tomaron distancia de la política gubernamental y rechazaron el acercamiento a Mitre y sus partidarios, en un clima de oposición que se fue incrementando en el transcurso de las sesiones. Alem tomó la posta en defensa de las libertades de los ciudadanos, arrebatadas por lo que consideraba son las facultades todopoderosas del poder político. Una defensa, que en ese contexto político específico se tornaba en protesta dirigida hacia Alsina, mayor referente del autonomismo, en un intento por recuperar las antiguas demandas doctrinarias de su partido, que según entiende Alem, el ministro de Guerra había ido postergando en virtud de sostener los acuerdos políticos con el mitrismo.
Los argumentos que sostuvo Alem se encuadraban en las posiciones más renovadoras del partido autonomista de principios de la década de 1870. Entre ellas se proponía el establecimiento de organizaciones municipales con mayor participación en los niveles locales. La ley de municipalidades de 1876 fue la expresión de ese reformismo que pretendía consolidar una estructura de ocupación territorial, explotación productiva y participación política que pusiera fin a la incidencia de los comandantes militares, comisarios y jueces en la vida de los pobladores rurales. Promovía el control de la corporación municipal por parte de los pequeños y medianos productores, promovía el acceso de extranjeros como electores y a los cargos elegibles, sin interferencia de la gobernación provincial (Paredes, 1995). Aquellos sectores rurales que el reformismo autonomista buscaba favorecer para ganarse su apoyo son los más perjudicados a causa del reclutamiento de los contingentes que demandaba el avance de la frontera. En ese registro se apoyaron los argumentos que el diputado Alem opuso al ministro Alsina, presente en aquellas sesiones de 1877.
Al recinto llegó un primer proyecto elevado por el diputado Del Campo en la sesión del 21 de mayo, que fue sometido a evaluación por una Comisión Militar dentro de la Cámara. Cinco miembros la integraban: los diputados Francisco Rodríguez, Julio Campos, Agustín Gómez, Álvaro Barros y Leandro Alem. Cuando volvió al recinto para ser tratado el 6 de junio se dividió en dos proyectos con distintos alcances puesto que las modificaciones propuestas por una minoría dentro de la Comisión Militar derivó en una propuesta de ley más amplia.
La primera propuesta fue la de los diputados Francisco Rodríguez, Julio Campos y Agustín Gómez -los tres miembros que hacían la mayoría dentro de la Comisión Militar-. Allí se proponía el “licenciamiento de la Guardia Nacional movilizada para el servicio de fronteras dentro del término que comprende el actual periodo de las sesiones ordinarias del Congreso”. Se postulaba que en adelante la Guardia Nacional solo fuera movilizada “como fuerza auxiliar y en los casos extraordinarios de invasión ó espedicion al desierto”. Por último, determinaba que “cuando desaparezca el peligro que ha originado la reunión de las milicias, cesará también el servicio de estas sin que pueda demorarse su licenciamiento por ningún otro motivo” (Diario de Sesiones, 1877, p. 175).
El segundo proyecto, firmado por Leandro N. Alem y Álvaro Barros, presentado en minoría dentro de la Comisión Militar, sostenía que el Poder Ejecutivo debía proceder a licenciar a toda la Guardia Nacional movilizada en la república “no debiendo hacer ni permitir á las autoridades locales, nuevas movilizaciones en adelante sino en los casos previstos y de acuerdo con el inciso 24 del artículo 67 y el artículo 108 de la Constitución” (Diario de Sesiones, 1877, p. 175). Este proyecto incluía a los guardias nacionales enviados por las tareas de seguridad y zanjeo en la frontera. Luego agregaba otra disposición para que el Estado dejara de movilizar cuerpos armados de ciudadanos, que bien podían servir como instrumento de coacción política o de persecución policial dirigido contra los opositores. A cambio de ello proponían aumentar el número de efectivos del Ejército de Línea hasta cubrir las plazas requeridas para continuar con el avance de la frontera.
Leandro Alem en su rol de miembro informante de la comisión en minoría abrió el debate poniendo en claro cuál era su postura acerca de los conflictos con el indígena:
La guerra de los indios entre nosotros, dije y lo repito, consideradas las cosas con propiedad, es una guerra de seguridad y de policía contra esa banda de ladrones mas ó menos numerosas, que periódicamente se lanzan al pillaje sobre nuestra campaña, situación permanente desde la fundación de nuestros pueblos, en que ha sido necesario estar siempre prevenido y preparado para contener y repeler esas incursiones vandálicas. (Diario de Sesiones, 1877, p. 176).
Por este motivo sostuvo que el servicio de frontera era un servicio ordinario y de ningún modo se contemplaba entre las situaciones extraordinarias en que la Constitución habilitaba la movilización de la Guardia Nacional, porque “ni se trata de una invasión exterior, ni de hacer cumplir las leyes de la Nación, ni de sofocar insurrecciones, que son las circunstancias prefijadas por nuestro código fundamental”. Por ello:
Es mejor, es preferible indudablemente, gastar en el mantenimiento de fuerzas regulares, que presten ese servicio, á quitar al trabajo legítimo tantos brazos robustos, á separar a la industria tantas fuerzas útiles, entorpeciendo su desenvolvimiento, retardando nuestro progreso y afectando generalmente nuestra riqueza nacional. (Diario de Sesiones, 1877, p. 176).
El otro peligro que Alem quería ver desaparecer y que, en ese momento, se relacionaba directamente con la política de conciliación -de la que era un ferviente opositor- fue que la movilización de la Guardia Nacional muchas veces era propiciada por:
(…) los malos gobernantes, casi siempre inmiscuidos en las luchas electorales y en oposición á las legítimas aspiraciones de los pueblos. Llega la ocasión oportuna para imponer su voluntad y hacer triunfar el candidato de su predilección rechazado por la opinión pública y al momento aparecen peligros por todas partes y movimientos subversivos amenazan el órden y la estabilidad de la situación legal. La Guardia Nacional se moviliza pues. (Diario de Sesiones, 1877, p. 181).
En respuesta a estos planteos, Alsina negó en primer lugar que la política actual del servicio de frontera era de carácter ordinario, es decir, periódico y permanente. Desde su punto de vista la nueva política de frontera exigía para ese momento un servicio extraordinario de la Guardia Nacional, que una vez llevado a cabo daría como resultado la eliminación del peligro que suponía la inseguridad en la frontera indígena y, con ello, el alivio final de los ciudadanos que nunca más serían movilizados para el servicio de frontera.[22]
Al ser consultado sobre la cantidad de guardias nacionales en servicio el ministro reconoció que había en ese momento: “2407 Guardias Nacionales, y de ellos 759 son trabajadores”. Estos últimos ocupados en las tareas de zanjeo y construcción de nuevas fortificaciones en la línea de avanzada. Sobre ellos agregó el ministro: “y son trabajadores porque quieren serlo, porque además de su prest, que reciben como tropa, tienen un sobresueldo de 200 pesos moneda corriente -unos ocho pesos fuertes-” (Diario de Sesiones, 1877, p. 48). Sobre el requerimiento de que fuera el ejército quien se ocupara del avance de la frontera dijo que:
no está completo, faltan como mil hombres para llenar el número que fija el presupuesto; y no lo está porque es muy difícil el enganche, porque no se encuentran hombres aparentes, y porque se ha suspendido por falta de dinero para pagarles la primera cuota, que es de 75 pesos fuertes. (Diario de Sesiones, 1877, p. 49).
Pero más allá de las dificultades que el ministro expuso acerca de la imposibilidad de remontar las fuerzas de línea, en su argumentación dejó en claro que prefería el servicio de los ciudadanos en la Guardia Nacional antes que los soldados del Ejército de Línea:
(…) yo pregunto, si la Cámara cree que la milicia debe licenciarse inmediatamente, ó sin dar al Gobierno el término que necesita para poner en planta otros medios que den por resultado el tener el cuadro del ejército completo, ó tendrá que recurrir al cumplimiento de la ley de reclutamiento, es decir tomar por base, según la ley, la población (que es otra injusticia que entraña esta ley) y después agarrar á los hombres para hacerlos soldados, ponerles la casaca y tenerles por cuatro años ¿Para qué? Para ir a completar el cuadro del ejército, ¿y en qué condiciones? – porque no me van á hacer comparaciones con que se hace en otros países. Aquí se toma un joven honrado, se le lleva á la frontera y se le pone a su derecha un enganchado, un hombre que ha vendido su carne, su persona, y á su izquierda un malvado, un presidiario condenado á tantos años de trabajos forzados. Esta sería la situación y esto se tendría que hacer luego, si por otros medios, la Cámara no habilita al Gobierno para llevar adelante el pensamiento que tiene de asegurar las fronteras de la República. (Diario de Sesiones, 1877, p. 191).
Alsina se refirió a la ley de reclutamiento sancionada en 1872 y sostuvo que no estaba de acuerdo con su sistema. Esa ley había planteado como novedad el sistema de sorteo universal entre todos los hombres enrolados en la Guardia Nacional -la medida será un antecedente directo de la ley de servicio militar obligatorio de 1901-, aunque nunca se había aplicado efectivamente.
Es interesante examinar en el argumento de Alsina la idea de la injusticia que suponía colocar en igualdad de condiciones al Guardia Nacional con el soldado del ejército. El enganchado -contratado-, “hombre que ha vendido su carne, su persona” y el destinado a las armas “malvado, presidiario condenado a trabajos forzados” no podían convivir con el ciudadano “joven honrado” y Guardia Nacional. Aquella percepción de injusticia fue la que llevó a Alsina a desestimar la ley de reclutamiento de 1872. El carácter de equidad que suponía considerar a todos los individuos esencialmente iguales podía llevarlos por azar a convivir con los individuos de la tropa. Alsina pensaba que “la conscripción llevaría hoy, un germen de perturbación (…) por los abusos á que daría lugar su ejecución”, a partir de la condición de aquello “mismo que pudiera hacerla aceptable en otros países: su carácter de equidad” (Diario de Sesiones, 1877, p. 190). Alsina prefería ciudadanos prestando servicio en la Guardia Nacional y no ciudadanos degradados a la condición de soldados, es decir equiparados con mercenarios o delincuentes, según su propia caracterización.
Alem objetó este planteo negando que la propuesta de la minoría fuera la de poner en práctica esa ley de reclutamiento, pues estaba de acuerdo con las consideraciones de Alsina respecto de las diferencias entre el soldado y el Guardia Nacional.[23] Alem, respondió que prefería el término individuo para aumentar el alcance de la disposición sosteniendo la universalidad de la medida y la igualdad de condiciones para todos; tanto los ciudadanos que pudieron concurrir voluntariamente al movimiento rebelde como los soldados del ejército, instrumento ciego de las imposiciones de sus jefes deben ser indultados. El soldado era para Alem “una especie de autómata, que no tiene voluntad propia, que va arrastrado por el oficial, el capitán, el teniente, ó por el jefe del batallón”. Debido a su falta de voluntad para rebelarse y cometer daño debería ser indultado y por ello equiparado con el ciudadano que eligió actuar en contra del gobierno.
Lo que proponía Alem era “trasladar (a la frontera) la fuerza de línea que puede sacarse de las guarniciones hoy inútiles” (Diario de Sesiones, 1877, p. 193), y luego agregaba que “esos tres mil guardias nacionales deben causar también serias erogaciones, y los fondos que con su licenciamiento quedarían disponibles, serian otro concurso poderoso para aumentar la cuota necesaria para el alistamiento con que debiera llenarse el cuadro del ejército” (Diario de Sesiones, 1877, p. 193). Luego le recordaba a Alsina que sus ideas actuales sobre la guerra con los indios se contradecían con las que sostenía en otras épocas:
He notado con alguna sorpresa que el señor Ministro reaccionaba hasta cierto punto sobre sus ideas anteriormente emitidas, y con tanto calor emitidas por él mismo en otros tiempos, pues pretendiendo colocar nuestra guerra con los indios en las mismas condiciones de las que sostienen en algunos de los países que nos cito, con el procedimiento que allí se observaba, ha querido sostener indirectamente la justicia y la legalidad del servicio de la guardia nacional cuyo licenciamiento buscamos. (Diario de Sesiones, 1877, p. 193).
Los recuerdos que traía Alem a Alsina sobre sus posiciones políticas anteriores que ahora el ministro parecía contradecir, se oyeron en ese contexto como una protesta contra la política de conciliación con el mitrismo. Aunque el ministro ya había expuesto su propia historia política respecto de la Guardia Nacional y su posición al respecto, reconoció las razones del diputado Alem:
Me encuentro en una situación especial. Tengo que oponerme al proyecto en discusión y tengo que reconocer, al mismo tiempo, toda la justicia y toda la solidez de los argumentos constitucionales que acaba de establecer el Sr. Diputado que deja la palabra (Alem). El ha hecho un recuerdo que me es personal: ha invocado antecedentes según los cuales, siempre que me ha sido posible, he tomado en este punto una actitud decidida para hacer desaparecer el servicio ordinario de fronteras. A este respecto tengo que pensar como Ministro, como pensaba como diputado en el Congreso, como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, como Vicepresidente de la República, Encargado del Poder Ejecutivo, y como miembro de una Convención. De manera que no podría pensar de otro modo sin ponerme en contradicción con mis actos; como Diputado, cuando decía al gobierno: pida más hombres, más ejército, a fin de librar a la Guardia Nacional del servicio de fronteras; a la inversa de algunos Sres. Diputados que, al mismo tiempo que pedían reducción en el presupuesto de la guerra, pedían que la Guardia Nacional se licenciase. (Diario de Sesiones, 1877, p. 48).
Dicho esto, el ministro argumentaba la necesidad de un esfuerzo más, el último, el que salvaría a la Guardia Nacional para siempre de ese servicio que no le correspondía:
Esta movilización de milicias, en el estado actual de la cuestión de fronteras es lo único, Sr. Presidente, aunque esto parezca una paradoja, examinado superficialmente, es lo único, digo que puede venir a dar por resultado que la Guardia Nacional de la República sea exonerada para siempre del servicio de fronteras. Y esto sucede, Sr. Presidente, porque nunca se ha considerado como guerra, entre nosotros, la que nos hacen los indios: siempre se ha considerado, como la considera el Sr. Diputado, cuestión de policía, pero no es así. El único medio de llevar a cabo propósitos como los que este Proyecto encierra, y que todos deseamos, es poner las fronteras en tales condiciones de seguridad que haga innecesario el servicio de Guardia Nacional, pero es por ahora es necesario, es indispensable su concurso, para que más tarde no vuelvan a ser llamados esos hombres a prestar igual servicio. (Diario de Sesiones, 1877, p. 48).
Alsina entendía que su postura sonaba contradictoria: sostener a la Guardia Nacional movilizada a fin de lograr que nunca más fuera movilizada en el futuro resultaba poco convincente a los ojos de sus cuestionadores, teniendo en cuenta los antecedentes que nunca permitieron un licenciamiento completo de los ciudadanos en armas. El ministro concluyó su argumentación lamentando que su función no le permitía ser más consecuente con sus propios ideales políticos:
Yo envidio, Sr. Presidente, envidio la situación de los Sres. Diputados –Tanto del autor de este Proyecto como del miembro informante de la Comisión- que ateniéndose a lo que es legal y constitucional, prescindiendo de las circunstancias, de esa dura ley de la necesidad, pueden formular Proyectos como éste. Les envidio, y envidiaba al Sr. Diputado cuando desenvolvía sus ideas. (Diario de Sesiones, 1877, p. 48).
Todos los diputados presentes en aquellas discusiones estaban de acuerdo en la poca constitucionalidad que revestía esta movilización de la Guardia Nacional para el servicio de frontera, pero los trabajos de zanjeo y nuevas fortificaciones ya estaban avanzados y licenciar a esos 2400 ciudadanos significaba perder aquellos adelantos. Además, parecía difícil que la medida pudiese llevarse a cabo rápida y efectivamente.[24] Una definición grotesca pero cierta acerca de la posibilidad de que esa ley pudiese ser cumplida en caso de ser sancionada la dio el diputado Funes, quien comentaba con escepticismo: “Si el gobierno no cumple la Constitución ¿Cómo va a cumplir nuestra ley? ¿Qué garantía tenemos de que cumpla nuestra ley, ordenándole cumpla lo que manda la Constitución, cuando no cumple con lo que esta manda?” (Diario de Sesiones, 1877, p. 48).
Finalmente, la falta de hombres dispuestos a engancharse en el ejército, los pocos recursos del presupuesto del Ministerio de Guerra y Marina, y la voluntad y decisión del ministro de seguir contando con los guardias nacionales movilizados, pudieron dar por tierra con una nueva disposición que pretendía terminar con el temido y siempre impopular “contingente”. La hora de acabar con esta imposición arbitraria aún no había llegado. Sin embargo, Alsina, Alem, Barros, Pellegrini y otros políticos presentes en aquellas sesiones de 1877 estaban de acuerdo en que la medida seguía siendo un mal menor si se comparaba con la aplicación efectiva de la ley de reclutamiento de 1872.
A modo de cierre y balance
La política militar de Alsina puesta en marcha a partir del triunfo militar sobre la rebelión mitrista se produjo en el marco de una estrategia que buscaba controlar las situaciones provinciales. La transferencia del poder militar desde la periferia hacia el centro, de las provincias a la nación, fue una de las claves en la construcción del Estado nacional. Hemos examinado la política militar encarada desde 1875 para remontar el Ejército de Línea desde la perspectiva del proceso de construcción estatal.
Alsina se proclamó defensor de la idea de ciudadanía armada representada en la Guardia Nacional. En ese sentido se propuso remontar el Ejército de Línea para aliviar el peso a la Guardia Nacional movilizada arbitrariamente. La posibilidad de practicar el sorteo para enviar ciudadanos al Ejército suponía colocar en un pie de igualdad a todos los hombres en condiciones de llevar armas. Una igualdad que en el contexto de la vida social de entonces parecía poco practicable pues quienes resultasen destinados al Ejército por el azar del sorteo serían despojados de su condición de ciudadanos por un periodo mínimo de 4 años que a menudo se alargaba indefinidamente. Por ello, siguió siendo preferible la movilización arbitraria de la Guardia Nacional, donde los individuos conservaban en la frontera el estatus de ciudadanos, con una denominación que contenía –por lo menos en teoría- el espíritu de la ciudadanía armada, y que seguía siendo reconocida como un servicio temporal. Durante 1877, Alsina se propuso destinar al Ejército de Línea a los infractores de la ley de enrolamiento. Con ello evitaría el temido contingente con que debían concurrir las provincias a la remonta del Ejército y ayudaría a eliminar el servicio ordinario a la Guardia Nacional. Políticamente la disposición reconciliaba al ministro con su pasado, el antiguo Guardia Nacional, defensor de la ciudadanía armada ahora aplicaría sanciones a los individuos que deshonraran la institución no enrolándose en sus filas.
Hemos analizado los principales cuestionamientos a esa política desde las filas de su propio partido. Las críticas dentro del autonomismo se profundizaron en la segunda mitad de 1877 cuando se perfilaban las elecciones para gobernador. La oposición a la política de conciliación de los partidos se superpuso con las polémicas y cuestionamientos acerca de la política de frontera. Repasar los significados que los protagonistas del debate tenían sobre la política militar en la frontera y su visión sobre la lucha con el indígena, nos ha permitido entender los puntos de vista de aquellos que -como Leandro Alem y Álvaro Barros- criticaban la gestión de Alsina al frente de la nueva política de frontera y cuestionaban la misión que la Guardia Nacional desempeñaba en ella. Esa visión a su vez se relacionaba con el papel que esos ciudadanos movilizados jugaban o deberían jugar en el mercado de trabajo. A su vez, los argumentos y planteos inclinados a evitar que esos guardias nacionales fueran enviados a la frontera, se propusieron para impedir que estos fueran colocados en la misma condición que las fuerzas de línea que servían regularmente allí. En este último punto aparecieron las ideas que los representantes de la élite política tenían acerca del valor social que representaba la condición de soldado del ejército regular dependiente de la nación. Tal como hemos podido examinar en los discursos de la élite política, encargada de la política militar, esa estigmatización despojaba de la condición de ciudadanos a los soldados del Ejército de Línea.
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Sánchez, E. (1878). Biografía del Dr. Adolfo Alsina: Recopilación de sus discursos y escritos. Buenos Aires: Imprenta de La Tribuna.
[1] Doctor en Historia por la Universidad Nacional de la Plata. Docente (JTP) de Historia Argentina en Universidad Nacional de La Matanza. El presente trabajo se desprende de nuestra investigación de tesis doctoral: Armar al Estado, construir la Nación. La nacionalización de las fuerzas armadas en la Argentina y su vinculación con el proceso de construcción del Estado argentino entre 1862 y 1880. (Codesido, 2016).
[2] La primera edición es de 1919. El francés Paul Groussac había sido enviado por Avellaneda a Tucumán en 1871 para cubrir un cargo de profesor de matemáticas en el Colegio Nacional y allí comenzó a redactar el periódico La Razón, sostén de la candidatura de Avellaneda en su provincia natal, y fue autor de varios folletos en el mismo sentido que circularon por todo el país.
[3] El elenco formado para secundar a Avellaneda en los asuntos del Estado estuvo compuesto por figuras provenientes de diferentes provincias. Adolfo Alsina ocupó el Ministerio de Guerra, proveniente de Buenos Aires y abanderado de la oposición al Partido Nacionalista de Mitre. El santafecino Simón de Iriondo, un antiguo urquicista de pasado federal en el Ministerio del Interior. Santiago Cortinez, abogado sanjuanino al frente del Ministerio de Hacienda. Onésimo Leguizamón –entrerriano- en Justicia, Culto e Instrucción Pública, y el médico salteño Pedro Antonio Pardo como Ministro de Relaciones Exteriores.
[4] Un breve ensayo bibliográfico sobre la política de avance de la frontera impulsada por Julio Roca: Salomón Tarquini, Escolar, & Vezub, 2015.
[5] En ese contexto de contracción de la economía el presupuesto de la administración nacional en la Argentina pasó de contar con 31 millones de pesos en 1874 a 21 millones en 1875. Siguió bajando en 1876 a 20 millones y luego a 17 millones en 1877, cifra que se mantuvo en 1878 y 1879, subiendo recién cuando Roca accede al poder luego de la revolución de Carlos Tejedor y alcanzando los 18,5 millones. De este modo, una característica que sobresale de la gestión del presidente Avellaneda será la de ser un gobierno de austeridad.
[6] Dice Avellaneda luego de finalizada la contienda “las funciones de este departamento (Guerra y Marina) continuaron igualmente activas, porque fue necesario licenciar, pagar y conducir enseguida a sus provincias o a sus departamentos a los Guardias Nacionales, con los que se habían formado en su mayor parte los ejércitos de Buenos Aires, el del Norte y el de reserva”. (Mensajes presidenciales, 2014, p. 11).
[7] Figuraban allí Bartolomé Mitre, Juan Andrés Gelly y Obes, Ignacio Rivas, Jacinto González, Nicolás Ocampo, Emilio Vidal, Martiniano Charras, Julián Murga, Juan Bóer, Plácido Laconcha y Lino Almandos (Registro Nacional de la República Argentina, 1877, p. 631).
[8] Machado era considerado como la personificación de la ineficiencia y corrupción de la política militar asociada con el mitrismo (Barros, 1957).
[9] Los oficiales firmantes se excusaban de cualquier represalia por posible acto de insubordinación argumentando que la solicitud que presentaban “se ajusta al punto de vista de las ordenanzas militares (...) limitándose los jefes que la suscriben á qué, como Gracia comprenda la amnistía que van á gozar algunos gefes, á los que en esta se mencionan”. Sobre el pedido de Gracia argumentaban que “no está prohibido para ninguna pena, y solo es delito hacerlo cuando las tropas están ya formadas para ejecutar al reo, lo que no es ciertamente el caso actual”. Entre los firmantes se hallaban Julio y Luis María Campos, Joaquín Viejobueno, José Garmendia, Octavio Olascoaga, José Murature y otros (EMGE, 1877, Documento 18592).
[10] Arredondo, el jefe más resistido por el grupo de jóvenes oficiales que lo derrotaron en 1874, será reincorporado. Aunque a partir de aquel momento será una figura secundaria en política militar. Luego de 1875 participará de las campañas contra los indígenas al mando de un pequeño batallón de caballería de línea, sin mayor responsabilidad. Durante la guerra civil de 1880 Arredondo se apartará a tiempo para no verse involucrado en la suerte del bando derrotado (Registro Nacional de La República Argentina, 1877, p. 198).
[11] En 1880, Arredondo no quiso aparecer del lado de los tejedoristas que solicitaron su apoyo en Buenos Aires, prefirió pasar a Montevideo junto con Mitre. El coronel Machado había sido indultado por su participación en el levantamiento de 1874 pero fue puesto a disposición de la justicia civil por haber dado orden de fusilamiento a dos ciudadanos durante la campaña militar. En 1880 participó de la revolución encabezada por tejedor y fue nuevamente dado de baja. Tres años después, a los 60 años, fue nuevamente dado de alta, aunque solo para poder acceder a la jubilación.
[12] Se observan varios casos en EMGE, Servicio Histórico, Organización Nacional, 1877, Cajas 67 y 68, Política Interna y causas, documentos 18726 y 18840. Algunos de aquellos pedidos de “Gracia” aparecen sin respuesta.
[13] En la otra vereda, Mitre en su rol de jefe de la Guardia Nacional aconsejaba en el diario “El Nacional” que sean dispensados del servicio activo los empleados públicos, los miembros de los distintos poderes del Gobierno, los sacerdotes, abogados y una variedad de empleados y profesionales. En cambio “La Tribuna” elogiaba la entrega desinteresada y la voluntad de armarse en defensa de la comunidad y más allá de lo que dicte la ley de enrolamiento. La Tribuna, 27 de octubre de 1853, en Carlos Martínez, Alsina y Alem, Porteñismo y milicias, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1990, p. 18.
[14] Sobre la importancia de la Guardia Nacional y su vinculación con la “ciudadanía armada”: (Sábato, 2002) (Macías y Sabato, 2013) (Macías, 2011 y 2016) (Canciani, 2012).
[15] Alsina proponía como una obligación moral que todos los ciudadanos participen en la Guardia Nacional, pero desechaba, por considerarla inconstitucional, la movilización general de milicias. Enrolados sí, movilizados injustamente no; solo justificaba esta última en los casos de invasión o guerra exterior.
[16] “El gobierno abriga la creencia, que esta cifra es menor de lo que debería resultar, por cuanto no habiéndose hecho un padrón General, operación previa á todo enrolamiento, necesariamente han quedado sin ser inscriptos en la Guardia Nacional, cuando menos, en las 14 provincias de ocho a diez mil hombres”. (MMGyM, 1863, pp. 16-17).
[17] Por ello durante la Guerra del Paraguay de las 132 unidades militares que sumaban unos 29.000 hombres, 87 eran de Guardia Nacional, con más de 20.000 combatientes, lo que hacía una medida aproximada del 68 % del total de la fuerza argentina.
[18] Las intendencias y sus encargados serán: 1º Buenos Aires: Cnel. Inocencio Arias, 2º Entre Ríos: Cnel. Juan Ayala, 3º Santa Fe y Corrientes: Cnel. Rufino Victorica, 4º Córdoba y La Rioja: Cnel. Lucio V. Mansilla. 5º Santiago: Cnel. Octavio Olascoaga, 6º Catamarca: Gral. Octaviano Navarro, 7º San Luis, San Juan y Mendoza: Gral. Julio A. Roca, 8º Tucumán, Salta y Jujuy: Cnel. Donato Álvarez. En sus considerandos la medida se establecía como un modo de hacer más efectivo el enganche para lograr una mayor cantidad de soldados en las fuerzas de línea. Solo podrían recibirse como enganchados a los ciudadanos argentinos mayores de 18 años y menores de 50. Para evitar que sean llevados por la fuerza se disponía que el jefe nacional o las autoridades locales “harán conocer al presentado, de una manera clara y terminante, lo deberes que contrae y los beneficios que se le ofrecen. (…) Si después de esto persistiese en engancharse, se extenderá el contrato”. Decreto del 22 de marzo de 1875 (Domínguez, 1898, p. 522).
[19] “no hay razón alguna para temer que el órden público se altere, único caso en que una necesidad imperiosa colocaría al Gobierno en el deber penoso de apelar a la Guardia Nacional de la República (...) El 31 de diciembre del año corriente será licenciada toda la Guardia Nacional que hoy existe movilizada haciendo el servicio ordinario de Fronteras” (Domínguez, 1898, p. 542).
[20] En abril de 1877 Casares pide autorización a Alsina para una nueva movilización de la Guardia Nacional debido a que “Habiendo vencido el plazo de los contingentes de la provincia para el servicio de fronteras el Poder Ejecutivo desea verificar una nueva movilización con el objeto de reemplazar los que fueron enviados el año anterior”. Pedía que fueran reemplazados en su totalidad, llevaban más de un año en servicio – el plazo son 6 meses- y agregaba que “su número debe hallarse reducido por las bajas”. Al año siguiente, según el informe recabado por el entonces Inspector General de Armas Luis María Campos, de esos mil guardias nacionales llevados en marzo de 1876 quedaban 450 en abril de 1877, distribuidos entre la primera y segunda línea. (EMGE, Caja 66, abril a junio de 1877, Carpeta 314, documento 18533).
[21] El mismo que alguna vez siendo diputado en 1863 acusaba a “algunos porteños renegados, espíritus egoístas, incapaces de comprender que ser Guardia Nacional de Buenos Aires era un honor y no una carga”. En la Convención de 1860 señalaba a Vicente F. López su condición de no enrolado, por lo que no merecía ser Convencional (Martínez, 1990, p. 114). Alsina no podrá ver los resultados de aquella medida planteada para 1878, pues su salud quebrada al volver de una excursión a la frontera termina con su vida el 29 de diciembre de 1877.
[22] Para un acercamiento al estudio del fenómeno fronterizo concebido como espacio de negociación y sociabilidad de larga duración: De Jong, I. (2015). El acceso a la tierra entre los indios amigos de la frontera bonaerense. Revista de Ciencias Sociales (1850-1880), segunda época(27), 87-117.
[23] Una postura similar se sostenía en el debate de junio de 1877, sobre el proyecto llegado desde el Senado que proponía amnistía a los destinados a las fuerzas de línea por motivo de rebelión. El diputado Balza planteó la moción de “sustituir la palabra individuo por ciudadano, porque los individuos enganchados, indudablemente no son ciudadanos” (Diario de Sesiones, 1877, p. 223).
[24] Durante las sesiones Alsina estaba convencido de que alguno de los dos proyectos para licenciar la Guardia Nacional sería aprobado, por ello advertía que “Yo sentiría que la Cámara no nos diese un término ó nos diese un término muy corto, porque vendría a resultar lo siguiente: que el gobierno Nacional no ejecutaría oportunamente la ley, lo que no creo, ó que ejecutándola, no llenase los intereses públicos”. (Diario de Sesiones, 1877, p. 92).