Antigua Matanza. Revista de Historia Regional
ISSN 2545-8701
Junta de Estudios Históricos de La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, San Justo, Argentina.
Disponible en: http://antigua.unlam.edu.ar
Rodriguez, V. N. (junio de 2018). La desigualdad en Argentina durante la década de 1990: aproximaciones desde la historia. Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 2(3), 49-81.
Imago Mundi
La desigualdad en Argentina durante la década de 1990: aproximaciones desde la historia
Vanesa Natalia Rodriguez [1]
Universidad Nacional de Luján, Luján, Argentina.
Fecha de recepción: 16 de noviembre de 2017
Fecha de aceptación y versión final: 23 de febrero de 2018
Resumen
La desigualdad representa un problema socio-económico central en América Latina, la cual se halla tristemente reconocida como una de las regiones del mundo que sufre mayor inequidad. Sus altos índices siguen estando vigentes, aún cuando indicadores como los de pobreza extrema o desarrollo humano básico hayan mejorado en las últimas décadas. De modo tal, no deben resultarnos exagerados los extensos debates que esta problemática desencadena en diferentes ámbitos y espacios. La desigualdad atenta contra la democracia, por ello urge su abordaje como también la puesta en práctica de auténticas políticas que logren -por lo menos- su disminución.
Muchas investigaciones sobre la desigualdad en Latinoamérica o en la Argentina se han orientado principalmente a generar estadísticas e índices y/o a desarrollar estudios de caso meramente económicos, es decir, se centraron en una de las dimensiones de la pobreza, la económica, naturalizado la relación pobreza-riqueza en términos capitalistas, lo que obliteró otras dimensiones de la cuestión, como la pobreza ética y cultural; olvidando incluir, por ejemplo, los contextos históricos como el importante rol que cumple el Estado, los gobiernos nacionales, y las iniciativas en materia de equidad de importantes organismos como la CEPAL. Asimismo, en los últimos años se han realizado acercamientos a la mencionada problemática a través de la inclusión de perspectivas históricas y políticas. Siguiendo esta última tendencia, en el presente estudio nos acercaremos a la desigualdad en Argentina durante la década de 1990 a partir de la historia; pues advertimos la desigualdad como un problema público y social, además de económico.
Palabras Claves: Argentina, desigualdad, década de 1990, neoliberalismo
La desigualdad en Argentina durante la década de 1990: aproximaciones desde la historia
“¿Y si el problema son los ricos?” (Nun, 2011)
El presente trabajo se propone estudiar los factores que promovieron el incremento de la desigualdad en la Argentina durante la década de 1990 y sus vínculos con los procesos o desempeños económicos desencadenados durante los dos gobiernos menemistas. El período abarcado es la década de 1990 en la Argentina porque creemos que nos permite dilucidar los factores que promueven o mantienen la desigualdad. Si bien presentamos un determinado límite temporal y espacial, la cantidad de estudios como políticas y discusiones sobre la realidad socioeconómica latinoamericana dan cuenta de la importancia de su abordaje; pues la búsqueda de un futuro más equitativo e igualitario forma parte de los valores fundamentales de los regímenes y sociedades que se consideran democráticos.
Nuestra hipótesis está orientada a demostrar que la concurrencia simultánea de varios factores endógenos y exógenos como las crisis extremas, la política de apertura económica y la escasa contención social de las políticas públicas, por ejemplo las redistributivas, fueron los factores que en la Argentina de la década de 1990 promovieron el empujón necesario para precipitarnos cuesta abajo en materia de equidad. Cabe destacar que la desigualdad sigue representando un ideal pendiente de resolución, de ello deriva la importancia del presente estudio.
Metodológicamente nos acercaremos a la problemática planteada a través de un breve balance histórico que nos posibilite llevar a cabo su indagación y explicación; buscando entrever los principales retos que enfrenta la Argentina en materia de desigualdad, valorar los aportes de las investigaciones recientes, e iluminar posibles caminos a seguir para lograr reducir las injustas disparidades existentes. Creemos importante aclarar que, a pesar de hacer foco en las políticas y resultados del deliberado empleo de medidas neoliberales llevadas a cabo en la Argentina, únicamente dirigimos la mirada hacia la década de 1990 en función de la extensión propuesta para el presente trabajo. De modo tal, resulta deseable como pertinente –en un estudio más amplio– abrir la mirada; la cual, preferentemente podría iniciar su temporalidad en 1976 con la aplicación de las políticas económicas de Martínez de Hoz[2].
Antes de entrar a discutir específicamente el caso argentino, nos interesa presentar –aunque de manera concisa– algunas líneas de trabajo sobre la desigualdad. Nos detendremos brevemente en dos de ellas, pues se tratan de encuadres que enriquecen nuestro análisis. Comenzaremos con el enfoque de Thomas Piketty (2014), quien vuelve a introducir la preocupación sobre las desigualdades sociales a través de un minucioso estudio histórico y estadístico, centrándose en la inequidad en relación a la distribución de la riqueza y del ingreso. Luego continuaremos con las miradas de Luis Bértola y José Antonio Ocampo (2013) para el caso latinoamericano. En su estudio, los autores analizan las transformaciones acontecidas en las economías de los países de América Latina a lo largo de su historia independiente; con ello buscan identificar los legados institucionales –de los cuales dependen las relaciones de poder, así como las actitudes de los Estados y los ciudadanos ante la desigualdad–, y la influencia de los factores exógenos, con el fin de establecer consideraciones fundamentales a tener en cuenta para el crecimiento económico y desarrollo social en la región.
Por último, nos adentraremos en el análisis de diferentes estudios sobre la desigualdad latinoamericana y argentina, específicamente para la década de 1990. La intención es advertir los motivos del crecimiento de la desigualdad en la Argentina durante esa década, descubrir sus vínculos con las políticas o reformas establecidas interna como externamente, y finalmente, alumbrar posibles acciones que puedan lograr –con su implementación– disminuir la escandalosa inequidad que nos caracteriza.
Dos revisiones empíricas sobre la desigualdad
Como mencionamos, el primer trabajo al que haremos referencia es el de Thomas Piketty, pues con su extensa y exitosa obra reintroduce el debate sobre las desigualdades sociales. Según Piketty (2014), el aumento de las desigualdades se ha intensificado en los países occidentales durante las últimas tres décadas gracias a la existencia de un capitalismo ávido y sin control; es decir, por las diferentes reformas impositivas que aliviaron las cargas tributarias sobre los sectores más ricos de la sociedad. La desigualdad, según su criterio, es un obstáculo para el desarrollo de los países y sociedades; por ello, plantea la necesidad de mejorar la redistribución, considerando su incidencia en el conjunto del sistema económico, discutiendo ventajas y desventajas en cada medida a desarrollar.
Asimismo, Piketty (2015) ubica la cuestión de la desigualdad y la redistribución en el centro del conflicto político. Advierte que el conflicto derecha/izquierda y los desacuerdos sobre la forma concreta y la oportunidad de una política pública de redistribución, no derivan necesariamente por principios contradictorios de justicia social, sino a causa de análisis discordantes acerca de los mecanismos económicos y sociales que producen las desigualdades aquí analizadas. Detener la mirada en ese conflicto izquierda/derecha resulta importante porque refleja la oposición entre distintos tipos de redistribución y diferentes herramientas de la distribución. Nos permite reflexionar sobre la pertinencia, o no, en que el mercado y los precios operen libremente, si debemos conformarnos con redistribuir solamente mediante impuestos o transferencias fiscales o si resulta necesario modificar estructuralmente el modo en que las fuerzas de mercado producen la desigualdad.
A pesar de las diversas teorías precedentes, como por ejemplo la de los socialistas del siglo XIX que denunciaba como lógica del sistema capitalista la ampliación constante de las desigualdades entre capitalistas y proletarios, recién después de la Segunda Guerra Mundial se comienza a medir de manera más precisa la desigualdad. Con la disminución de índices de salarios e ingresos, en los países occidentales se formularon nuevas predicciones. Entre éstas, Simon Kuznets indicó que la desigualdad dibujaría una curva a modo de u invertida a lo largo de todo el proceso de desarrollo; en donde hay una primera fase de desigualdades crecientes durante la industrialización y urbanización de las sociedades agrícolas tradicionales, luego una segunda fase de estabilización y finalmente una marcada disminución de las desigualdades. Vale mencionar que Kuznets basó su predicción en una acotada serie temporal de datos, esto es entre 1920 y 1950.
Sin entrar en detalles que exceden este estudio, señalaremos que Piketty (2015) contribuyó al desmoronamiento de la famosa curva de Kuznets, pues gracias a sus investigaciones más recientes realizadas sobre Francia y los Estados Unidos de América demuestra que bajo ningún aspecto la disminución de las desigualdades examinadas durante el siglo XX es consecuencia de un proceso económico natural. También, en su trabajo demuestra que actualmente los propietarios de capital son cada vez más ricos –riqueza que obtienen de manera más veloz que antaño– que el resto de la población. Asimismo en la década de 1980 para el caso de Latinoamérica la desigualdad iniciaba un nuevo y marcado ascenso. Esta inversión de la mencionada curva de Kuznets ponía fin –por lo menos en un período de tiempo significativo- a la elaboración de grandes leyes que busquen explicar la evolución de las desigualdades, permitiendo en su lugar, la promoción de cuidadosos análisis sobre los mecanismos que actúan en el incremento, mantenimiento o disminución de la controversial desigualdad (Alvaredo y Piketty, 2011).
Piketty (2015) indicará que los factores que esclarecen esa progresión son complejos, pero que pueden explicarse –en gran medida– por las diversas políticas fiscales y sociales llevadas a cabo por los diferentes gobiernos (Alvaredo y Piketty, 2011). Remarcando esta última idea sostenemos que, para lograr mermar las inequidades, los gobiernos deben elegir herramientas pertinentes que ayuden a redistribuir la riqueza. Al respecto, Piketty (2014) propone reducir la brecha entre ricos y pobres incluyendo impuestos que permitan redistribuir eficientemente el ingreso y crear un tributo mundial sobre el capital que limite la concentración de la riqueza.
Como mencionamos, el segundo estudio en donde nos interesa poner el foco es el que realizaron conjuntamente Luis Bértola y José Antonio Ocampo (2013), cuyas conclusiones consideramos fundamentales para entender el problema de la inequidad en América Latina. Allí ofrecen un rico y significativo aporte a los estudios económicos latinoamericanos; pues analizan el desarrollo de la desigualdad en la región a través de claves sociales y políticas, junto al empleo de una perspectiva comparada internacional.
En el análisis empírico de la historia macroeconómica de América Latina que llevan a cabo, distinguen cuatro etapas. La primera es la pos-independentista (1810-1870) y es calificada por los autores una fase de retroceso; la segunda, denominada primera globalización (1870-1929) tuvo un crecimiento económico basado en el desarrollo primario-exportador; la tercera fase se encuentra entre la crisis de la gran depresión y las denominadas décadas perdidas (1929-1980), en donde se lleva a cabo el proceso de industrialización dirigida por el Estado. En este punto vale remarcar que durante la segunda y tercera etapa la economía de Latinoamérica crece por sobre el promedio y se produce un aumento en su participación en la economía mundial. Finalmente, la cuarta fase llamada segunda globalización (1980-2010), se caracteriza por la crisis de la deuda y la aplicación de fuertes reformas de mercado.
Bértola y Ocampo (2013) impugnan diversas explicaciones sobre la historia macroeconómica latinoamericana; entre las que podemos mencionar la herencia colonial de la desigualdad, como también la idea de que las políticas de industrialización son endebles y, por ende, se hallan condenadas a entrar en constante conflicto con la competencia externa. En su análisis y explicación los autores tienen en cuenta la diversidad y particularidades de los países de la región, la dotación de factores –conjunto de recursos naturales que posee un territorio, a veces incluye el factor cultural–, la influencia de las políticas desarrolladas por las diferentes instituciones, y la inserción latinoamericana en el mercado exterior. Estos avances, producto de la realización de una rigurosa investigación histórica y económica, nos ofrecen una clave para reflexionar sobre la desigualdad latinoamericana y su rumbo en el contexto de la economía mundial.
Si bien todo su trabajo es valioso, pues ilumina sobre aspectos oscuros de la economía en la región; la última fase es la que nosotros tomaremos -principalmente- como base y referencia. Para analizar la crisis de la deuda externa, subdividieron esta última etapa en dos: la denominada década perdida (1980) y la llamada Gran Recesión (2008/09). En ellas, advierten que la crisis de la deuda externa en América Latina ocasionó severos costos sociales, entre los que se hallan la pobreza, la desigualdad, y el desempleo o el empleo informal. Bértola y Ocampo (2013) concluyen su trabajo a través de varias consideraciones sobre el crecimiento económico de la región. Justamente la afirmación que deseamos rescatar es que la ausencia de políticas sociales fundamentales en la agenda inicial de reformas de mercado, como la evidente inmaterialidad de las expectativas de los reformadores de la apertura externa y los progresos en manejo macroeconómico, no aseguraron el enérgico crecimiento económico ni solucionaron el problema de la desigualdad Latinoamericana.
Argentina desigual. El incremento de la inequidad durante la década de 1990
¿Por qué aumenta la desigualdad en Argentina durante la década de 1990? Llevaremos a cabo el abordaje de esta problemática caracterizando el contexto internacional y aludiendo al panorama político, social y económico de la Argentina entre fines de 1980 y la década de 1990. Como ya hemos mencionado, para analizar el problema de la desigualdad consideramos pertinente realizar un acercamiento a través de la historia; pues nos permite transitar por problemas, enfoques o perspectivas de análisis que afectan con creces las miradas y explicaciones de los estudios que solo atienden la dimensión económica de la sociedad.
El fin de la Guerra Fría marcó un punto de inflexión en el mundo; ya que, produce el alejamiento de las ideologías tradicionales, reaparece de forma consolidada la globalización del comercio y de las finanzas, y entran en vigor las políticas económicas que promueven el libre mercado. Asimismo, ello converge con la finalización de los procesos de transición democrática en América Latina.
En dicho contexto aflora un conjunto de estrategias económicas; mejor dicho, una doctrina que se presenta como una práctica global frente a las cuestiones sociales; la cual, reformula los grandes principios que previamente habían guiado a los países occidentales basados en las políticas keynesianas y en el Estado de Bienestar. Nos referimos al neoliberalismo, entre sus principios económicos podemos mencionar la disminución del papel del Estado, la resignación al capitalismo, la desregulación para ganar en competencias eliminando todo tipo de restricciones a los intercambios comerciales, el ajuste, las privatizaciones para lograr la modernización y disminución del gasto público, la preeminencia del mercado y el mundo globalizado, entre otros postulados (Quijano, 2014).
Hacia 1989, en plena crisis económica latinoamericana, surge el Plan Brady con el fin de reestructurar la deuda contraída por los gobiernos de los países en desarrollo con diferentes bancos del sistema comercial. Las operaciones y esquemas del plan se apoyaban en la existencia de un exceso de deuda en las economías de esos países, frenando así posibles inversiones; por ello, la extensión de los plazos de pago de la deuda incrementaba las posibilidades de inversiones y –supuestamente– la capacidad de pago. El punto más álgido del plan consistía en unir las retribuciones descontadas con la emisión –por parte de los países en cuestión– de los bonos Brady a cambio de los títulos de crédito de los bancos. Esto representaba el apéndice de las medidas aplicadas por los países latinoamericanos con el fin de aumentar las aptitudes de la balanza de pagos en torno a los programas de ajuste estructural patrocinados –principalmente– por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.
Los países que participaban del plan diseñado por Nicholas Brady accedían nuevamente –a través de un convenio– a los mercados financieros internacionales. Aunque para alcanzar un acuerdo con los acreedores y adherirse al Plan Brady, primero se requería que los países deudores revelaran su compromiso con la aplicación de las propuestas del Consenso de Washington (Thorp, 1998). Vale aclarar que las instituciones de asesoramiento político con sede en Washington originalmente plantearon diez puntos a seguir: disciplina en la política fiscal; redirección del gasto público en subsidios hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo; reforma tributaria; tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas en términos reales; tipos de cambio competitivos; liberación del comercio; liberación de las barreras a la inversión extranjera directa; privatización de las empresas estatales; desregulación; y seguridad jurídica para los derechos de propiedad.
En la Argentina, la asunción de Carlos Saúl Menem a la presidencia de la Nación –1989– coincide con la emergencia del Plan Brady, las propuestas del Consenso de Washington, y el derrumbe del llamado socialismo real. Dicha coyuntura permite asegurar a varios economistas que las mencionadas reformas de apertura económica generarían un boom de productividad y un notable incremento en el consumo; es decir, su aplicación era fundamental si se buscaba el crecimiento económico del país. En su discurso inaugural Menem proclama la puesta en pie del país y da la bienvenida al futuro promisorio de la Argentina prometiendo llevar adelante la construcción de una democracia con sentido social, bajo la libertad y la justicia, por la paz y el desarrollo.
Durante los últimos años del gobierno radical de Raúl Alfonsín[3] la población argentina en general –probablemente sin advertir los motivos que generaban las crisis de la denominada década perdida– sentían y sufrían el incremento de los precios, la hiperinflación, la suba del dólar, el aumento de la desocupación o subocupación, y un mayor detrimento en las condiciones de vida (Beccaria y Carciofi, 1997; Bértola y Ocampo, 2013). En un contexto característicamente denso se originan los primeros saqueos en las grandes ciudades. Los intentos del gobierno de Alfonsín en apaciguar las aguas no dan los resultados esperados, tampoco las propuestas de su ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, en ampliar la intervención de capitales privados, o en convertir las empresas públicas en sociedades anónimas y vender parte de sus acciones a inversores privados. Con un gobierno radical fuertemente cuestionado, en las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 se produce el triunfo del candidato justicialista Carlos Saúl Menem[4] y se acelera unos meses el traspaso de gobierno.
El gobierno de Menem inició un programa de promoción de las exportaciones argentinas para reducir al máximo el consumo interno y dedicar los excedentes de producción a la exportación; pero su veloz fracaso, sumado a nuevo pico inflacionario, favoreció el drástico cambio de estrategia y política económica. Por ende, las verdaderas actuaciones del menemismo en el poder fueron completamente antagónicas a su discurso. Vale subrayar que esas propuestas de reestructuración neoliberal no hallaron ningún tipo de trabas en el Congreso de la Nación, ni una oposición generalizada en la sociedad y/o en los gremios.
En su gobierno se aplicó la Ley de Reforma del Estado –que autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos– y la Ley de Emergencia Económica –que propiciaba medidas inmediatas y temporales de reducción del gasto público expresado en regímenes de subsidios–. Suspendía los subsidios y subvenciones, los gastos de la administración pública, la venta de bienes raíces, la autonomía del Banco Central para preservar el valor de la moneda impidiendo cualquier tipo de financiamiento directo o indirecto a los gobiernos nacional y provinciales. También otorgaba igualdad entre capital productivo nacional y extranjero y suspendía el trato preferencial para los bienes de industria nacional. Desmonte que se aplica también a la política tecnológica, ambas cardinales al neoliberalismo.
La llegada de Menem al gobierno significó un punto de inflexión para la política del país, especialmente en lo que respecta a ejecución de las mencionadas medidas económicas junto a la incorporación de actores empresariales y economistas del sector privado; cuestión fundamental para comprender la esencia de las reformas llevadas a cabo durante la década de 1990. De manera oficial, la apuesta a la modificación de la faceta económica productiva se realizó principalmente para frenar la inflación. Imbuido en un discurso anti-estatista, bajo un clima de ideas neoliberales y -en definitiva- de centroderecha, el menemismo presenta como pilares ideológicos de gobierno la eficiencia y la anticorrupción (Pereyra, 2013).
Los postulados imperantes en materia económica aseguraban el logro de la anhelada competencia local a través de reformas unidas a la liberalización comercial y la desregulación. De allí que la disminución de la intervención estatal en materia económica se evidencie en los principales ejes del programa de gobierno menemista. Oszlak (1997) relaciona ese reduccionismo con la apertura externa, la liberalización económica y la implantación de la ortodoxia capitalista. Asimismo reconoce como parte integrante de la reforma del Estado: la transformación del papel del Estado, la reestructuración y reducción de su aparato institucional, y el recorte de personal.
Al respecto, Bértola y Ocampo (2013) sostienen que las reformas que lleva a cabo la Argentina los primeros años de la década de 1990 son agresivas por la amplitud que presentan en un corto período de tiempo. Consideran que las reformas de mercado no pueden entenderse únicamente como una imposición externa; ya que se encuentran amparadas en las decisiones nacionales y son adoptadas por un régimen democrático. Resulta significativo subrayar que las cuestiones sociales no resultan relevantes en la agenda de esas reformas de mercado. De hecho, en esta década el liberalismo económico coincide con el liberalismo político.
Como mencionamos, dichas reformas de mercado tienen por objeto reducir el alcance del sector público en la economía y liberalizar los mercados. Al mismo tiempo se aplican las políticas de estabilización macroeconómica para corregir el déficit fiscal y controlar la inflación. De acuerdo a Bértola y Ocampo (2013), las principales y aceleradas reformas se dieron en materia comercial y financiera. Dichos cambios generaron una reducción radical del nivel de los aranceles y la casi total eliminación de los controles cuantitativos a las importaciones. Los autores plantean que por entonces se hallaba vigente la idea según la cual la velocidad de los cambios garantiza un proceso no reversible. Asimismo, desde finales de 1990 se formulan objetivos fiscales de distinta naturaleza –superávit primario o equilibrio presupuestal, restricciones al aumento del gasto público, entre otros–, como parte de un gran conjunto de reglas de responsabilidad fiscal.
Con la Ley de Convertibilidad[5], sancionada en abril de 1991, se adopta un régimen de caja de conversión con un tipo de cambio fijo de la moneda argentina respecto al dólar, que se fijó en $ 1 por unidad de la divisa, y obligaba al Banco Central a mantener reservas en oro y moneda extranjera por el equivalente al dinero circulante. Asimismo se prohibía la emisión de dinero sin un respaldo del 100% en reservas de libre disponibilidad; ya sean en oro, divisas, títulos de otros países o nacionales emitidos en moneda extranjera. El objetivo de esta medida era lograr solventar el déficit público, pero se hallaba condicionada al ingreso o egreso de divisas. Por ello, al no ser controlada por la política económica nacional, la oferta monetaria se transformaba una variable exógena.
El plan logró controlar la inflación. Según Cruces y Gasparini (2009) la tasa anual cayó de 172% en 1991 a 25% en 1992, manteniendo niveles de un solo dígito entre los años 1993 y 2001. Una serie de reformas estructurales de gran alcance acompañaron el Plan de Convertibilidad, permitiendo alcanzar rápidamente el crecimiento económico: en 1991 y 1993 el PIB per cápita aumentó un 9%, y en 1994 un 5%; impulsado por el progresivo endeudamiento público y privado en los mercados internacionales de capitales.
Al respecto, Gerchunoff y Llach (2003) sostienen que la moneda fuerte, además de mantener el nivel internacionalmente alto de los salarios, ampliaba la bonanza y la aceptación social. Consideran que aun después de lograr eliminar la inflación, resultaba poco probable que algún día se pueda abandonar voluntariamente la convertibilidad. De ese modo, al acoger la apertura económica, la sociedad se hallaba sacrificando la equidad en nombre del crecimiento; pero lo hacía deseando la igualdad y adscribiendo condescendientemente una perecedera convertibilidad. Los autores aseveran que dicha apreciación cambiaria subvenciona la desigualdad al frustrar el crecimiento e incrementar el desempleo a causa del elevado nivel de salarios en dólares. De modo tal, la sociedad pagó con creces los costos para mantener la convertibilidad; mientras que el Estado acumulaba un significativo costo fiscal.
Además de la búsqueda del control de la inflación, el gobierno menemista impulsó las privatizaciones de industrias y servicios públicos de propiedad estatal de manera simultánea al Plan de Convertibilidad y la apertura económica. De modo tal que las empresas de petróleo, gas, metalurgia, aviación, ferrocarriles, subtes, navegación, telefonía, agua, y electricidad fueron vendidas a capitales privados. Vale resaltar que estas privatizaciones se llevaron a cabo al mismo tiempo que se recorta el gasto público. Bértola y Ocampo (2013) subrayan el carácter novedoso de los experimentos de ajuste anti-inflacionario de corte heterodoxo, y la radicalidad de las privatizaciones en la Argentina. Al respecto Thorp considera que la generalización de las privatizaciones, convirtieron en líder a la región –junto a Europa del Este– en esa materia. Asimismo sugiere que las privatizaciones son un ejemplo de reforma con peligros u oportunidades. En el cuadro 7.6 muestra los ingresos obtenidos de las privatizaciones como porcentaje del ingreso del gobierno central (1998, p.246).
En cuanto a los efectos que generan las privatizaciones sobre la población con menores recursos, Cruces y Gasparini (2009) advierten que la mayor oferta y acceso a los servicios presentan algunos resultados positivos sobre la disminución de la desigualdad en términos de bienestar; pero también subrayan que provocan un significativo incremento de precios en los servicios a causa de la quita de subsidios implícitos, y con ello se sufre un potencial incremento de la desigualdad. De modo tal que las privatizaciones engrosan el gasto de la población en servicios públicos, afectando en mayor medida a los sectores de menores ingresos. Además, dichas privatizaciones afectaron marcadamente el mercado laboral (Lobato y Suriano, 2003).
Las empresas privadas llevaron a cabo una importante reducción de personal para incrementar sus ganancias. Ello explica el 13 % del cambio en el desempleo entre 1987/90 y 1997. Vale mencionar también que –durante el primer gobierno de Menem– se lleva a cabo un proceso de reformas que altera, transforma y neutraliza todos los sistemas de control existentes hasta entonces en la administración pública. A lo largo de la década de 1990 aumenta la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas; pues éstas empezarán a estar asociadas a denuncias de corrupción, el desgobierno y la irresponsabilidad en el ejercicio de la función pública, como también al delito y la ilegalidad. Resulta pertinente mencionar que la impugnación social y generalizada al funcionario o político se hace evidente con el estallido de la crisis del 2001/02. La inmediata consecuencia político-institucional de las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001 se reflejó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa[6], la organización de protestas, asambleas barriales, cacerolazos y saqueos.
Otro elemento importante de las reformas llevadas a cabo en la década de 1990 fue la descentralización, específicamente el paso del gobierno nacional a las provincias del suministro de servicios y de educación secundaria. Cruces y Gasparini (2009) mencionan que la misma se efectuó para mejorar la distribución del bienestar y en defensa de la inspección o guía local por sobre la central. Analizando diferentes trabajos, encuentran que la descentralización en materia educativa sólo tuvo efectos positivos en las municipalidades más ricas, dejando a las escuelas de las zonas más pobres con resultados poco significativos. Así, junto al aumento de la calidad promedio, se incrementó la desigualdad en los resultados educativos.
También en esos años se adoptaron regulaciones laborales que introdujeron salarios flexibles y permiten mayores períodos de prueba o pasantías, el despido de trabajadores aplicando menores indemnizaciones, y la merma de ciertos beneficios como la disminución de las contribuciones a la seguridad social. Todo lo cual, además de significar un deterioro en las condiciones de trabajo, generó el incremento del desempleo y del empleo informal –de acuerdo a Susmel (2012), durante la década de 1990 el crecimiento del empleo se hallaba en el sector informal de la economía. El empleo informal pasó de 4.8 millones en 1990 a 6.5 millones en 1999–.
Los datos que nos muestran Bértola y Ocampo (2013) evidencian que durante la década de 1990 disminuyó la tasa de crecimiento del empleo con respecto a la de la segunda mitad de la década de 1980. No sólo aumentó el desempleo, también creció la informalidad del trabajo y el aumento de los salarios reales, únicamente favoreció a los trabajadores calificados. Esas tendencias se vieron agudizadas durante la media década perdida (1998-2002); y si bien, la participación laboral femenina aumentó ocho puntos porcentuales, de 38,4% en 1991 a 46,5% en 2002, el resultado fue la explosión de la tasa de desempleo y de la informalidad laboral (Bértola y Ocampo, 2013). Asimismo, de acuerdo a Susmel (2012) el crecimiento del empleo se halló en el sector informal; el cual, pasó de 4.8 millones en 1990 a 6.5 millones hacia el fin de esa década, si comparamos esas cifras con los 3.4 millones de empleo informal en 1980, se hace más notorio su crecimiento. De este modo, se observa el avance de la economía informal durante esos años; es decir, la precariedad laboral –trabajadores sin seguridad social y sin contratos de trabajo– incrementa.
En cuanto al salario mínimo, se mantuvo estable en términos nominales en toda la década a un nivel relativamente bajo. Incluso los años 1991/94 –a pesar de la expansión económica– muestran un incremento en la tasa de desocupación (Cruces y Gasparini, 2009). Al aumentar la oferta de trabajo bajo un contexto en donde el sector público se retira como demandante de empleo, la situación se agrava; pues a partir de entonces el trabajo se ajusta a las empresas privatizadas, que requieren menos mano de obra. Con el estallido de la Crisis del Tequila (1994) empeora el panorama laboral al aumentar de manera abrupta el desempleo; situación que tampoco podrá ser revertida en el posterior ciclo de expansión (1996-1998), ya que no se lograrán alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis (Frenkel, 2003). Vale subrayar que esa crisis provocó la suba del riesgo país, la declinación del valor de las acciones, la menor afluencia de capitales, la percepción de la sobrevaluación del tipo de cambio, y preocupaciones por el déficit fiscal (Cruces y Gasparini, 2009).
En un contexto de reforma constitucional[7], existieron dudas sobre la capacidad del país en mantener la convertibilidad; desatándose una crisis de confianza que afectó al sistema financiero como a la economía en general. A partir de 1995, el incremento de las tasas de interés internacionales, la reducción del ingreso de divisas, y el estancamiento de la base monetaria, entre otros factores, desencadenaron la recesión económica en el país (Bértola y Ocampo, 2013; Cruces y Gasparini, 2009).
Resulta pertinente remarcar que en este período se firmaron acuerdos de libre comercio; de tal modo, dentro del denominado proceso de regionalismo abierto se crea el MERCOSUR en 1991 (Thorp, 1998). Asimismo, se lleva a cabo la suscripción en 1993 del Tratado de Marrakesh que crea la Organización Mundial de Comercio (OMC). A pesar de estos avances regionales, fracasan las negociaciones iniciadas en la Primera Cumbre de las Américas de Miami en 1994 para desarrollar una Zona de Libre Comercio de las Américas; produciéndose una rotunda división entre los países que negocian bilateralmente acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y aquellos que –como la Argentina– se oponen.
Como vemos, las transformaciones se dieron en varios ámbitos. También respecto al gasto público social, a la cobertura de servicios sociales básicos, al mercado de trabajo y la distribución del ingreso. Bértola y Ocampo (2013) sostienen que la ampliación del gasto público social y la cobertura de servicios sociales básicos no tuvieron correlato con los indicadores en materia de mercado de trabajo y distribución del ingreso. Estos últimos presentaron dos fases: en la primera de ellas fue evidente el deterioro de esos índices, incluyendo la recuperación de los años de 1990 y la media década perdida; en la segunda se observó una clara mejoría en ambos indicadores, coincidiendo con el auge económico de comienzos de siglo XXI (Cruces y Gasparini, 2009).
A pesar de los avances en esta segunda fase, el deterioro de los mercados de trabajo –propio de la década de 1990– no se logró revertir en su totalidad. Del año 1989 hasta mediados de 1993 la progresividad de la política fiscal desciende abruptamente, la política fiscal durante los años 1990 tuvo un efecto igualador; mientras que el gasto público social per cápita realiza un camino invertido al de la mencionada progresividad fiscal; es decir, incrementa hasta el año 1995. Desde ese año hasta 2000 vuelve a decrecer, para ascender los años 2001/02, pico más alto, y 2006, año hasta donde llega la estadística incluida en el estudio. Según Cruces y Gasparini (2009) el extraordinario aumento de esas procedencias se transfieren a los pobres a través de los programas de emergencia, como Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
En cuanto al impacto distributivo más generalizado de las reformas estructurales sobre la distribución del ingreso, se destaca el incremento de las brechas salariales por calificación laboral. Probablemente las mismas hayan sido promovidas por la reducción de los aranceles sobre los bienes de capital, la demanda de mano de obra calificada, las nuevas maquinarias y la revaluación de las monedas, que abarataron el costo de los equipos. Además, vale subrayar que no se logró generar el empleo necesario para compensar la destrucción de puestos de trabajo provocadas por las privatizaciones (Bértola y Ocampo, 2013).
El deterioro laboral se generaliza durante la media década perdida. A través del cuadro 5.10: Indicadores laborales, 1990-2008, los autores dan cuenta de la Informalidad (precariedad laboral), las tasas de ocupación y tasas de desempleo para los países de América Latina. En el caso de la Argentina se observa un elevado incremento del desempleo en los años 1997 (14,9%) y 2002 (19,7%), después de dos grandes crisis. Mientras que la informalidad se mantuvo muy alta durante todo el período, dándose su pico más alto en 1990 con el 44,4%. Las tendencias adversas sobre los mercados de trabajo se advierten en el cuadro 5.1: cambio en las condiciones del mercado laboral en América Latina, 1990-2007. Allí la Argentina volvió a demostrar el grado de informalidad laboral (-3,4) y el desempleo abierto (1,1) (Bértola y Ocampo, 2013, pp.262-264).
Respecto a las políticas sociales de la década de los años de 1990 Susmel (2012) indica que mantienen la tradición en materia de protección social; pues, se hallan ligadas al empleo formal: jubilaciones, asignaciones familiares, etc. Recordemos que las políticas públicas son fundamentales porque cumplen un importante papel en la determinación de la dinámica de la desigualdad. Alvaredo y Piketty (2011) advierten que una alta concentración del ingreso puede afectar dichas políticas públicas. Ya que los sectores ricos acceden a recursos más que suficientes para desprenderse del uso de servicios públicos, lo que puede desencadenar un desentendimiento a la hora de exigir o atender nuevas acciones y propuestas para financiar dichas políticas por medio de la redistribución y la tributación.
De acuerdo a estos autores, los debates actuales de las reformas en los países en desarrollo se enfocan en mejorar la prestación de servicios sociales, el diseño de instituciones económicas pro-mercado, la eficacia de los programas de reducción de la pobreza y el papel de la liberación de los mercados nacionales e internacionales. Sólo acotadas veces debaten de manera explícita sobre reformas tributarias sensatas, y sobre el desarrollo de sistemas modernos o generalizados de imposición progresiva de la renta y el capital. Esta situación resulta desacertada por tres razones: primero, porque los países en desarrollo con frecuencia dependen excesivamente de impuestos sobre el comercio internacional, y los impuestos indirectos sobre bienes de consumo; segundo, porque la tributación de las rentas puede ayudar a incrementar los ingresos fiscales que se necesitan para financiar bienes públicos; tercero, precisamente porque la tributación progresiva es uno de los instrumentos de política menos distorsionantes para controlar aumentos de la desigualdad mediante la redistribución de los beneficios del crecimiento (Alvaredo y Piketty, 2011).
El principal problema de las reformas implementadas durante la década de 1990 se halla, según Thorp (1998), en la magnitud y en la inestabilidad de los flujos de capital; pues lo considera central para comprender la inestabilidad macroeconómica latinoamericana. Asimismo presenta como desafío para los países de la región superar el crecimiento dado, únicamente a partir de exportaciones de productos primarios o recursos naturales. En ese sentido advierte como necesario que dichos países incrementen el valor agregado y diversifiquen su producción, para que los bienes dejen de ser vulnerables a la escasez o a los problemas de mercado que reiteradamente afectan a las economías dependientes de las materias primas.
Thorp (1998) también destaca la importancia de la aplicación de políticas sectoriales que contrarresten los profundos problemas sociales y la desigualdad a la que se ven constantemente sometidos los países de América Latina. Sugiere que ello podría ser importante desde la perspectiva social; ya que el empleo y la productividad de pequeña escala, resultan centrales a la hora de mejorar la igualdad y combatir la inequidad. La historia ha demostrado, por lo menos para el caso de América Latina, que la desigualdad puede ser compatible, e incluso funcional, al crecimiento económico.
Vale subrayar que la influencia de la política social sobre la distribución del ingreso, según Bértola y Ocampo (2013), tiene un elemento positivo: el aumento consistente del gasto público social. Éste se elevó durante los años 1990, del 12,8% al 15,5% del PBI. El gasto público social por habitante, casi se duplicó entre 1990/91 y 2006/07. El resultado de dicho aumento fue el avance continuo en las condiciones de educación, salud, entre otros. Asimismo, advierten que no deben sobre-estimarse dichos avances; pues por ejemplo en materia educativa, la deserción escolar y los evidentes problemas en su calidad continúan siendo importantes cuestiones a resolver. En cuanto a la salud siguen existiendo problemas relativos a determinadas enfermedades transmisibles, como crónicas no transmisibles, entre otros. Tampoco se debe olvidar que un sector importante de la población habita viviendas precarias y carece de conexión a la red de saneamiento.
Consideramos que en la reciente reducción de la desigualdad incidieron tanto los efectos coyunturales como los estructurales, pero fundamentalmente los de política social. Bértola y Ocampo (2013) mencionan la existencia de un consenso sobre las medidas que deben realizarse en torno a la protección social. Dichas acciones deben fundarse en la aplicación de un gasto público no contributivo financiado con recursos públicos generales, y en el diseño de nuevos sistemas que logren incorporar a la economía informal. El avance económico más importante de la década de los años 1990 fue, según los autores, la confianza puesta en la política macroeconómica -a causa de la disminución de la inflación y solidez fiscal. Hoy sabemos que las expectativas otorgadas a la apertura externa no se cumplieron, y que los progresos en materia macroeconómica no derivan necesariamente hacia una creciente vitalidad económica, ni a una disminución de la desigualdad.
Dos importantes ciclos se desencadenaron en la década de 1990. El primero representó la fase ascendente, gracias al mejor acceso a los mercados internacionales de capitales. Luego de una parálisis general producida por la crisis mexicana de 1994, continuó cierto financiamiento externo con el fin de apoyar el crecimiento económico. Con el estallido de la crisis en el Extremo Oriente en 1997 y su expansión a Rusia en 1998, como al resto del mundo en desarrollo hacia 1998/99, se produjo una importante interrupción del financiamiento externo (Aghevli, 1999; Wade, 2011). Su consecuencia fue la brusca desaceleración y abierta recesión en las economías de la región, iniciándose una nueva media década perdida en materia de desarrollo económico (Bértola y Ocampo, 2013). El segundo de los ciclos, en cambio, se caracterizó por el auge económico entre los años 2004 y 2007, pero no profundizaremos sobre el mismo porque escapa a nuestro análisis.
Sobre la evolución de la distribución del ingreso, Cruces y Gasparini (2009) detectan que las políticas macroeconómicas así como las reformas implementadas durante los gobiernos menemistas incrementaron la desigualdad en la Argentina. Los costos sobre la inequidad y el bienestar social, podrían haber sido aplacados con pertinentes políticas públicas. El tipo de acción llevada a cabo por el Estado a través de la política social, el gasto público y la protección social, se hallan asociados a los factores que generan o incrementan la inequidad. Por ejemplo, el Plan Jefes y Jefas de Hogar de 2002 significó un punto de inflexión al respecto, a pesar de que su implementación recién se logre a partir una fuerte presión que recibió el gobierno. En cuanto a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), representa una gran apuesta para mitigar la desigualdad y constituye una decisión política social de gran significado (Gasparini y Cruces, 2010).
Hacia el año 1998 en la Argentina, según Gerchunoff y Llach (2003), podían detectarse signos de una catástrofe muy próxima. El endeudamiento público y privado, junto a la cuestión del pago de la deuda y los inéditos niveles de desocupación -ambos asociados a la apreciación cambiaria- eran claros indicios. Según los autores la viabilidad o no de la economía argentina dependía tanto de las políticas internas como del contexto o situación mundial. En una Argentina fuertemente dolarizada, la devaluación de la moneda y el consiguiente fin de la convertibilidad generaría crisis económica y colapso del sistema financiero. Es decir, lo que al principio motivó el despertar económico -la exposición al financiamiento eterno y la convertibilidad- desencadenará la catástrofe entre los últimos años de la década de 1990 y en 2001/02.
La combinación de la dinámica de la deuda externa junto a la suba de las tasas de interés, conformaron un significativo detonante para la posterior crisis. En el sobreendeudamiento se halla una de las causas del estancamiento económico de nuestro país; y cuando es extremo –aunque resulte funcional a la estabilización de precios, al mantenimiento de altos salarios para el trabajo calificado, y a la compensación fiscal de las asimetrías regionales– deviene un estancamiento del cual es muy difícil salir (Bértola y Ocampo. 2013). Al respecto, Agis, Cañete y Panigo (2013) indican que la crisis de convertibilidad nos lleva a un estado de catástrofe social; ya que deja a más de la mitad de los trabajadores con dificultades laborales –hay un 25% de desocupación y un 60% de trabajo no registrado–, el 50% de la ancianidad queda sin cobertura previsional, deja un 50% de personas por debajo de la línea de la pobreza –más de un cuarto de la población no accede a los recursos mínimos indispensables para sobrevivir–, y los índices de desigualdad alcanzan cifras récord en nuestro país. Un legado que evidencia la ausencia del Estado, como la aplicación de las políticas delineadas por el Consenso de Washington; una herencia asociada a la precariedad social sin precedentes en nuestro país. Para afrontar ese legado y, fundamentalmente, para lograr combatir la desigualdad, se sugiere la aplicación de planes asistenciales como la AUH junto a políticas masivas de empleo tales como el programa Argentina Trabaja u otras iniciativas similares.
Para finalizar, es importante hacer mención al avance de la pobreza en la Argentina durante la década de los años de 1990. Las estadísticas presentadas por Susmel (2012) muestran que las tendencias de la pobreza -si bien el período se inicia con una disminución de la pobreza termina presentando, incluso mucho antes de la crisis del 2001, índices con niveles alarmantes-, hacia el final de la década, se hallan unidas a la desigualdad. En nuestro país el efecto Tequila y su consecuente recesión, empeora la situación de los sectores más vulnerables; la cual se agravó con la crisis macroeconómica del 2001/02 (Bértola y Ocampo, 2013). Asimismo, según las cifras presentadas por Susmel (2012), podemos decir que se establece una especie de convergencia entre pobreza y desigualdad; pues, el coeficiente Gini para el área del Gran Buenos Aires pasa de 0,43 en 1993 a 0,48 en 1998. Este significativo deterioro, nos habla del fracaso o ausencia de las políticas públicas y distributivas de la década de los años 1990 -la aplicación de programas sociales sumado al crecimiento económico posterior a la crisis macroeconómica del 2002, permitió reducir la pobreza y la indigencia en nuestro país. Así lo muestra Susmel en el gráfico 2. Que titula crecimiento, pobreza e indigencia, en porcentajes (2012, p.11).
Para lograr una mayor igualdad y garantizar el bienestar social de la población, es necesario crear mecanismos de protección social o políticas públicas que atiendan a los sectores más vulnerables de la población. En este punto, y continuando con la idea de Piketty, un posible camino es establecer algún tipo de impuesto que permita redistribuir el ingreso y un tributo mundial que limite la concentración de la riqueza; buscando siempre eliminar la inequidad. De modo tal, el acento está -o continúa estando- en la función del Estado y en las políticas que éste implemente para atacar la desigualdad.
Conclusiones
Como vimos, varios fueron los procesos o factores que destruyeron el camino hacia una sociedad más igualitaria en la Argentina. Las crisis macroeconómicas, las híper-inflaciones de fines de la década 1980 y principios de los 1990, los ajustes, las reformas de mercado, y apertura comercial implementadas en la década de 1990, la brusca modernización de la economía de esos años, y, finalmente, la crisis de 2001/02 con su mega devaluación; todos ellos, cambios, profundos y violentos, unidos a la ineficaz –o nula– política social, crearon las bases necesarias para que se genere un significativo incremento de la desigualdad. De modo tal, consideramos que las reformas políticas analizadas germinaron desigualdad y una mayor segregación social. Asimismo, los sectores privilegiados de la población –con fluido acceso a viajes al exterior, barrios cerrados, clínicas y colegios privados–, no exigieron políticas públicas que atiendan la situación de la población más vulnerable.
Hemos tratado de demostrar que la ausencia de políticas acordes a disminuir la inequidad, en un contexto económico neoliberal y/o de crisis macroeconómicas, aumentó la brecha entre ricos y pobres durante los años de 1990 en la Argentina. A dicha herencia –impregnada de una elevada desigualdad– se suma la multiplicación de denuncias de corrupción e ilegalidad; las cuales, generan una importante pérdida de confianza en el sistema político argentino y en la aplicación de planes o acciones que permitan disminuir la inequidad en nuestro país.
Aunque los índices más altos de desigualdad en la Argentina se dispararon con la crisis del 2001/02, no podemos comprender su estallido sin recorrer las políticas neoliberales implementadas durante los gobiernos menemistas. Tampoco que dichos índices empezaron a mejorar a partir del 2003/04; pues aunque esto acontece cada vez que se supera una profunda crisis macroeconómica, es fundamental remarcar que intervienen otros factores fundamentales, entre ellos las políticas públicas –principalmente las redistributivas– llevadas a cabo por los gobiernos o Estados. La interpretación de esas tendencias nos permite advertir la importancia de dichas políticas y evaluar a futuro la aplicación de éstas u otras acciones posibles.
Nuestras conclusiones no se cierran a otros debates y propuestas. Esperamos que surjan nuevas y más completas exploraciones en torno a la desigualdad en la Argentina con el fin de obtener resultados robustos y efectivos al respecto. El panorama trazado en este trabajo reafirma nuestra imagen sobre la necesidad de adoptar políticas eficaces a la hora de mejorar la distribución del ingreso y disminuir la desigualdad. Es inadmisible que existan gobiernos o Estados que no atiendan pertinentemente estas cuestiones. Creemos que es posible el crecimiento económico junto a la disminución de la desigualdad, y que para lograrlo –a pesar de que influyen varios factores internos como externos–, la política implementada por el Estado resulta central.
Referencias
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[1] Maestranda en Ciencias Sociales con mención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján y Profesora en Historia por el Instituto Superior Padre Elizalde. Ejerce la docencia en los niveles medio y superior en establecimientos de Tres de Febrero. Actualmente se desempeña como docente de la asignatura Perspectiva Espacio Temporal I en las Carreras de Profesorado en Historia y Profesorado en Geografía, en el Instituto Superior Padre Elizalde.
[2] José Alfredo Martínez de Hoz (h) fue ministro de Economía de la Nación Argentina entre 1976 y 1981. Representante del neoliberalismo económico, fue puesto en dicho cargo por la última dictadura cívico militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
[3] Raúl Ricardo Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical, fue presidente de la Nación Argentina entre diciembre de 1983 y julio de 1989. Entregó el mando de forma anticipada a Carlos Saúl Menem, en un contexto hiperinflacionario.
[4] Carlos Saúl Menem fue presidente de la Nación Argentina por el Partido Justicialista entre julio de 1989 y diciembre de 1999. Su primer mandato duró seis años, entre 1989 y 1995. Tras la Reforma Constitucional de 1994 fue electo por segunda vez para cumplir un mandato presidencial de cuatro años, entre 1995 y 1999.
[5] El Dr. Domingo Cavallo, Ministro de Economía desde 1991, fue el autor del Plan de Convertibilidad. La convertibilidad -junto a otras medidas- pretendía reducir el campo de acción del Estado, ya que entonces éste era catalogado como fuente de inestabilidad económica. Por eso podemos identificar al Plan de convertibilidad como una de las piezas esenciales de la política económica del menemismo.
[6] Fernando de la Rúa, político de la Unión Cívica Radical, fue presidente de la Nación Argentina por La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (coalición política conformada en 1997 entre la UCR y el Frente País Solidario). Asumió el 10 de diciembre de 1999 pero no completó el mandato presidencial, ya que el 20 de diciembre de 2001 renunció a su cargo en medio de severas protestas sociales y crisis económica.
[7] En 1994 se lleva a cabo la Reforma de la Constitución de la Nación Argentina tras los acuerdos partidarios entre radicales (Alfonsìn) y peronistas (Menem) en el denominado Pacto de Olivos firmado el 14 de noviembre de 1993. La reforma constitucional introdujo importantes cambios al texto constitucional, por ejemplo incluye derechos tercera y cuarta generación, normas para el control de la democracia, penalidades para los golpes de Estado, crea nuevos órganos constitucionales y permite la reelección presidencial por un solo período (acortado a cuatro años), entre otras modificaciones.
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