Antigua Matanza. Revista de Historia Regional
ISSN 2545-8701
Junta de Estudios Históricos de La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, San Justo, Argentina.
Disponible en: http://antigua.unlam.edu.ar
Agostino, H. N. (junio de 2018). Universidad y sociedad en la Argentina (1918-2018). Acerca de la democracia, la gratuidad y la igualdad de oportunidades. Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 2(3), 1-9.
Editorial
Universidad y sociedad en la Argentina (1918-2018). Acerca de la democracia, la gratuidad y la igualdad de oportunidades
Hilda Noemí Agostino
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza, San Justo, Argentina
En la Constitución Nacional Argentina (2010) en el Capítulo IV, artículo 75, inciso 19, se lee que el Congreso Nacional debe:
Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico (…) sancionar leyes de organización y base de la educación nacional que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de la universidades nacionales. (pp. 136-137).
Cabe preguntarse si los conceptos de justicia social, de promoción de los valores democráticos, y la igualdad de oportunidades bajo la responsabilidad indelegable del Estado, constituyeron ideas directrices de la universidad en la Argentina desde sus inicios. La respuesta es negativa. Se llegó allí tras un largo camino de luchas sociales y políticas.
Al cumplirse cien años de la Reforma Universitaria, se hace un breve recorrido por algunos momentos claves en la historia de la universidad en nuestro país con el múltiple propósito de rendir homenaje a los líderes y seguidores de aquel movimiento, de recordar el legado recibido y como invitación a la defensa de aquellos derechos tan duramente conseguidos por quienes nos antecedieron.
Las primeras décadas del siglo XX mostraban en nuestro país, el principio del fin del modelo económico -social imperante. Los conflictos sociales en todo el país, la huelga de inquilinos, el “grito de Alcorta” en Santa Fe, la Ley de Residencia, y la Ley de Defensa Social dan cuenta de los intentos de sofocar los movimientos que se producían por doquier.
La universidad no escapaba al malestar general y a las convulsiones sociales. Surgieron en la Universidad de Buenos Aires, los Centros de Estudiantes de Medicina, Ingeniería y Derecho.
Sobre estos primeros momentos de organización estudiantil cabe recordar lo siguiente:
Este paulatino proceso de organización de los estudiantes culminará el 11 de setiembre de 1908, con la formación de la Federación Universitaria de Buenos Aires (...) La movilización estudiantil en Buenos aires, logró democratizar la selección del cuerpo docente y derrotar parcialmente a ciertas academias vitalicias que nombraban a estos profesores, a la vez lograron introducir un soplo de modernidad dentro de los planes de estudio, cambiando sus perfiles profesionalistas (Bustamante, 1985, p. 43).
Los años siguientes fueron de guerra. Las tensiones nacionales sobrepasaron las fronteras. La violencia y la deshumanización hicieron desaparecer el orden y la estabilidad, conceptos anteriores a 1914. El mundo debió adecuarse a la amenaza de la guerra total y a la reorganización de una sociedad que sufrió cambios vertiginosos. Terminó de derrumbarse la civilización capitalista y burguesa. Con el Tratado de Versalles y la Revolución bolchevique terminaron de desmembrarse el antiguo mapa de Europa. Estados Unidos se beneficiaba con un enriquecimiento generalizado. La inestabilidad política y los movimientos obreros trajeron el pánico a la expansión bolchevique y su ideología, que llevó a la burguesía a cerrar filas y oponérseles.
En Argentina el advenimiento de los gobiernos radicales nacidos en el marco de una oposición al régimen anterior habían logrado imponer, mediante el voto universal y obligatorio al primer partido de masas en la historia. Los vientos democratizadores llegaron hasta los claustros universitarios convirtiéndose en una fuerte presión al presidente Irigoyen, quien debió sortear la Semana Trágica en 1919 y los sucesos de la Patagonia en 1922, mientras se convulsionaba y dividía el mismo partido que lo había llevado a la presidencia de la República. Es en ese lapso que aparece el simbólico guardapolvo blanco, que se transformó en emblema de la educación primaria en la Argentina.
En ese contexto, en 1918, la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento de democratización de la universidad, que puede ser considerado como anticipatorio del Mayo Francés y que se expandió, no solo por todo nuestro país, sino por todo el continente americano, por la fuerza y la oportunidad de su mensaje.
Con éste, se persiguió la renovación de las estructuras de las universidades existentes, se propició el libre pensamiento y la libertad de cátedra. Se exigió la coparticipación del claustro estudiantil en el gobierno universitario y la realización de concursos para la cobertura de cargos docentes por medio de jurados, con la presencia de los estudiantes entre estos. Se establecieron la investigación y la extensión como funciones de la universidad, además de la docencia. Y se impulsó el compromiso de la Universidad con la realidad social.
Hacia 1940 el país tenía otra fisonomía, a los obreros de neta ideología anarco sindicalista de las décadas del 20 y el 30 se habían ido sumando los que desde el interior del país marcharon hacia los centros industriales, que habían aparecido como consecuencia del proceso de sustitución de importaciones y que paulatinamente fueron adhiriendo a las prédicas de un coronel que sería tres veces presidente constitucional del país: Juan Domingo Perón.
Con la llegada del peronismo al poder el Estado amplió y expandió sus funciones, no sólo en lo económico y político, sino que trasladó su influencia a la política académica, derogando la Ley Avellaneda y reservando al Poder Ejecutivo la designación de los rectores. El esfuerzo por lograr el acceso a los estudios superiores de sectores relegados hasta entonces, se mostró en los planes educativos, y en la construcción de residencias estudiantiles como la Ciudad Universitaria de Tucumán y la de Núñez en Buenos Aires. El nuevo enfoque en la cultura y en la enseñanza, apareció también en la reforma constitucional de 1949, a través de la introducción de conceptos tales como la consideración de la persona como individuo y como miembro de un Estado, que debería responder en el futuro por su accionar.
Se desterraba así la idea de neutralidad educativa que se asignaba al Estado ya que el futuro ciudadano debería recibir desde la educación un sistema de valores. Se formaría a los jóvenes física e intelectualmente, con la idea de lograr por su intermedio el engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas. Se pensaba en el bien de la sociedad en su conjunto. Se establecieron cursos obligatorios de formación política en todas las Facultades, con el propósito de que cada alumno conociera la esencia de lo argentino, la realidad económica y política del país y la evolución y la misión histórica de la Argentina.
La formación de profesionales, se complementaba con una intensa investigación científica, siendo la educación una acción directa en la sociedad y en el medio. La especialización técnica debía enmarcarse dentro de la elaboración de los Planes Quinquenales, por los que el Estado organizaba su economía, contextualizada en la segunda posguerra mundial.
Sentada la importancia de la formación técnica e integral, además del rector, el gobierno universitario sería ejercido por el Consejo Universitario, presidido por el rector y constituido por los decanos y vicedecanos de cada facultad.
Una creación verdaderamente para destacar de la época fue la Universidad Nacional Obrera (UNO) creada en 1948, por Ley Nº 13.229 y que comenzó a funcionar a partir de 1953. Se proponía integrar a las clases trabajadoras, buscando formar profesionales surgidos de las fuerzas de trabajo y destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional. El saber previo que venía de la experiencia laboral era un agregado importante de la propuesta. La institución creada tenía como sujetos privilegiados a los obreros, a técnicos operativos y no teóricos meramente, sino hombres que cambiarían el país hacia el futuro promisorio de la industria nacional. El cuerpo docente estaría integrado por personal formado en la experiencia del taller, para ingresar como estudiante se debía poseer título de técnico de fábrica, probar la condición de obrero y tener certificado de buena conducta. La Universidad se organizaba a través de Facultades Obreras Regionales. Hoy la Universidad Tecnológica Nacional que es su directa sucesora, es la única universidad federal del país. La regionalización fue una novedad que permitió el inicio del desarrollo local y la diversificación de cada sede. En esa universidad convivían los obreros-estudiantes y los ingenieros. La teoría se sumaba al saber hacer, que se constituía en eje central y que diferenció a la Universidad Obrera y a las facultades tradicionales. En La Matanza se preveía la instalación de una Universidad Obrera, proyecto que el golpe del 55 malogró.
Pero sin duda alguna, el hecho más importante, a nuestro juicio del accionar del peronismo en relación con la enseñanza universitaria y su mayor legado, está dado por el Decreto Nº 29.337 del 22 de noviembre de 1949, donde se suspende el cobro de aranceles y la universidad nacional argentina se vuelve gratuita. Los estudios superiores pasaron así de ser un privilegio de pocos a constituirse en un derecho de todos.
Dicen los considerandos de aquel Decreto:
Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen; (…) es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la Nación misma; Que como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan noble como legítima vocación; Que dentro de la Nación y de acuerdo con la misión específica que la ley les impone, son las universidades especialmente, las encargadas de difundir la cultura y formar la juventud; Que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país” (Decreto Ley N° 29337, 1949).
Caído el peronismo la gratuidad continuó, aunque la sanción de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 en 1995, posibilitó el arancelamiento de los postgrados.
Mucho puede decirse en cuanto a la evolución del subsistema de educación superior en Argentina y a los vaivenes sufridos en los claustros universitarios cuando las dictaduras ensombrecieron nuestra vida, pero se opta por visualizar lo acaecido en relación con la instalación de universidades nacionales en diversos lugares donde las necesidades poblacionales así lo requerían. Debe recordarse que siendo presidente el Dr. Arturo Frondizi, se autorizó el establecimiento de universidades privadas, comenzando a co-existir universidades laicas y confesionales. Y es en esos años que se logra la libertad de enseñanza, no sin arduos enfrentamientos.
Volviendo a la instalación de universidades de gestión estatal, esto no ha sido una cuestión menor, sino un gozoso acontecimiento que ha garantizado el acceso a esa formación a miles de jóvenes.
Se tiene así que al comenzar el siglo XX existían solamente las Universidades Nacionales de Córdoba, Buenos Aires, del Litoral y La Plata. Luego durante las siete décadas siguientes, sólo aparecieron siete universidades nacionales más y por eso para 1970 eran solo once las existentes en toda la geografía del país. Con el Plan Taquini y buscándose la reorganización universitaria se crearon 14 casas de altos estudios más y luego se dieron las fundaciones de fin de siglo XX y las que corresponden a los primeras décadas del siglo siguiente. Entre 1985-1995 se crearon diez universidades nacionales, seis de ellas ubicadas en el conurbano bonaerense, entre estas últimas la Universidad Nacional de La Matanza, junto con otras veintidós universidades privadas. Luego durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se crearon trece universidades, de las cuales nueve son nacionales y las cuatro restantes privadas.
Al contarse con universidades nacionales donde la densidad poblacional lo requiere se garantiza el derecho a estudiar, que como se ha visto es constitucional y se garantiza la acción del Estado en tal sentido, brindándose una verdadera herramienta posibilitadora de la movilidad social ascendente.
Con cada universidad nacional que comienza a funcionar y que permite, por su gratuidad, que todos puedan acceder a ella, se hace realidad lo sostenido por aquellos jóvenes universitarios de Córdoba hace 100 años cuando proclamaban: “Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” (Manifiesto Liminar, 1918, párr. 1).
Para concluir, en un momento de nuestra historia nacional en que algunas voces atentan contra este derecho, aunque enmascaran su discurso en otras consideraciones, que invitan a pensar en perspectivas clasistas y/o elitistas, permítasenos citar a Juan Carlos Tedesco, cuando al recibir en el año 2014, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Martín afirmó “Una educación justa se hace con educación de calidad y para todos” (Universidad Nacional de San Martín, 2014).
Y sin lugar a dudas la justicia es un valor que los hombres y mujeres de bien defienden como parte inescindible de toda democracia y que como se ha visto al iniciar este trabajo, es sustentado por nuestra Carta Magna.
Referencias
Bustamante, N. (1985). Debate parlamentario sobre la Ley Avellaneda. Buenos Aires: Solar.
Constitución de la Nación Argentina: publicación del Bicentenario . (2010). Buenos Aires: Corte Suprema de Justicia, Biblioteca del Congreso de la Nación, Biblioteca Nacional.
Decreto Ley N° 29.337. (22 de noviembre de 1949). Obtenido de http://www.undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/13382.pdf
Manifiesto Liminar. (1918). Obtenido de Universidad Nacional de Córdoba: https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-liminar
Universidad Nacional de San Martín. [UNSAM, San Martín]. (2014, agosto 29). Juan Carlos Tedesco: “Una sociedad justa se hace con educación de calidad y para todos”. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Zrth8Ng6nuI
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