Idalgo, J. U. (20 de diciembre de 2023 – 19 de junio de 2024). La lucha de la Coordinadora Interfabril de La Matanza contra el Pacto Social del tercer peronismo (junio-julio de 1975).

Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 7(2), 45-96.  https://doi.org/10.54789/am.v7i2.3 

La Matanza y su historia

La lucha de la Coordinadora Interfabril de La Matanza contra el Pacto Social del tercer peronismo (junio-julio de 1975).

The struggle of the Coordinadora Interfabril from La Matanza against the Social Pact of the third peronism (june-july 1975)

Juan Uriel Idalgo[*]

Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia Política, San Justo, Argentina.

Recibido en 27/04/2023

Revisado en 07/11/2023

Aceptado en 06/12/2023

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo describir el rol de las Coordinadoras Interfabriles; más precisamente, el caso de la Coordinadora Interfabril de La Matanza durante junio y julio de 1975. A dicho objeto, se presentan algunas de las diferentes posturas ideológicas dentro de la Coordinadora, el enfrentamiento con la burocracia sindical por hegemonizar la dirección del movimiento obrero y la relación con el Estado durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. En definitiva, entendiendo a las Coordinadoras como organizaciones políticas de las bases obreras, se busca reconstruir su participación durante el “rodrigazo” en función de sus relaciones internas, sus disidencias con la dirigencia gremial y su posición ante el gobierno.

Palabras-clave: coordinadora interfabril, La Matanza, Pacto Social, rodrigazo.

Abstract

The objective of this research is to describe the role of the Cordinadoras Interfabriles; more precisely, the case of the Coordinadora Interfabril de La Matanza during June and July 1975. To this end, some different ideological positions within the Coordinadora are presented, the confrontation with the union bureaucracy to hegemonize the leadership of the labor movement, and the relationship between the Coordinadora and the State during the government of Isabel Martínez de Perón. Understanding the Coordinadoras as political organizations of the working class, we seek to reconstruct their participation during the “rodrigazo” based on their internal relations, their dissidence with the union leadership and their position against the government.

Keywords: coordinadora interfabril, La Matanza, Social Pact, rodrigazo.

La lucha de la Coordinadora Interfabril de La Matanza contra el Pacto Social del tercer peronismo (junio-julio de 1975)

Introducción

Esta investigación tiene como objetivo describir el rol de la Coordinadora Interfabril (CI) de La Matanza durante el tercer peronismo, más precisamente, en el periodo de junio y julio de 1975. Esta etapa se caracterizó por la alta conflictividad social, pues los límites del Estado de Bienestar decantaron en un ajuste que deterioró el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese contexto, surgió el plan de ajuste conocido como el “rodrigazo”, el cual tenía como propósito combatir la aceleración inflacionaria pero sin modificar las estructuras productivas. Para ello se devaluó la moneda un 160% para el tipo de cambio comercial y de 100% para el financiero; se llevó a cabo un reajuste tarifario para tratar de reducir el déficit fiscal, produciendo aumentos de hasta un 181% en naftas y un 75% en transportes; a la vez que se ajustaron las tasas de intereses (Rapoport, 2000). Además, se anularon las negociaciones paritarias.

En toda comunidad política prima una conjunción de ideas hegemónicas que permiten la centralización del poder. Estas ideas son sobre la cultura, la ideología y la racionalidad política-económica (Idalgo, 2022). Sin embargo, estas ideas no son permanentes, por eso las relaciones sociales resultan conflictivas entre las clases sociales, siendo el Estado el garante de las relaciones capitalistas por medio de mediaciones que representan a la ciudadanía, a lo popular y a la nación para enlazar el poder del Estado y los habitantes de este (O´Donnell, 1977).

Para explicar los vínculos de la CI, por un lado, entendemos a la ideología como la representación imaginaria de las condiciones materiales de existencia que realizan los sujetos de clase (Althusser, 2005); y por otro, se concibe a la hegemonía como el ejercicio de una clase fundamental, que tiene como fin la integración de las diversas clases bajo un liderazgo intelectual (Gramsci, 2004), esto se presencia en el intento de retomar una alianza policlasista para establecer el orden.

Existen varios antecedentes sobre la relación entre Estado y la clase obrera, aquí nos interesan aquellos que parten desde los orígenes del capitalismo. Por ejemplo, Marx (2008) interpreta a la actividad política como una variable dependiente de la economía, representando a las clases como elementos con diversas conciencias que configuran intereses y estrategias políticas. Desde el marxismo también se concibe al Estado como resultado de los antagonismos de clase, siendo la ideología de una de ellas la que coopta el poder estatal (Engels, 1972).

Por otra parte, Gramsci afirma que la clase dominante es la que posee la capacidad de presentar sus intereses como los del conjunto total de un Estado (Portelli, 1989). Así, las fábricas, como centros de organización para las bases obreras, se convierten en un elemento central para la transformación de la sociedad, pues el control de la producción está ligada a las necesidades reales de la clase obrera lo que modifica el escenario político (Gramsci, 2004).

Por tanto, esta investigación busca responder: ¿de qué manera influyó la presencia de la CI, durante el “rodrigazo”, en las disputas por la hegemonía dentro de la clase obrera? y ¿cómo fue su participación en las jornadas de lucha de junio-julio de 1975?

El desarrollo de la crisis estudiada nos permite presentar la hipótesis de que las CI expresaron la incapacidad del Estado por hegemonizar al movimiento obrero por medio de la imposición del Pacto Social. Todo esto en un contexto de escasa representación gremial con una cúpula sindical caracterizada, desde ciertos sectores pertenecientes a las CI, como “una capa burguesa del proletariado, parcialmente desclasada, que juega el papel de intermediario tolerado por el capital, en su lucha contra la clase obrera” (Löbbe, 2009, p. 42). Esto sumado al agotamiento de la alianza policlasista, representó una crisis de hegemonía por parte del peronismo al interior de la clase obrera que se expresó en una pérdida de apoyo generalizada hacia el gobierno nacional. Sin embargo, las CI, frente al reposicionamiento de la dirigencia gremial en el gobierno, estuvieron lejos de representar una alternativa política sólida.

El trabajo se divide en tres secciones. La primera de ellas busca describir el derrotero de la clase obrera previo al desarrollo de las CI. En este sentido, se parte desde la proscripción del movimiento peronista, es decir, desde 1955 hasta 1973; asimismo, se describen hechos trascendentales que promovieron el retorno del peronismo al poder. La segunda sección, presenta algunas concepciones provenientes de la academia sobre el “rodrigazo” y sobre el rol de las CI durante este proceso. La tercera sección contiene el análisis sobre el rol de las CI en función a algunos de los debates internos a la organización obrera de base; sobre su participación en las disputas por la hegemonía de la clase obrera frente a la burocracia sindical; y consecuentemente, se incluye el análisis de su postura opositora al gobierno nacional. Finalmente, se presentan las conclusiones generales sobre el análisis de esos tres tópicos.

Nuestro análisis se basó, en primer término, en entrevistas con exdirigentes y militantes de las coordinadoras. Las mismas tuvieron como objeto recolectar, desde las historias de vida de los protagonistas, algunas características de los elementos organizativos, experiencias personales en torno a la organización de base y la comprensión del proceso político en general. Los entrevistados respondieron preguntas abiertas sobre el contexto y la organización. Con respecto a las respuestas recolectadas, las mismas serán presentadas como productos de experiencias particulares relacionadas a concepciones políticas claras, por lo que las mismas no pretenden ofrecerse como generalizaciones sino como visiones sobre el fenómeno político que influyó en la formación de la CI.

En segundo término, proponemos el análisis de documentos tales como material de prensa de diferentes espacios que participaron en la organización y volantes de las diferentes CI. Estos elementos fueron seleccionados porque representan la expresión de los sectores organizados de las bases obreras participantes de aquel organismo de base.

    El camino al Plan Rodrigo            

Proscripción y resistencia obrera

Para entender el proceso que desencadena en el “rodrigazo”, consideramos necesario partir desde la proscripción del peronismo que duró desde el año 1995 hasta 1973. Este periodo es ponderado porque se buscaba mermar el posicionamiento privilegiado que tuvo la clase trabajadora dentro de la estructura social con la adquisición de nuevos derechos y el rol político de los sindicatos durante los años del Estado de Bienestar. Esto permitió ponderar la mediación popular del Estado. No obstante, la proscripción supuso el fin de ese rol debido a una fuerte represión hacia las organizaciones obreras independientes, a la persecución hacia la ideología peronista y al sometimiento o cooptación de la dirigencia gremial. Esto produjo la necesidad de plantear nuevas estrategias y métodos de lucha para enfrentar a las políticas de los diferentes gobiernos durante la proscripción.

Desde el golpe de 1955 se evidencia el deseo de los sectores de poder por frenar la influencia política de los trabajadores. Por ejemplo, la “Revolución Libertadora”[1] optó por intervenir la Confederación General del Trabajo (CGT) por decreto, eliminó al Partido Justicialista (PJ), prohibió a sus miembros y a quienes habían sido parte de la representación desde 1952 en algunos gremios, trabajar en el Estado (Tcach, 2003).

Luego del fracaso de la “Revolución Libertadora”, Perón desde el exilio y Frondizi como representante de la Unión Cívica Radical Intransigente -sector del radicalismo más conciliador con el peronismo- llegaron a un acuerdo en el cual Perón le brindaría su apoyo a la candidatura del líder radical a cambio de que este se comprometa a devolver la legalidad del PJ y eliminar las presiones sobre la CGT. Así, Frondizi contó con gran apoyo del peronismo en las urnas, lo que le permitió derogar las inhabilitaciones gremiales, conceder un aumento salarial del 60% y autorizar el control sindical de las obras sociales (Tcach, 2003).

Pero en 1959 Frondizi llevó a cabo un plan de estabilización que redujo el gasto público, liberalizó precios de la economía y puso límites a los aumentos salariales. Esto provocó una amplia protesta por parte de los sindicatos, a la vez que se dio un incremento de las huelgas, los sabotajes y la militarización de los conflictos. Un claro ejemplo de estos conflictos es el caso del frigorífico Lisandro de la Torre, que luego de ser tomado por sus trabajadores fue ocupado por las fuerzas del ejército (Tcach, 2003). En 1960 Frondizi excluyó al peronismo de las elecciones parlamentarias lo que motivó un alejamiento con el líder peronista. No obstante, ante la presión del peronismo, se levantó la proscripción en 1962, hecho que aumentó la antipatía de los militares por Frondizi pues este subvertía el fundamento antiperonista de la Revolución Libertadora, por lo que éste debió renunciar.

Entre 1963 y 1966 Arturo Illia fue quien llevó las riendas de la política nacional. En materia sindical, el gobierno pretendía la modificación de la ley de asociaciones profesionales para eliminar la hegemonía peronista en los sindicatos. En respuesta, muchas fábricas fueron ocupadas por sus trabajadores y se apeló a la retención de sus directivos (Berlochi, 2013).

En junio de 1966, Illia sería derrocado por la autodenominada “Revolución Argentina” respaldada por la burguesía nacional, el peronismo e incluso algunos sindicatos (Berlochi, 2013). La destitución del Parlamento, de la Corte Suprema de Justicia y la prohibición de todos los partidos políticos abrió un nuevo derrotero para la protesta social.

Varios dirigentes gremiales, entre ellos Vandor y Prado, asistieron a la jura de Onganía, lo que demostraba que el nuevo gobierno contaba con el apoyo de los burócratas sindicales, presentándolos como únicos interlocutores reconocidos por el Estado para las negociaciones laborales (Golbert, 2010).

Para esos años, desde las bases habían surgido dirigentes que esgrimían consignas más allá de las directivas de los gremios. Entre ellos destacan Raimundo Ongaro, Julio Guillán y Agustín Tosco (Tarcus, 1999). Luego del Congreso Normalizador de la CGT, las diferentes posturas dirigenciales llevaron a la ruptura de la central obrera. En consecuencia, para 1968 se crea la CGT de los Argentinos (CGTA), encabezada por Ongaro, que ofreció un nuevo espacio de organización y representación.

En mayo de 1969, la movilización de los industriales cordobeses, a la que adscribieron estudiantes y sectores medios, logró ocupar la ciudad de Córdoba y se debió utilizar la fuerza del ejército para intentar retomar el control de ésta. Así comenzó a desarrollarse el “cordobazo”[2]. Durante este conflicto, los obreros cordobeses convocaron a un paro frente al derecho patronal de aplicar reducciones salariales. La tensión aumentaría cuando el gobierno nacional decidió la derogación del sábado inglés, lo que devino en una convocatoria a un paro de 48 horas decidida en asamblea, la misma fue reprimida por las fuerzas policiales (Tarcus, 1999). Posteriormente, tanto la CGTA como las 62 organizaciones[3], convocaron a un paro para el 16 de mayo.

El 21 de mayo de 1969, el centro del movimiento se situó en torno a las protestas del “rosariazo”[4]. Miles de estudiantes, obreros y vecinos lograron ganar las calles superando el control de las fuerzas represivas. Rosario fue declarada como “zona de emergencia” por el General Fonseca leal a Onganía (Ongaro, Scipione y De Luca presos, 1969, p. 5). Las protestas se diluyeron luego de que el ejército recuperó la ciudad y juzgó a varios militantes bajo tribunales militares.

Mientras tanto, las regionales cordobesas buscaban que las direcciones nacionales convocaran a un paro de 48 horas para el día 29 y 30 de mayo. En Córdoba se decretó el paro activo de 37 horas el 29 de mayo: “los trabajadores, al ir abandonando sus lugares de tarea, iban engrosando dos gruesas columnas […] se les iban sumando estudiantes, empleados, mujeres” (Ongaro, Scipione y De Luca presos, 1969, p. 5). El asesinato de un obrero de IKA-Renault devino en enfrentamientos con la policía, se levantaron barricadas y se resistió a la represión. El nivel de agitación social y la organización de los combates callejeros obligaron a la policía a replegarse, dejando prácticamente la ciudad en manos de los manifestantes: “Se adueñaron de la ciudad. Fueron dueños de lo que era de ellos” (Ongaro, Scipione y De Luca presos, 1969, p. 5).

Posteriormente, el ejército intentó recuperar la ciudad, pero la resistencia no mermó, llegando incluso a apostar francotiradores en los techos. El 30 de mayo, el paro concluyó y desde esa madrugada el ejército logró hacerse con la ciudad. Luego, varios dirigentes sindicales y estudiantiles fueron detenidos y los locales de SMATA y Luz y Fuerza allanados (Tarcus, 1999).

Estas protestas, sumadas a la aparición del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1970 y el asesinato de Aramburu en manos de Montoneros[5], debilitaron al gobierno de Onganía, quien tuvo que presentar su renuncia para dar lugar a la asunción de Roberto Levingston.

En el año 1970, estalló otro conflicto en torno al cordón industrial cordobés. Los reclamos se originaron en FIAT por el despido de un grupo de activistas y se prolongaron por la falta de una salida política del gobierno a los reclamos obreros. Esto sumado a la decisión de Levingston de poner un tope de 19% a las negociaciones paritarias y a las provocaciones del gobernador contra los trabajadores de su provincia, crearon un clima de tensión signado por protestas y manifestaciones callejeras conocido como el “viborazo”[6] (Aguirre, 2001). La toma de establecimientos, el levantamiento de barricadas y las asambleas volvieron a utilizarse como estrategias de las bases obreras. Los enfrentamientos con la policía provocaron el asesinato de un obrero, lo que extendió las medidas de fuerza con apoyo de la CGT cordobesa.

Ante los acontecimientos, el gobierno de Levingston se desprestigió dando paso a la asunción de Lanusse quien buscó una transición política respaldada en las Fuerzas Armadas y las diferentes fuerzas políticas. A este proyecto, se lo conoció como el Gran Acuerdo Nacional (GAN) y tenía como objetivo frenar la agitación social. Para mayor concertación, Lanusse levantó la proscripción del peronismo, habilitó al resto de los partidos políticos y convocó a elecciones. A partir de ese momento, el sindicalismo peronista, sobre todo la burocracia cegetista, fue el medio por el cual el peronismo buscó encauzar al movimiento obrero sostenido en el Pacto Social.

El retorno del peronismo

En mayo de 1973, Cámpora es elegido presidente como representante del peronismo. Si bien el nuevo gobierno supuso una renovación política frente a la proscripción, los gobiernos tutelados y a los gobiernos militares, durante este periodo se intensificaron las medidas tendientes a reprimir los conflictos obreros. El 8 de junio de 1973 se firmó el Pacto Social, un plan económico propuesto por el ministro de economía Gelbard que tenía como objetivo la concertación entre la Confederación General de Empresarios (CGE), la CGT y el Estado para crear una nueva hegemonía política luego de tantos años de inestabilidad. Con la firma de este acuerdo, la central obrera volvía a establecerse como un actor político autónomo de importancia.

En cuanto a las medidas económicas, el pacto suponía la anulación de los acuerdos paritarios, la herramienta de presión por excelencia de los gremios organizados. Varias corrientes de izquierda marxista y de la izquierda peronista, que posteriormente conformarán a las CI, cuestionaron este acuerdo. Por ejemplo, desde Montoneros se sostenía que “el Pacto Social no resuelve el problema de la redistribución del ingreso, que hace 18 años perjudica a los trabajadores –y todavía sigue sin favorecerlos–, sino que estos no están representados en este pacto” (¿Qué pasa con el Pacto Social?, 1973, p. 3). De esta manera, se reconocía la inexistencia de cambios sustanciales en las relaciones trabajo-capital en comparación con los años de proscripción, a la vez que se cuestionaba la representación de la central obrera.

Por otra parte, el peronismo de base rechazaba la composición burguesa del gobierno y la escasa representación de la cúpula sindical frente a un acuerdo que no contaba con el beneplácito de toda la clase trabajadora. Así, el Pacto Social era concebido como un “instrumento creado por patrones (Gelbard) y burócratas (Rucci-Otero), sin representación de la clase obrera” (Peronismo de Base de Córdoba, 1974, p. 1).

Mientras se buscaba imponer el pacto al conjunto de la sociedad, el movimiento peronista preparaba el retorno de su máximo líder al país. La renuncia de Cámpora y el llamado a elecciones para el 23 de septiembre de 1973 permitió el regreso de Perón a la presidencia con la fórmula Perón-Perón[7].

Consideramos fundamentales tres hechos para la comprensión de los acontecimientos. Primero, la ruptura del ala izquierda del movimiento peronista con el gobierno. Segundo, las huelgas de las grandes metalúrgicas situadas en Villa Constitución en abril de 1974. Finalmente, la muerte de Perón.

En primer lugar, el 1 de mayo de 1974, las columnas de Montoneros y la Juventud Peronista (JP) le cantaron a Perón “¿qué pasa, qué pasa, que pasa, general?, está lleno de gorilas el gobierno popular” (Jonysniuk, 2012), hecho que motivó una dura respuesta de Perón, quien, con López Rega a su diestra –ministro de Bienestar Social– respaldó a la burocracia sindical y al ala derecha peronista en detrimento de los sectores revolucionarios, los cuales abandonaron la Plaza de Mayo y desde entonces tomaron una postura crítica frente al gobierno[8]. En esos años, el ala derechista del movimiento había comenzado una campaña contra el sector revolucionario del movimiento utilizando métodos tanto legales como ilegales.

Como afirma Bezoky (2016):

Las organizaciones de la derecha peronista como la Juventud Sindical Peronista (JSP), la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) y el Comando de Organización (CdeO) junto a publicaciones como El Caudillo, Primicias Argentinas, Patria Peronista y Las Bases, apoyaron el afán depurador y anticomunista de los funcionarios peronistas. Los años 1973 y 1974 fueron testigos del avance incontenible de la derecha peronista en los cargos del gobierno, desde el gabinete nacional hasta las diversas administraciones provinciales y demás instituciones públicas. […] organizaciones como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y sectores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumaron su accionar a la violencia paraestatal de la Alianza Anticomunista Argentina […] conducida por el ministro de Bienestar Social José López Rega y miembros de la Policía Federal. (p. 202)

En segundo lugar, en Villa Constitución tendría lugar el “villazo”, la huelga general organizada por las bases metalúrgicas. Este proceso de lucha se dio luego de la convocatoria para normalizar la seccional del gremio en 1974. El movimiento “estuvo dado por la presión ejercida por las bases y comisiones internas y cuerpos de delegados sobre la intervención para la renovación del cuerpo de delegados e internas de Acindar y Marathon” (Comité de Lucha de Villa Constitución, 1974, p. 2). En Acindar fueron “elegidos 14 delegados, uno solo ganado por la burocracia”, por lo que “la intervención suspende las elecciones en el resto de las secciones” (Comité de Lucha de Villa Constitución, 1974, p.2). Para el 8 de marzo, fueron expulsados cuatro miembros de la comisión interna y siete delegados lo que devino en el posterior conflicto (Werner y Aguirre, 2007). Acindar y Marathon declararon la huelga con toma de fábrica, luego de resolverlo en asamblea. “El paro se extendió a toda la zona y recibió la solidaridad de los trabajadores de todo el país” (Comisiones Internas, cuerpos de delegados y asamblea de trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, 1974, p. 1). Los nuevos dirigentes combativos y los nuevos métodos de acción y protesta, asambleas masivas resolutivas, toma de fábricas, piquetes con barricadas y toma de rehenes-, sumado a la solidaridad de otras fábricas, hicieron que la patronal, el gobierno y la burocracia sindical debieran ceder al reclamo de elecciones en la seccional. Esta experiencia, a pesar de ser brutalmente reprimida por el gobierno, representó el inicio de la coordinación y solidaridad entre diferentes fábricas de todo el país para enfrentar la represión y a la burocracia en los gremios. El movimiento sería derrotado en marzo de 1975 cuando desde el Estado se ordenó la intervención de la seccional Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución y la detención de sus dirigentes.

Finalmente, la muerte de Perón el 1 julio de 1974 repercutió gravemente dentro del movimiento en tanto simbolizó un vacío en la dirección política y amplió la lucha entre la izquierda y la derecha peronistas por ocupar ese vacío de hegemonía en su interior.

El 4 de octubre de 1974, Gelbard, quien era resistido por parte del gobierno, presentó su renuncia. Mientras sectores de la izquierda marxista denunciaban lo endeble del Pacto Social, pues la incapacidad del gobierno para negar aumentos a algunos gremios con gran poder de negociación o cercanía a él fundamenta el reclamo del resto de los asalariados, caracterizando al acuerdo como “una formalidad, sin una vigencia real” (¿Adónde marcha la economía?, 1974, pp. 14).

El 21 de octubre Gómez Morales asumió la cartera en economía, quien desafiando al Pacto Social aseguró que “la Gran Paritaria se reunirá lo antes posible sin fijar fecha” (Gómez Morales, nuevo Ministro de Economía, 1974, p. 1).

Este tipo de expresiones del ministro le costarían el rechazo de muchos miembros del gobierno, pues desafiaban sus intentos de construcción hegemónica. En mayo de 1975, Gómez Morales presentó su renuncia luego de finalizar las convenciones paritarias. En su reemplazo juró Celestino Rodrigo, promotor del “Plan Rodrigo”, que desencadenó en el rechazo total del movimiento obrero y las jornadas de junio y julio de 1975, que tuvieron, como a una de las grandes protagonistas, a las CI de Capital y Gran Buenos Aires.

El debate sobre “el rodrigazo” y las CI

Según James (2013) el pragmatismo institucional de los sindicatos en Argentina permitió una integración asociada al desarrollo del capitalismo. No obstante, luego de la muerte de Perón, las relaciones entre el Estado y el sindicato se caracterizaron por ser poco armoniosas. Por su parte, Torre (1989) presenta al sindicalismo limitado por la mediación estatal, ya que su función reivindicativa y las obligaciones que surgían de su incorporación al Estado entraban en disputa. Así, la absorción del sistema político por parte del Estado supone severas limitaciones para el sindicalismo.

Ambos trabajos analizan el “rodrigazo” enfocados en el estudio de actores institucionalizados, relegando del balance la participación de las CI como organizaciones de base, restando relevancia a las luchas antiburocráticas y a la flaqueza de la alianza policlasista. En otros términos, no otorgan demasiada importancia al rol de las CI.

Estos estudios presentan los hechos en base a la espontaneidad, ignorando la acumulación de experiencias de una facción de la clase obrera, aquella que conforma a nuestro objeto de estudio. Y si bien, la escasa representación de la burocracia sindical frente a la clase obrera se presenta como un motivo de ruptura al interior de la clase (James, 2013) y se menciona una tendencia antiburocrática entre las bases (Torre, 1989), no se les concede demasiada importancia en los acontecimientos. En la misma línea, Jelin (1978) simplifica en extremo los hechos al clasificarlos como el producto de una lucha interna al peronismo que desencadenó en una movilización espontánea y masiva.

Desde otra perspectiva, Cotarelo y Fernández (1998) dividen los hechos en virtud de las facciones sociales que participaron, los alineamientos en relación con la lucha, las formas que asumió la misma y su organización. El primer periodo abarca del 2 al 27 de junio, y sigue el proceso de lucha por el establecimiento de la huelga general. El segundo periodo, que se enmarca del 27 de junio al 7 y 8 de julio, se concibe en torno al desarrollo de la huelga general. Este análisis es valioso en cuanto elimina la posibilidad de concebir a los hechos de manera espontánea y presenta un método mucho más conciso.

Izaguirre y Aristizábal (2002) afirman que las huelgas de junio y julio se caracterizan por una marcada heterogeneidad dentro de la clase obrera, la cual se traduce en relaciones, jerarquías, territorios, diferentes formaciones de los trabajadores, en las composiciones orgánicas de las actividades que desarrollaban y en la heterogeneidad propia de la burguesía a las cuales se aliaron. En su balance, sostienen que trabajos como los de Torre (1989) y Jelin (1978) no lograron una categorización adecuada de los conflictos que permita vislumbrar las disputas internas de las facciones del movimiento obrero.

A diferencia de los enfoques institucionalistas, los análisis clasistas presentan una apreciación diferente del proceso y otorgan relevancia a las CI. En función al hecho social, el mismo suele ser caracterizado como parte de una etapa que se abre con el “cordobazo” y finaliza con el golpe de 1976 (Löbbe, 2009), representando así una derrota parcial por parte del gobierno y de la burocracia sindical frente al avance organizacional de las bases fabriles (Colom y Salomone, 1998). Por tanto, las jornadas de junio y julio son expresadas como una situación propia de las masas que desborda los canales institucionales (Cotarelo y Fernández, 1998), pues se asiste a un cambio en las demandas obreras acompañado de un cambio en la metodología de acción (Werner y Aguirre, 2007).

En definitiva, desde el clasismo, el “rodrigazo” es entendido en el marco de una rebelión de las masas obreras que inicia en detrimento de las cúpulas sindicales y que expresa la crisis del peronismo (Castillo, 2004), siendo así parte de procesos propios de la lucha de clases (Chirico, 2013). Desde esta investigación se comprenderán los hechos como un proceso de acumulación de experiencias de la clase obrera que desemboca en las jornadas de junio y julio de 1975.

Sobre la caracterización de las CI, Colom y Salomone (1998), entienden su surgimiento en virtud de la escasa participación sindical que existía por los medios tradicionales, por tanto, subrayan el carácter antipatronal y antiburocrático de la organización. Presentan estas características como producto de la pérdida de capacidad del sindicalismo para brindar cohesión social y como consecuencia del alejamiento ideológico de las bases respecto al peronismo.

Para Cotarelo y Fernández (1998) las jornadas del “rodrigazo” presentan la existencia de una huelga “de hecho”, expresada a través de las CI, que superó los canales institucionales y debió ser reconocida por la cúpula gremial. Por tanto, exponen dos tendencias dentro de la clase obrera: la de quienes desean la superación del sistema de relaciones sociales vigentes, las bases representadas en las CI y quienes pretenden el mantenimiento de su posición dentro de una alianza policlasista, la burocracia sindical.

Chirico (2013) destaca la organización zonal de las CI como acicate de la confluencia de activistas de diferentes establecimientos productivos, eliminando toda posibilidad de comprender al “rodrigazo” como una expresión espontánea y propia de una disputa peronista.

Löbbe (2009) presenta el caso de la CI de Zona Norte como un intento por crear un frente revolucionario, caracterizando a las CI como embriones de doble poder que disputan con la patronal el control de la producción y representan una alternativa política a la burocracia sindical.

En una línea similar, Werner y Aguirre (2007) presentan a las CI como un doble poder fabril que sobrepasó incluso los límites de las fábricas y los gremios para coordinar su participación en la huelga general. Así, vinculan su surgimiento con la necesidad de un alejamiento de la clase obrera con respecto al peronismo. Sin embargo, afirman que la experiencia se estancó debido a carencia de un partido revolucionario con una estrategia adecuada para orientar ese doble poder y la falta de conciencia política revolucionaria en la clase dirigente.

El balance de Werner y Aguirre (2007) será objetado por Löbbe (2009) quien, en primer lugar, entiende que los autores se precipitan hacia una simplificación y esquematización de los acontecimientos debido a su intento de ponderar la acción del clasismo y de una tendencia ideológica específica.

En segundo lugar, Löbbe (2009) afirma que, debido a la inexactitud de su análisis Werner y Aguirre (2007) desconocen los distintos grados de conciencia política de la clase trabajadora, hecho que le resta un elemento explicativo, pues esto los lleva a entender el fenómeno según la capacidad de la clase obrera para enfrentar a la burguesía. Además, omiten el rol de la burocracia sindical en el estancamiento de la experiencia, reduciendo la dimensión del reto.

En tercer lugar, Löbbe (2009) dice que el balance presentado sobre las estrategias de la izquierda en los setenta resulta endeble ya que la gran parte de los documentos y publicaciones presentes en el análisis son previos al “rodrigazo”.

En cuarto lugar, cuando Werner y Aguirre (2007) realizan críticas a los partidos y organizaciones que se desarrollaban en torno de las CI, acusándolas de militaristas, reformistas y centristas, Löbbe (2009) afirma que expresan una interpretación desfasada de los acontecimientos, pues ignoran cómo esas cuestiones eran ponderadas por sus protagonistas.

Finalmente, Löbbe (2009) rechaza la hipótesis final de Werner y Aguirre (2007), quienes concluyen que el proletariado habría realizado las acciones revolucionarias necesarias pero que ha fracasado debido a las direcciones políticas que poseían. Esta hipótesis plantea que la derrota del proceso revolucionario no dependería de la conciencia revolucionaria de las masas, ni de las condiciones objetivas para una revolución, sino de la incapacidad de las direcciones políticas.

La Coordinadora Interfabril de La Matanza en las Jornadas de junio y julio de 1975

Organización y debates al interior de la CI.

Para poder entender el papel que desarrolló la CI durante el “rodrigazo” describiremos, en base a datos recolectados por medio de entrevistas y de documentos partidarios y de las CI, las características de esta organización de base. En este sentido, se prioriza de qué manera se decidían y organizaban las acciones desde la organización de base, lo que permite abordar algunos de los debates ideológicos a su interior.

Las CI surgieron de las asambleas en los espacios de trabajo y posteriormente fuera de ellos y su objeto inicial era reclamar la homologación de los convenios de trabajo y la vigencia de la ley n°14.250. Por tanto, las asambleas, que principalmente respondían al tratamiento de problemas específicos de una fábrica, posteriormente expandieron su alcance como una herramienta fundamental para las estrategias de la clase obrera. Luego, las asambleas y los paros se unificaron con reclamos de la comunidad, y la organización orientó sus consignas con independencia de los gremios (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975).

Sin embargo, en los plenarios de las CI el voto sobre las medidas discutidas no era extensivo a todos los participantes, pues éste era reservado exclusivamente para quienes tenían mandato de las bases (Werner y Aguirre, 2007).

En el caso de La Matanza, los conflictos desarrollados en torno a las metalúrgicas de la zona sentaron las bases de una democracia fabril que posteriormente se extendió fuera de los establecimientos en forma de solidaridad hacia los trabajadores que se enfrentaban a la patronal y a las direcciones sindicales. El conflicto en Santa Rosa es el ejemplo del cambio de paradigma en el dirigente gremial de la zona, pues allí, desde fines de los años sesenta, como nos cuenta Carlos (exmiembro delegado de Santa Rosa en esos años, miembro de la agrupación Mussy-Retamar y de la CI de la Matanza) se comenzó a realizar un “trabajo de poder […] a suplantar a los delegados actuales que habían en ese momento en las fábricas, porque los jóvenes considerábamos que había que darle un vuelco al sistema que había en las fábricas” (Carlos, ‎2021). Un conflicto, que paralizó la empresa por 26 días (Medina, 2017), permitió crear vínculos con otros militantes de base opuestos a la dirigencia de la UOM Matanza. En palabras de Carlos:

En Santa Rosa, de a poco ganamos el cuerpo de delgados, logramos estar en la comisión interna. Era algo espectacular porque hacer asambleas frente a 1500, 1200, 2000 trabajadores […] después empezamos a tomar contacto fundamentalmente con Martín Amato… me acuerdo que estaba una comisión interna donde estaba Emilio Tomassin que fue el compañero desaparecido en el 77. En Cegele desapareció el compañero Rizzo que era uno de los referentes justamente de la Coordinadora. (Carlos, 2021)

Eduardo, quien durante ese periodo fue responsable político de la regional noroeste (Ford-Mercedes Benz) como miembro del PRT y extrabajador de Cantábrica y Siam, destaca la importancia de los conflictos en la zona pues reconoce que “en el caso de Martin Amato, tenían un grupo de compañeros esclarecidos, entendemos nosotros, que si había tomado conciencia” (Eduardo, ‎2021).

En esto también influyó el conflicto en Insud en 1974: “había que llevar solidaridad a ese conflicto que tuvieron los compañeros mucho tiempo con una olla popular en la puerta de la fábrica, fue un conflicto muy largo” (Eduardo, ‎2021).

Esta solidaridad encontró una expresión más amplia como organización con el conflicto de Villa Constitución. La intención era impedir la incomunicación de los reclamos de base, por eso los metalúrgicos de La Matanza acordaron brindar su apoyo a sus pares santafesinos de diversas maneras. Carlos, nos relata una anécdota relacionada a esto, donde se deja ver cómo la solidaridad buscó romper el aislamiento provocado por la represión estatal y paraestatal:

En Santa Rosa se logró en esa época juntar un millón y pico de pesos, ¡era un montón de plata!, para mandar justamente a Villa Constitución cuando había ido la intervención y que López Rega hizo desastres en esa época. La acción solidaria fue muy fuerte, recuerdo que esa plata que se juntó de forma voluntaria con todos los trabajadores de fábrica, la llevaron en un cochecito tres compañeros… entre ellos “el perro” Mol de Santa Rosa […] hasta que pudieron entregar la plata no sabes todo lo que pasaron porque, por un lado, había mucha vigilancia pero, por otro lado, como la misma gente de la localidad los protegía […] hasta que alguno  los reconoció dieron vuelta a lo loco porque nadie les quería decir, preguntaban por ‘Picci’ [Se refiere a Alberto Piccinini referente de la huelga de Villa Constitución], por varios, pero no podían dar con ellos. (Carlos, ‎2021)

Sobre esto Carmelo Affatato, dirigente de Martin Amato y reconocido referente de las CI, sobre todo en la organización de la solidaridad del conflicto de Villa Constitución, recordaba que:

Las comisiones internas y los cuerpos de delegados agrupados en lo que era la coordinadora sindical habíamos convocado a un acto de repudio por esos hechos y de manifestación de solidaridad con los compañeros de Villa Constitución en día 4-4-1975. Se convocó ese acto en la Plaza de San Justo. Yo salí de fábrica encabezando la movilización. Llegamos a los alrededores de la plaza de San Justo y ya en la calle Arieta y Mendoza, nos interceptaron y empezaron a reprimir a todos los compañeros. (Affatato, 1997, p. 31)

Las medidas de solidaridad con este conflicto impulsaron una coordinación entre las metalúrgicas de la zona que posteriormente comenzó a abrir relaciones con diferentes ramas de la producción en el municipio de La Matanza.

Esto que se fue desarrollando de la solidaridad entre las propias fábricas de la zona, también se terminó desarrollando con otros sindicatos. Como en el tema del calzado, nosotros hemos estado en asambleas en Mercedes Benz, mira lo que hacíamos cuando éramos pibes, no le teníamos miedo a nada porque si lo hubiéramos pensado un poco más en ese momento…porque era terrible ir a Mercedes Benz a hacer asambleas, no era fácil, mira que de ahí desaparecieron comisiones internas casi enteras, pobrecitos los pibes… pero hicimos una buena coordinadora. (Carlos, 2021)

La solidaridad de los reclamos permitió englobar a dirigentes de diferentes sectores de la producción. La tabla 1 nos muestra los establecimientos productivos de la zona que llegaron a participar de las actividades desarrolladas por la CI de La Matanza.

Tabla 1

Establecimientos que participaron de la CI Matanza, por cantidad de empleados, ubicación y rama de la producción.

Nota: Elaboración propia. Fuente: Werner y Aguirre (2007)

Sumado a la solidaridad gremial, otro aspecto que permitió vincular los diferentes conflictos era la existencia de partidos políticos que relacionaban a diversos militantes obreros de distintos gremios bajo una lógica de acción política. De este modo, la presencia de partidos como el PRT y de agrupaciones como Montoneros permitió unir a militantes de varios establecimientos productivos bajo la consigna de la construcción de una coordinadora.

Daniel, extrabajador de Propulsora Siderúrgica, exmiembro del Comité Central del PRT-ERP[9], y miembro de la Coordinadora la Plata-Berisso y Ensenada, recuerda eso de la siguiente manera:

Nos vinculamos a decenas de fábricas a nivel de cuerpo de delegados […] en el oeste en Mercedes Benz más por el 74-75, en Martin Amato, en Santa Rosa, varias fábricas de La Matanza. Ahí por ejemplo hay una agrupación metalúrgica que se llama Emilio Tomassin que era el segundo dirigente de las Coordinadora Matanza…y el primero era de extracción socialcristiana [se refiere a Carmelo Affatato]. (Daniel, 2021)

Si bien los partidos permitían articular las acciones de sus militantes en los reclamos de base fabril, el signo partidario no definía el contenido del reclamo, pues los referentes de la CI Matanza eran tanto de extracción cristiana, como de la izquierda marxista y del peronismo de izquierda. Este aspecto resulta ser fundamental para su conformación como organización dentro y fuera de las fábricas. Avanzados los conflictos, el núcleo de gremios, cuerpos de delegados y comisiones internas, independientemente de sus orientaciones políticas tomarían decisiones conjuntas de gran relevancia, como la convocatoria de una huelga general con movilización el 3 de julio (De Santis, 2016).

Sin embargo, otra característica de las CI fue la falta de una dirección centralizada, cualidad que se debe, en gran parte, a esta heterogeneidad ideológica dentro de la organización. Con respecto a esto, Daniel expresó lo siguiente:

El 30 de junio en cierta forma espontáneamente, pero también impulsada por distintos sectores de las Coordinadoras, porque había varias Coordinadoras, no es que había una Coordinadoras central, había algunas reuniones, pero no había una dirección, estaba la Coordinadoras del oeste, la del sur, la del norte, la de capital…muchas fábricas, compañeros y compañeras, marchamos a la CGT planteando la necesidad de la huelga y la movilización general. (Daniel, ‎2021)

En este sentido, surge la siguiente pregunta: ¿por qué no se llegó a efectivizar una dirección centralizada dentro de la organización? Sobre esto podemos presentar al menos tres hipótesis. En primer lugar, la existencia de un fuerte aparato represivo estatal y escuadras parapoliciales que reprimían a los militantes gremiales; en segundo lugar, la heterogeneidad ideológica dentro de la organización; y, en tercer lugar, el hecho de que las CI no buscaban reemplazar las estructuras sindicales.

Con respecto a la existencia de un fuerte aparato represivo destinado a reprimir la actividad fabril, en el caso de la Matanza, Carlos nos relata sobre la desaparición de una militante de Fapesa y un compañero de Martin Amato en la localidad de Ramos Mejía, luego de una reunión para elegir representantes locales para el congreso de la UOM nacional:

Nosotros teníamos el cálculo claro, entre toda la UOM de La Matanza, que ese congreso lo ganábamos […] vino la policía, los milicos […] rompieron todo adentro […] se terminó el congreso […] ahí fue que desapareció la compañera que era delegada de fábrica de Fapesa, también llevaron presos a varios compañeros. (Carlos, ‎2021)

A nivel nacional, Daniel nos comenta que hubo “un intento de formar una coordinadora nacional en Tucumán, donde va Tosco, va Ongaro, Atilio Santillán de la Ford, pero por la gran represión […] fracasa el desarrollo, pero es un paso importante en la constitución de las coordinadoras” (Daniel, ‎2021).

Ahora bien, la represión no se limitaba a la violencia física legítima. Durante el tercer gobierno de Perón, se creó la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) órgano parapolicial que se ocupó de asesinar y hostigar a opositores en todos los ámbitos de la sociedad, la cual “fue comandada desde las oficinas de un ministerio del Estado a cuya cabeza se encontraba un hombre de la más alta confianza del presidente” (Werner y Aguirre, 2007, p. 486). Dentro de la burocracia sindical, Rucci, secretario general de la CGT, estuvo asociado a las bandas parapoliciales que operaban en las fábricas y en las universidades persiguiendo a la izquierda peronista y al marxismo. El asesinato de Rucci a manos de Montoneros, el 25 de septiembre de 1973, significaría que López Rega asumiría de pleno la conducción de la derecha peronista.

Evidentemente, la persecución y la represión representaron un obstáculo para formalizar a la organización pues dificultó el desarrollo de una estructura organizativa estable. Estas prácticas de terrorismo de Estado, con sistemas de listas negras realizadas por las patronales y la desaparición de gremialistas opositores, sentaron las bases para la posterior represión fabril encarada por la dictadura de 1976.

La represión, que imposibilitó las reuniones en los lugares de trabajo, paradójicamente permitió la trascendencia de la organización de los establecimientos productivos. Eduardo nos relató cómo se realizaban algunas reuniones de CI Matanza en este periodo:

Nos juntábamos en Villa las Antenas con Juan Cimes, nos juntábamos en algún colectivo de la línea 96 […] por ejemplo el compañero dirigente delegado de los choferes Luciano Lorenzo, el manejaba el colectivo […] como que andaba la línea, hacía el recorrido que tenía que hacer, no paraba en las paradas, iba como lleno, y bueno adentro íbamos haciendo la reunión […] cada uno tenía su minuto, su discurso de porque  estaba en ese colectivo porque llegaba el caso de que algún yuta o los milicos llegaran a hacer una ‘pinza’. (Eduardo, ‎2021)

Trascender las fábricas posibilitó a la organización crear vínculos con la comunidad. Por ejemplo, el contacto con el movimiento villero de Villa Las Antenas de La Tablada les brindó un lugar donde reunirse sin riesgos de ser infiltrados, ya que en ese espacio la mayoría de la gente se conocía, además de que se montaban vigilancias para asegurar los encuentros. Eduardo nos comentó que esta organización social prácticamente ponía a disposición toda la villa y para evitar la represión “hasta último momento no se sabía en qué casa se hacía la reunión” (Eduardo, ‎2021).

Por otra parte, cuando se analiza las diferencias ideológicas que surgieron en torno a las CI se puede decir que si bien permitió unificar reclamos entre las bases también influyó en la incapacidad de construir una dirección centralizada. En este sentido, las principales líneas ideológicas que participaban de las CI eran el peronismo de izquierda y la izquierda marxista, dos expresiones ideológicas que poseían una interpretación divergente de la racionalidad política-económica.

Con respecto a esto, Daniel nos comentó que estas dos fuerzas “juegan un papel central en el desarrollo de las CI: la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), por extensión territorial y peso en algunas fábricas, como en los astilleros Astarsa; y el PRT, concentrado en las fábricas más grandes de ese momento” (Daniel, 2021).

El debate velado parece haber sido sobre el fin de la organización. Pues, mientras para la izquierda marxista se buscaba la construcción de organismos de doble poder, el peronismo de izquierda construyó un medio para encarar la disputa intestina en el peronismo por el control de los sindicatos y, en última instancia, del partido. Mientras la JTP “en lo ideológico apuntaban a componer y tratar de ganar el peronismo y a ‘liberar’ a Perón de su entorno” (Eduardo, ‎2021) y la clase obrera “comenzaba a balbucear las ideas del socialismo” (Daniel, 2021) para otros:

Era difícil […] pero nosotros teníamos una cosa […] desde el punto de vista ideológico y político, pero acá adentro de la fábrica a vos te eligen los compañeros […] pero la mezcla de una pelea ideológica o política dentro de la fábrica lo único que hace es perjudicar a los laburantes. (Carlos, 2021)

En definitiva, cada sector que participaba en la CI poseía un objetivo general diferente y en función de ello concebían el fin de la CI. Para algunos sectores se tenía que avanzar hacia la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera, mientras que otros evitaban romper con la dirección del partido hegemónico. Por tanto, buscar la centralidad de la dirigencia no fue fácil:

En principio siempre se habló de tener una sola organización, pero con los compañeros montoneros fue la cosa muy difícil, muy difícil, y con los compañeros trostkos con quienes […] nos habíamos dividido en aquel momento las discusiones eran difíciles, veníamos de una ruptura dentro del partido. (Eduardo, ‎2021)

En términos de James (2013) el peronismo presenta ideas tales como el de una comunidad carente de conflictos de clase que en definitiva supone una utopía, pero esto no necesariamente representa a los intereses de la clase obrera. Es decir, el significado histórico del peronismo se sostiene en las prácticas inmediatas que reivindican los derechos políticos conquistados. Esto explica en el sentido ideológico, porque una parte de las CI no avanzó hacia una organización revolucionaria y porque el gobierno sostenía una mediación de lo popular por medio de la representación de la dirigencia gremial.  

Sobre el hecho de que las CI no buscaron superar las estructuras sindicales existentes, hablaremos en la siguiente sección. Hasta aquí, sobre la organización y los debates internos podemos arribar a las siguientes conclusiones: primero, durante el tercer peronismo, la represión tanto legal como ilegal, imposibilitó en gran medida el desarrollo de una organización de base centralizada, ya que sus miembros no contaban con las mismas capacidades y medios para hacer frente a la coerción, esto debilitó su lucha frente a la burocracia sindical legitimada por el gobierno que buscaba por medio de esta ofrecer una mediación de lo popular para legitimar esa presencia de política. Segundo, la represión fomentó, en cierto modo, la trascendencia de la organización del espacio de trabajo creando vínculos con diferentes fábricas y organizaciones de la zona lo que posibilitó el desarrollo de la organización en oposición a las medidas del gobierno. Tercero, la heterogeneidad ideológica impidió el desarrollo de un programa político y una dirección centralizada consensuado entre todas las fuerzas que participaban en la CI, por lo que no se pudo formar una oposición clara a la dirigencia gremial.

La relación con la burocracia sindical

Un aspecto esencial, que influyó en las acciones de la CI fue su relación con la burocracia sindical. Esta se da en torno a la disputa por la dirección política del movimiento obrero, es decir, por la búsqueda de un liderazgo intelectual que oriente los intereses de los trabajadores. En este sentido, los modelos de las CI y de la dirigencia sindical se enfrentarán en las fábricas. Esto sumado al intento de mediación de lo popular que intentaba imponer el tercer gobierno peronista por medio de la cooptación de la dirigencia gremial.

Sobre esto, Löbbe (2009) afirma que las CI representaban una conducción alternativa que actuaba de hecho. En sintonía, Colom y Salomone (1998) afirman si bien el “rodrigazo” evidenció la escasa capacidad que poseía la dirigencia gremial de ejercer control sobre las movilizaciones obreras, la misma logró el reposicionamiento de nuevos ministros afines a la central obrera en el gobierno. Según Castillo (2004) la organización representaba la búsqueda de las bases por una nueva estructura sindical en detrimento de la dirigencia.

Entendemos que dos hechos influyen en la relación entre la CI con la burocracia sindical. Por un lado, la disputa interna al movimiento peronista y, por el otro, la exigencia de las bases de un pronunciamiento dirigencial.

Sobre la disputa dentro del peronismo en el desarrollo de la experiencia, en función de los datos recolectados, podemos afirmar que la presencia de la izquierda peronista en muchas fábricas dificultó las intenciones de la burocracia sindical por hegemonizar a la clase obrera bajo el discurso oficial. En este sentido, también existían acciones desde la izquierda peronista que no eran toleradas por otros sectores de las CI y que evidentemente respondían puramente a las disputas internas al movimiento peronista. Un ejemplo es el balance sobre el caso Rucci:

El PRT se oponía a ajusticiar burócratas […] decíamos que eran las masas en la calle, las que tenían que derrotarlos […] pero no ejecutarlo porque ya se convertía en una cosa medio ‘patoteril’ y medio de sicariato […] la intención era que las masas participaran en política. (Eduardo, 2021)

Esta disputa dentro del peronismo, y la falta de una dirección hegemónica en los gremios, permitió que los conflictos de la zona pudieran oponerse directamente al Pacto Social. El origen de las solidaridades y acciones conjuntas de los metalúrgicos en La Matanza surge con el intento de una lista opositora, la Azul-Naranja, integrada, entre otras, por Martin Amato, Insud, Cegelec y Man (Werner y Aguirre, 2007). Aunque, debido a la presión de la burocracia, esta lista no llegó a oficializarse, el carácter orgánico de este intento permitió la evolución de la organización fabril. Por lo tanto, la necesidad de enfrentar a la burocracia sindical de la UOM unió a los delegados y militantes en 1974 en la Coordinadora Metalúrgica de La Matanza, que posteriormente incorporó a fábricas y activistas de diversos sectores productivos para conformar la CI de La Matanza.

El despido de trabajadores en Santa Rosa en 1975 y el pedido de su comisión interna de paralización de las actividades metalúrgicas en el municipio, ante la inacción de la seccional, impulsó la autoconvocatoria de los sindicatos combativos. El reclamo llegó a la ocupación de la UOM Matanza, lo que obligó a la conducción a encarar el conflicto.

La solidaridad entre los delegados de fábrica fue consolidándose de una manera tal que había una especie de sincronización y de autoconvocatoria permanente más allá de la conducción de la seccional. Había mucha militancia; paralelamente a los cuerpos de delegados se habían constituido los comités de lucha, comités de apoyo a los cuerpos de delegados, apoyo que consistía en la divulgación de conflictos y el cuidado de los compañeros delegados. (Affatato, 1997, p. 38)

Sin duda, el rol de la militancia de las CI modificó las relaciones dentro de los gremios entre las bases y la dirigencia al oponerse al Pacto Social, lo que creaba una resistencia a la hegemonía oficial sobre el movimiento obrero. Por ejemplo, el comité de lucha de Martin Amato, al ser heterogéneo ideológicamente y combativo, motivó el acercamiento con otros conflictos zonales dando origen a la Coordinadora Metalúrgica que posteriormente incorporaría a empresas como ROURA, Mercedes Benz, Siam, MAN, diversas textiles y otros gremios (Colom y Salomone, 1998), lo que escapaba de la órbita de la dirigencia gremial.

Mientras los conflictos se intensificaban en diversos gremios, la burocracia sindical se encontraba frente a una disyuntiva debido a que el gobierno poseía el mismo signo político que ellos. La adhesión de las bases al reclamo por la homologación de los acuerdos paritarios y la renuncia de Rodrigo y López Rega, sin respaldo institucional, produjeron una huelga de hecho.

Aunque la burocracia sindical estaba supeditada al mandato del partido, lo que les imposibilitó oponerse directamente al gobierno, la centralización del conflicto por su parte modificó el panorama. Y si bien las CI no buscaron desplazar a las estructuras existentes, “la burocracia sindical no estaba sola, no era hegemónica, sino que tenía un contendiente” (Daniel, ‎2021). Por ejemplo, cuando el 27 de junio la CGT llamó a la movilización hacia Plaza de Mayo, las CI respondieron positivamente a la convocatoria, pero con sus propias consignas (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975).

Por tanto, las CI respondían positivamente a la centralización del conflicto frente a la necesidad de poder determinar sus acciones con mayor claridad y direccionalidad, pero sin acompañar las consignas de la burocracia sindical que, el 27 de julio se movilizó en reclamo de la homologación de los convenios colectivos de trabajo, pero sin realizar una crítica contra el gobierno. Así, la relación giró en torno a la unificación de reclamos, pero no así en la concepción del orden que se pretendía establecer dentro de los sindicatos. Las CI buscaron la representación democrática dentro de los gremios, evidenciando la evolución de un reclamo netamente económico a un reclamo político que buscaba influir en decisiones tanto dentro como fuera de la fábrica (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975).

La necesidad de centralizar el conflicto se asocia a la defensa de los instrumentos y órganos representativos de la clase obrera que modifican las relaciones con el Estado y el capital, estos son, los gremios, los cuerpos de delegados y las comisiones internas. Esto queda explícito cuando la Mesa Provisoria llamó a participar del plenario de las CI y esgrimía que “nuestra organización no pretende convertirse en una dirección paralela. La COORDINADORA será el instrumento que nos llevará a defenderlas estructuras sindicales existentes –hoy insuficientes– y recuperar los gremios y la CGT para los trabajadores” (Coordinadora Metalúrgica de La Matanza, 1975).

De esta manera, el principal acicate de la organización fue la falta de representación mas no así la necesidad de superar las estructuras del sistema. En suma, se disputaba la hegemonía sindical, presentándose dos modelos diferentes: el burocrático institucionalizado, adicto al gobierno, y el democrático de base, que sostenía sus decisiones y mandatos en función de prácticas democráticas como la asamblea permanente.

Así, las CI disputaron la hegemonía gremial, pero dejando en claro que “no se pretendía montar un organismo gremial paralelo a los ya existentes. El objetivo primordial fue unificar las luchas del conjunto del Movimiento obrero, sobre la base de una COORDINACIÓN asentada zonalmente y centralizada en una regional” (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975, p. 1).

Por su parte, la burocracia sindical necesitaba recuperar el control de sus bases, es decir, la hegemonía de su representación, y encontró en ellas un aliado frente a López Rega lo que permitió la posterior evolución del conflicto en favor de la dirigencia.

El 27 de junio la CGT intentó centralizar el conflicto, pero sin oponerse al gobierno, pues el lema no buscó atacar a las autoridades políticas sino deslegitimar el proceso que se venía profundizando (Löbbe, 2009). Este paro se limitó a la Capital y el conurbano. Sin embargo, sus consecuencias serían relevantes para las jornadas posteriores, pues la intervención de la burocracia simbolizó un quiebre de la concertación peronista y, a partir de allí, la consigna sería por la homologación de los acuerdos paritarios y la renuncia de Rodrigo y López Rega.

El 3 julio, las CI convocaron a paros y movilizaciones en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que la policía de la provincia intentó bloquear los accesos a la Capital Federal, se estima que más de 10.000 obreros marcharon desde el Oeste nucleados en la Coordinadora Matanza y la Coordinadora Oeste (Löbbe, 2009). Como la cúpula cegetista intentaba llegar a un acuerdo sin extremar las medidas, esta movilización y sus huelgas mostraron cómo el conflicto se escapaba de su dominio. En consecuencia, esa noche:

El Consejo Directivo de la CGT resolvió citar a Comité Central Confederal, su órgano máximo, para el día siguiente. Ante un panorama que combinaba tan formidable demostración de lucha con la intransigencia más absoluta del equipo lopezrreguista, la dirección cegetista debió aceptar la realidad. El Comité Central Confederal tomó la histórica decisión de convocar a un paro general para el 7 y 8 de julio. (De Santis, 2016)

Cuando la CGT declaró la huelga general, no buscó enfrentar ni desestabilizar al gobierno, sino por el contrario, mantuvieron su apoyo hacia la presidenta, lo que demostró que sus acciones obedecieron a la defensa de los intereses políticos del peronismo. Para Torre (1989) la cúpula sindical, ante el clima de conflictividad ascendente que huía de su control y frente a la oposición de López Rega de aceptar sus pedidos, decidió llamar al paro para mostrar su presencia en la arena política.

El llamado a huelga general del 7 y 8 de julio recibió un gran acatamiento. Aquí se puede apreciar una evolución de los reclamos económicos hacia otros con contenidos políticos. Por ejemplo, cuando la UOM organizó la primera concentración a Plaza de Mayo, el 27 de julio, bajo el lema “Gracias Isabel” (Actualidad de la semana, 1975a, p. 2), los reclamos de la central no excedían el pedido de homologación de los convenios colectivos de trabajo ni atacaban al gobierno. Empero, luego del decreto del 28 de junio que anuló los acuerdos paritarios, el lema cobró características políticas al exigir la remoción de Rodrigo y López Rega.

A pesar de la presión de las bases sobre la burocracia sindical, esta última resultaría beneficiada por el transcurso de los acontecimientos, pues, el rol que cumplieron en las huelgas les permitió recuperar cierto dominio dentro del gobierno con la designación de Antonio Cafiero en el Ministerio de Economía y Carlos Ruckauff en el Ministerio de Trabajo. Esto se debió, en parte, a que las CI promovieron la centralización del conflicto en manos de la central obrera y no su superación, por el hecho de valorizar las herramientas propias de la clase obrera.

En definitiva, la relación entre la CI y la burocracia giró en torno a la unificación de reclamos, pero no así en la concepción de orden que se pretendía establecer dentro de los gremios, pues se expresa una disputa por la hegemonía gremial entre un modelo burocrático institucionalizado y otro democrático de base. La dirigencia gremial llevó a cabo sus propias estrategias, su actitud defensiva le permitió regular sus posiciones dependiendo de las acciones de los otros actores participantes del conflicto y, en última instancia, ser beneficiada por el transcurso de los acontecimientos ya que encarar las protestas les permitió su reposicionamiento dentro del peronismo. Si bien las CI jugaron un rol central en la dirección inicial del conflicto, la legitimidad de la dirigencia gremial y su llegada al gobierno nacional imposibilitaron el hecho de que pudieran disputar de igual a igual la dirección del movimiento obrero.

La CI frente el gobierno

Otro elemento clave para analizar el rol de las CI es su vínculo con el gobierno. Esto permite comprender su influencia dentro del movimiento obrero y sobre todo su rol en las manifestaciones de junio y julio de 1975. Colom y Salomone (1998) la caracterizan como un enfrentamiento abierto entre la clase obrera y el Estado que supuso una derrota parcial de este último. Pues si bien debió homologar los convenios colectivos y aceptar la renuncia de Rodrigo y López Rega, muchos gremios fueron postergados de las negociaciones, lo que sumado al aumento de la represión ilegal, le permitió poseer cierto control sobre la protesta obrera.

Chirico (2013) entiende a las huelgas que acontecen al “rodrigazo” como procesos propios de la lucha de clases que se dan durante una crisis del Estado, que pretendía, bajo su dirección burguesa, neutralizar para reestructurar el capitalismo en la Argentina. Esto muchas veces se tradujo en violencia. El gobierno peronista recurrió al terrorismo de Estado y a la intensificación de los aparatos coercitivos para contrarrestar el activismo de las bases. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1974, bajo un gran operativo represivo, se intentó formar la Coordinadora Nacional de Lucha Sindical, pero “la mayoría de los presentes tenía sus días contados como dirigentes sindicales. Quienes no tenían ya intervenidas sus organizaciones, muy pronto pasarían por esta experiencia” (Torre, 1989, pp. 117-118). Esto no permitió el desarrollo del Congreso y el balance fue negativo.

Desde el PRT-ERP se tuvo una política de oposición desde el inicio. Así lo relata Eduardo: “con el peronismo…el partido siempre tuvo una política clara, Perón era un agente burgués y como tal había que enfrentarlo” (Eduardo, ‎2021). Pero el gobierno no se limitó a reprimir a las organizaciones ideológicamente opositoras. A partir del 1 de mayo, luego de la ruptura de la izquierda peronista con Perón, la coerción se extendió a todo tipo de oposición.

Luego de la asunción de Rodrigo la actividad de las CI crecería exponencialmente. En su primer anuncio, Rodrigo sostuvo que los dos enemigos a derrotar eran “el terrorismo y la especulación” (Nuevo ministro y vieja política reaccionaria, 1975, p. 8), haciendo alusión a los conflictos que se desarrollaban en las fábricas.

El 4 de junio se anunció el nuevo paquete económico que incluyó el aumento del salario básico acompañado de aumentos en combustibles, electricidad, transporte y comestibles. Además, se anunció “una devaluación del peso […] introducción de cláusulas de reajuste en los préstamos otorgados por los bancos y aumentos en los intereses […] trascendidos de que después del actual aumento, se congelarán las comisiones paritarias” (Actualidad de la semana, 1975b, p. 2).

Al inicio, los conflictos asumieron la forma de huelgas por establecimientos, para ascender gradualmente a la huelga por ramas. Las mismas fueron apoyadas con movilizaciones, marchas y concentraciones que constituyeron asambleas con diferentes fábricas (Cotarelo y Fernández, 1998). Posteriormente al 11 de junio, la lucha buscó un intento de centralización con la aparición de la Mesa provisoria de Gremios en Lucha. Las bases comenzaron a enfrentar las medidas económicas del gobierno avanzando cualitativamente hacia la coordinación de sus acciones. Esta base organizativa permitió que el carácter del conflicto evolucionara de económico a político.

El reclamo político buscaba debilitar al aparato represivo del gobierno, punto nodal entre los diversos sectores de las CI.

El problema fundamental se llamaba López Rega, porque López Rega era como el cambio de bandera, es decir, muerto Perón, muerto el trabajo de Gelbard, era la intervención a los trabajadores, a las CI, la AAA, era eso, había que combatir y pelear a eso. (Carlos, ‎2021)

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) se exigía la intervención de la CGT y la paralización de las actividades en las fábricas para que “el parlamento homologue los convenios, elija un senador gremial como vicepresidente y renuncie el grupo de López Rega” (Paremos las fábricas, 1975, p. 3).

La experiencia de la CI de La Matanza creció en torno a Martin Amato, empresa que participó activamente del Primer Plenario de Coordinadoras Interfabriles el 28 de junio de 1975[10]. Ese plenario ofreció un balance de la Comisión Provisoria Regional de la Coordinadora sobre el desarrollo de la organización y de la situación del movimiento obrero, las paritarias y las estrategias político-sindicales para tomar resoluciones (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, 1975).

Sin duda, una de las acciones que más dificultó la reproducción del sistema era la exaltación de las CI de convocar a delegados elegidos por las bases, postergando así a las direcciones gremiales adictas al gobierno (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, 1975).

A pesar de que la jornada del 27 de junio permitió unir luchas aisladas y fortalecer la organización, la ofensiva del gobierno se intensificó. Al día siguiente, la presidenta anunció un decreto que fijaba un aumento salarial y cancelaba las negociaciones paritarias. Consecuentemente, el Primer Plenario de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha modificó su balance resolviendo:

1) realizar asambleas en los lugares de trabajo para informar sobre la formación de la coordinadora y el Plan de Lucha; 2) exigir la realización de asambleas generales a los respectivos gremios y plantear el plan de lucha; 3) exigir a la CGT la convocatoria de un paro general; 4) pedir la renuncia de todos los dirigentes que apoyen el decretazo; 5) por la defensa de la Ley 14.250; 6) contra el decretazo; 7) por la defensa de lo acordado por las paritarias y por un aumento de salarios a los gremios que quedaron postergados; 8) por un sueldo mínimo de 650.00 pesos; 9) por la defensa y recuperación de los sindicatos y la CGT, para los trabajadores. (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975)

Con la anulación de las negociaciones paritarias las bases siguieron presionando a la CGT para reclamar la huelga nacional. El 30 de junio se realizaron varios paros y manifestaciones en diversas fábricas de Gran Buenos Aires y Capital, que confluyeron hacia la sede de la CGT, casi 10.000 manifestantes rodearon la central de la CGT, entre los que destacaban los metalúrgicos organizados en las distintas CI (De Santis, 2016).

Para la huelga nacional del 7 y 8 de junio había aumentado la posición defensiva de la CGT frente al ataque de sus posiciones de privilegio. La nueva camada de militantes y la participación de las bases se combinaron con la necesidad de la cúpula sindical de hacer frente a los enemigos políticos dentro del peronismo, y así el reclamo se centralizó. La decisión de centralizar el conflicto permitió que los desprestigiados ministros Rodrigo y López Rega, este último asociado a la AAA, se convirtieran en el centro de los reclamos desde el 27 de junio en adelante.  La izquierda socialista ponderaba este hecho:

Hacía falta una voz que unificara a todos para la lucha. Esa fue la gran virtud que tuvo el paro y la concentración decretada por la CGT […] los miembros de la Juventud Sindical Peronista, los comunistas y los socialistas, los obreros, los empleados, todos gritan las consignas contra los ministros cuestionados. El llamado de la CGT sirvió para que se pudiera unificar la voluntad de lucha de todos los trabajadores en contra de la política y el plan patronal. (El país contra el plan Rodrigo, 1975, p. 6)

El alto acatamiento y la paralización total de las actividades rindieron efecto frente a un gobierno que venía debilitándose gradualmente. La noche del 7 de julio, frente al panorama político que se había planteado, la presidenta decidió homologar los convenios colectivos de trabajo. El 11 y el 17 de julio, López Rega y Rodrigo presentaron sus renuncias respectivamente. El balance de las coordinadoras fue que “la homologación de los convenios fue un triunfo de los trabajadores, que con su unidad y su continua movilización garantizaron la vigencia de la ley 14.250” (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975).

Luego de finalizado el conflicto, las coordinadoras llamaron a realizar un segundo plenario para el día 20 de julio, dejando claro que “la clase trabajadora está por reivindicaciones salariales pero también quiere participar de las decisiones políticas y económicas del país” (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975).

Evidentemente se buscaba seguir desarrollando la organización de base conservando una impronta económica y política que exigió la renuncia de dirigentes gremiales y de la misma presidenta (Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Delegados en Lucha de la Plata, Berisso y Ensenada, 1976). No obstante, la movilización obrera continuó siendo reprimida y la actividad de las CI se limitó a los conflictos zonales hasta el plan de lucha contra el Plan Mondelli en 1976.

En fin, durante el periodo estudiado se aprecia una fuerte tendencia represiva relacionada a la actividad ilegal de la AAA. De este modo, definimos a las acciones del gobierno como un enfrentamiento abierto y directo contra todo tipo de acción independiente de la clase obrera. Sin embargo, esto no limitó el rol político de las CI pues el conflicto evolucionó de reivindicaciones inmediatas a consignas políticas. Podemos agregar que el intento de subordinar a la clase obrera se topó con la exaltación de las CI de convocar a delegados con mandato de asamblea, lo que debilitaba la hegemonía de las direcciones gremiales adictas al gobierno, al menos hasta el momento en que estas buscaron la centralización del conflicto.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se plantea el rol de las CI durante junio y junio de 1975. Para ello, se realizó un repaso por los hechos más destacados de la lucha de la clase obrera frente al gobierno desde 1955 al periodo estudiado. Además, se presentaron algunas concepciones provenientes de la academia sobre el “rodrigazo” y el rol de las CI durante este proceso. Finalmente, el análisis propiamente dicho se basó en los datos recolectados con el objeto de describir la participación de la CI de la Matanza durante el “rodrigazo”. Para eso, se presentaron algunos de los debates de los grupos que conformaban la organización; la participación de las CI en las disputas por la hegemonía al interior de la clase obrera frente al modelo de la burocracia sindical y su actitud desafiante frente a las medidas económicas del gobierno nacional. Estos tres tópicos nos permiten describir la manera en que la participación de la CI influyó en el desarrollo del “rodrigazo” y en las disputas por la hegemonía dentro de la clase obrera.

Con respecto al tópico de los debates internos a la organización, podemos afirmar que la solidaridad entre los reclamos orientaba gran parte de las acciones; no obstante, la heterogeneidad ideológica al interior de la organización imposibilitó el desarrollo de una dirección centralizada que formara una clara oposición a la dirigencia gremial. De esta manera, mientras algunos sectores querían construir un organismo de doble poder, otros los utilizan como medio para disputar la hegemonía dentro del movimiento peronista. A esto se le debe sumar la represión estatal y paraestatal que imposibilitaba el desarrollo de las funciones propias de una organización. Estos elementos terminaron por relegitimar a la burocracia sindical como único interlocutor del movimiento obrero, sobre todo luego de su posicionamiento contra las medidas del gobierno.

Sobre el tópico de la relación con la burocracia sindical podemos concluir que la disputa al interior del peronismo y la necesidad de reconocer la legitimidad de los dirigentes gremiales debilitó la lucha de las CI al interior de la clase obrera, pues luego del “rodrigazo” sus actividades se redujeron notoriamente limitándose nuevamente a los espacios particulares de trabajo. Esto se debe a la incapacidad por imponer su modelo democrático de base frente al modelo burocrático institucionalizado. En este sentido, su rol de las CI durante las jornadas de lucha fue esencial en tanto movilizó a gran parte de las bases que se consideraban contrarias a las directivas de las dirigencias gremiales. Empero, el hecho de perder protagonismo con el llamado a la huelga por parte de la CGT demuestra que las CI no podían enfrentar al gobierno por sí mismas.

Finalmente, la relación con el gobierno se muestra desde el inicio conflictiva. En este aspecto los reclamos económicos evolucionan a un carácter político, pues las bases encuentran en las CI un medio para construir una alternativa política al interior de los gremios. Pero el hecho de no poder reemplazar la hegemonía peronista de la dirección de los gremios los obligó a depender de esta dirección en la escalada de los conflictos, lo cual debilitó su propuesta.

Por este motivo, no se puede caracterizar el proceso como una ruptura (Werner y Aguirre, 2007), un alejamiento (Colom y Salomone, 1998) o incluso una necesidad de las bases obreras de romper con el peronismo (Chirico, 2013), pues la izquierda peronista fue un actor de importancia en el proceso que, si bien enfrentaba al gobierno y a la burocracia sindical, proponían una redefinición del peronismo. Admitir esta hipótesis supone, a nuestro entender, minimizar el rol del peronismo de izquierda dentro de las CI y confundir el agotamiento de ciertas estrategias del peronismo con un cambio ideológico en el movimiento obrero.

Por otra parte, cuando Löbbe (2009) concibe a las CI, particularmente a la de Zona Norte hegemonizada por fuerzas de la izquierda marxista-leninista, como el esfuerzo por crear un frente revolucionario, parece estar confundiendo el fin de las CI con el objetivo político de determinadas organizaciones que actuaban en ellas. En el caso de la CI Matanza sus dirigentes pertenecían a diversas extracciones políticas, lo que nos permite asociar su origen a reivindicaciones de carácter económico, más que a la creación de un frente revolucionario. Además, luego del “rodrigazo”, la organización se limitó nuevamente a los conflictos zonales hasta la aplicación del Plan Mondelli. Por tanto, no es posible generalizar esa hipótesis.

En definitiva, el desarrollo de esta crisis evidencia la incapacidad que tuvo el peronismo, por medio del gobierno y de los sindicatos, por presentar sus intereses como el del conjunto de los trabajadores. En otros términos, la imposición del Pacto Social había fracasado, como producto del agotamiento de la alianza policlasista en un contexto de cambio político y económico. Por tanto, el peronismo no pudo imponer su hegemonía al interior de la clase obrera por escudarse en una dirigencia gremial poco representativa y por las medidas económicas de ajuste que emanaba desde el gobierno. A pesar de esta situación, las CI no pudieron presentar una alternativa política sólida, pues el hecho de no buscar superar los mecanismos gremiales legitimó el reposicionamiento de la dirigencia sindical en el gobierno. No obstante, representaron un freno para la autoridad de la burocracia sindical en las fábricas y cumplieron un rol fundamental en el traslado de los reclamos fabriles hacia las calles por medio de su presencia en las diversas huelgas que se suscitaron.

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Notas

[*] Investigador independiente. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho y Ciencia Política, San Justo, Argentina. Estudiante inicial de la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, CABA, Argentina.

Correo de contacto: idalgouriel1990@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-2562-2573

[1] En 1955 la Marina y la Fuerza Aérea se sublevaron, bombardeando y ametrallando la casa de gobierno y la Plaza de Mayo para derrocar al gobierno de Perón. El 16 de septiembre se produjo un levantamiento militar más amplio, que incorporó la totalidad de la Marina, sectores de la Fuerza Aérea y el Ejército.

[2] Insurrección obrero-popular ocurrida en Córdoba, entre el 29 y 30 de mayo de 1969, liderada por los gremios de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y UTA (Unión Tranviarios Automotor). La misma se da por fuera de la dirección del peronismo.

[3] Agrupación de sindicatos peronistas.

[4] Nombre con que se conoce a las manifestaciones y huelgas realizadas en la ciudad de Rosario entre mayo y septiembre de 1969 contra la dictadura de Onganía.

[5] Formación especial de la izquierda peronista, que desde 1973 tomaría un carácter de guerrilla.

[6] También conocido como “segundo cordobazo”, el “viborazo”, recibe este nombre debido a las declaraciones del gobernador de la provincia de Córdoba, José Camilo Uriburu, quien declaró que la confusión de los valores morales engendraba una venenosa serpiente. El movimiento tomó este nombre en oposición a su gestión. Al igual que el cordobazo, se dio por fuera de los márgenes del peronismo.

[7] La fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón obtuvo 61,85% de los votos.

[8] Antes de esto, grupos de la derecha peronista habían disparado contra militantes de la izquierda del movimiento en el recibimiento de Perón en Ezeiza. Luego de la “Masacre de Ezeiza”, Perón canceló su discurso y al otro día habló por televisión, pero sin mencionar lo sucedido.

[9] Facción armada escindida del PRT frente a la disputa interna con sectores morenistas representados en PRT-La Verdad.

[10] También la conformaba la comisión interna de Molinos Río de la Plata, Saiar, la comisión de reclamos de Grafa, el cuerpo de delegados de Astarsa y la coordinadora de Transporte de Capital.