Méndez Barozzi, R. (diciembre de 2023 – junio de 2024). El fin de la pax sanjuanina. Los asesinatos de Nazario Benavides, José Virasoro y Antonino Aberastain. Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 7(2), 16. https://doi.org/10.54789/am.v7i2.6
Las fuentes como protagonistas
The end of the San Juan province pax. The murders of Nazario Benavides, José Virasoro and Antonino Aberastain
Ricardo Méndez Barozzi[*]
Universidad Nacional de Luján, Luján, Argentina.
Recibido en 04/02/2023
Revisado en 27/03/2023
Aceptado en 09/04/2023
Resumen
El periodo de paz interna que logró conseguir la provincia de San Juan en 1836, luego de la asunción como gobernador de Nazario Benavides pudo sostenerse hasta su asesinato en 1858. Sin dudas, Benavides, gobernador federal, había sabido componer los intereses de la Confederación Argentina con los de la élite local, la cual tenía una fuerte influencia unitaria. Sin embargo, luego de producida la Batalla de Caseros y, la consecuente caída de Juan Manuel de Rosas, la situación política provincial fue gradualmente alterando los objetivos políticos de la Confederación.
Desde comienzos de la época patria, la provincia fue influida por un pensamiento liberal que se fue apreciando en distintos gobiernos, siendo el punto más importante la sanción de la Carta de Mayo por parte de Salvador María del Carril, cuando era gobernador en 1825. Este suceso llevó a la caída del gobernador por sus abiertos postulados liberales, entre los que se establecía la libertad de cultos en la provincia. Si bien este gobierno fue derrotado, se fueron afianzando las ideas liberales dentro de un grupo de jóvenes intelectuales unitarios, entre los que se destacaban Domingo Faustino Sarmiento, Antonino Aberastain y Guillermo Rawson, entre otros.
Palabras-clave: asesinatos políticos, provincia de San Juan, Benavides, Nazario (1805-1858), Virasoro, José (1815-1860), Aberastain, Antonino (1810-1861)
Abstract
The period of internal peace that the province of San Juan managed to achieve in 1836, after the assumption as governor of Nazario Benavides could be sustained until his assassination in 1858. Without a doubt, Benavides, federal governor, had known how to compose the interests of the Argentine Confederation with those of the local elite which had a strong unitary influence. However, after the Battle of Caseros and the consequent fall of Juan Manuel de Rosas, it gradually altered the political objectives of the Confederation.
From the beginning of the national times, the province was influenced by a liberal thought that was appreciated in different governments, the most important point being the sanction of the Carta de Mayo by Salvador María del Carril, when he was governor in 1825 and it led to his downfall due to his open liberal postulates, among which freedom of worship in the province was established. Although this government was defeated, liberal ideas were taking hold within a group of young unitary intellectuals, including Domingo Faustino Sarmiento, Antonino Aberastain and Guillermo Rawson, among others.
Keywords: political assassinations, San Juan province, Benavides, Nazario (1805-1858), Virasoro, José (1815-1860), Aberastain, Antonino (1810-1861)
El presente artículo tiene como objetivo investigar las causas que llevaron a los asesinatos de tres gobernadores de la provincia de San Juan en el período 1858-1861. Antes de determinar las causas que llevaron a los magnicidios, será necesario indagar cuál fue el contexto provincial, regional y nacional en el que se produjeron estos crímenes. Por ello, es necesario revisar la bibliografía sobre la temática.
La serie de turbulentos acontecimientos ocurridos en la provincia fue citada por primera vez como la “Cuestión San Juan”, por el entonces senador Bartolomé Mitre en un discurso en el Parlamento Nacional en 1869. Ana Laura Lanteri (2019) utiliza ese término para referirse al convulso periodo de 1852-1861 en San Juan. Esta autora cita un discurso que pronunció Sarmiento en 1857, en el cual afirmaba que “el gobierno se encuentra por cuarta o quinta vez con esta eterna cuestión de San Juan”, en el contexto de una nueva intervención federal a la provincia por parte del gobierno nacional.
La autora señala la singularidad del caso sanjuanino, como influyente en la Confederación Argentina a través de las constantes variaciones internas y las tensiones provocadas por la inestable situación política de la provincia. Lanteri sostiene que estas alteraciones hicieron mella no solo dentro de la Confederación sino también, en la relación de esta con el Estado de Buenos Aires. Entre las principales características de esta singularidad, la autora menciona la creación de la Circunscripción Militar del Oeste a cargo de Benavides y al comercio con Chile.
Por lo mencionado, se emplearán conceptos claves para el análisis del objeto de estudio y el empleo del enfoque cualitativo para la construcción de datos y su ulterior análisis contrastándolos con la información de las numerosas fuentes de la época. Es un objetivo de esta investigación, realizar un aporte que contribuya a la construcción de nuevos conocimientos relacionados con la vinculación directa e indirecta entre los distintos grupos de poder a nivel provincial, regional y nacional. Al mismo tiempo, el trabajo se enfocará en establecer qué incidencia tuvieron los sectores liberales locales, en auge no solo en el actual territorio argentino, sino también en Europa y América en el período en cuestión. Se analizarán las estrategias empleadas por dichos sectores en la provincia.
Por otra parte, cabe formularse: ¿Cuándo fue el momento del punto de quiebre entre los liberales sanjuaninos y Benavides? ¿Cómo era el clima político interno durante el gobierno de Virasoro? ¿Fue la provincia de San Juan el principal eje del nuevo conflicto entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires? La metodología que guiará a la investigación estará centrada en el análisis de la conflictividad en la llamada Cuestión San Juan entre los sectores unitarios y federales en la provincia y sus aliados y enemigos en el resto de la Confederación y Buenos Aires.
Por último, queda por señalar que este trabajo, es el resultado de un informe vinculado con un proyecto de investigación intitulado “El liberalismo y su influencia temprana en las élites provinciales, el caso de la provincia de San Juan”, para el periodo que abarca desde la sanción de la Carta de Mayo en 1825, por Salvador María del Carril, hasta el final de la gobernación de Domingo Faustino Sarmiento en 1864. Esta investigación se realizó en la provincia de San Juan y en el Archivo General de la Nación entre 2017 y 2020, con el objeto de realizar un Trabajo Final en la Carrera de Licenciatura en Historia, en la Universidad Nacional de Luján.
En primer lugar, aparece la obra de Damián Hudson (1898) quien hace una narración sobre los acontecimientos vividos en la provincia y en la región cuyana desde comienzos del siglo XIX, enfatizando en los recurrentes enfrentamientos entre unitarios y federales, siendo el autor un testigo directo de los hechos que describe. Hudson participó de varios de estos enfrentamientos por su condición de unitario.
Tomando como referencia a la Nueva Escuela Histórica y el fomento de Levene, desde el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Juan Rómulo Fernández, narró las características de la vida local y los hombres destacados entre 1810 y 1862 (Fernández, 1939) y escribió la biografía de Antonino Aberastain (Fernández, 1953). Contemporáneo a esta obra, Augusto Landa (1951) realizó una detallada descripción sobre la ciclotímica relación entre Sarmiento y el gobernador Nazario Benavides. El autor cita un numeroso intercambio epistolar que enriquece su trabajo.
Luego están quienes recuperan las épicas familiares. Hipólito Saá (1970), descendiente del Comisionado Juan Saá, narró los sucesos de San Juan de 1860 y 1861, así como la influencia de la provincia de San Luis en aquella época y el accionar de las tropas federales en la Batalla de la Rinconada.
En el mismo sentido, Ernesto Quiroga Micheo (1994) hace un recorrido por las memorias de su antepasado, Isidro Quiroga, quien tuvo una activa participación en la causa unitaria. El autor hace reiteradas referencias a la personalidad de Benavides, de quien destaca su poder de persuasión y consenso sobre las personas. Quiroga Micheo hace un detallado racconto sobre los acontecimientos que precipitaron el arresto y asesinato del gobernador, siendo una causa aún sin resolver el por qué un grupo afín intentó rescatarlo de la prisión, siendo que estaba por llegar a San Juan una comisión enviada por Urquiza que lo liberaría.
También las autoras Ana Castro y Ramona del Valle Herrera (1997), en la obra que compilan Pisarello Virasoro y Menotti, se refieren a la actuación que les cupo a los integrantes de la familia Virasoro en la Organización Nacional, especialmente la de José Virasoro como interventor y, luego, como gobernador propietario de la provincia de San Juan hasta su asesinato, en noviembre de 1860.
Al terminar el siglo XX, aparece la investigación de Margarita Ferrá de Bartol y Héctor Arias (1994) quienes, en su extensa obra sobre la vida de Nazario Benavides, narran el extenso entramado familiar que unía al personaje con notables miembros de las familias locales, entre ellos, con la familia de Sarmiento. Los autores realizan una profunda descripción de cómo Benavides fue consolidándose en el poder como gobernador y luego, como jefe de la Circunscripción Militar de Cuyo, a través de su matrimonio con una dama de la élite provincial, lo que fue clave para mantenerse más de dos décadas en el poder conciliando los intereses locales con los nacionales.
Ya en el siglo XXI, aparece la obra de Ana L. Lanteri (2014), quien describe las distintas disputas por el poder en la provincia durante la etapa del gobierno nacional de Paraná, en donde se advierte el quiebre de la élite dentro de las distintas facciones políticas. En este trabajo es notorio el momento de ruptura definitivo en los sectores de poder encabezados en la provincia por Benavides y Gómez Rufino quienes, desde sus cargos de jefe de Circunscripción y gobernador, respectivamente, mantenían una fuerte disputa por el control de las Guardias Nacionales.
Las obras citadas en los párrafos precedentes son aportes fundamentales para la realización de este trabajo. En las mismas, se incluyen a aquellos autores que podemos caracterizar en la bibliografía tradicional, los que investigaron desde la historia revisionista y, por último, los escritos de este siglo que han dado una nueva mirada historiográfica incorporando temáticas no suficientemente exploradas anteriormente.
Esta investigación se realizó de manera independiente, sin ningún aporte de ninguna institución pública o privada. Solo se contó con la facilitación del material de las autoridades del Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco y del Archivo Histórico de la Provincia de San Juan. El autor agradece a las profesoras en Historia, María Julia Gnecco, Susana Tello y Lydia Gómez, por todas las atenciones recibidas durante la estancia en la provincia.
Los enfoques metodológicos cualitativos que guiarán a la investigación se constituyen mediante el análisis documental con la intención de observar el contexto histórico y los distintos acontecimientos, dialogando con un periodo que estaba marcado por la lucha ideológica entre federales y unitarios en el espacio geográfico correspondiente al actual territorio argentino.
Es por lo mencionado que se hace relevante la indagación de las principales obras que trataron esta cuestión en el San Juan decimonónico, al tiempo que se profundizará sobre fuentes de tipo secundario, correspondientes a diversos Fondos del Archivo General de la Nación y sobres temáticos procedentes de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Para ello, se analizará la documentación mencionada, la cual complementará a las distintas producciones historiográficas utilizadas en este trabajo.
A continuación, se efectuará el análisis de todo el proceso que llevó al asesinato de tres gobernadores sanjuaninos, enfatizando en las relaciones de poder que estos gobernantes pudieron establecer a través de distinto tipo de redes, no solo parentales, sino fundamentalmente de tipo político. Los apartados que analizan el resultado del trabajo son los siguientes: El contexto histórico de San Juan después de Caseros, la detención y el asesinato de Benavides, el gobierno interventor de Virasoro y, el asesinato de Aberastain en la Rinconada, los cuales constituirán los elementos de observación.
Nazario Benavides asumió como gobernador en febrero de 1836 en un contexto muy difícil para la provincia, luego de que el exgobernador Martin Yanzón intentara invadir La Rioja y fuera repelido y, como consecuencia de esto, los riojanos invadieron San Juan, cometiendo todo tipo de tropelías. Benavides había participado de las milicias y, posteriormente, fue un destacado militar desde la época de la entrada de Facundo en San Juan y, posteriormente, fue su lugarteniente en la Campaña del Desierto realizada por Rosas en 1833. A pesar de estos méritos en las fuerzas armadas, el nuevo gobernador no pertenecía a una familia de la élite, sino que se vinculó a ella, a través de su matrimonio con Telesfora Borrego Cano. A través de este enlace, el nuevo gobernador fue creando un entramado de lealtades a su persona en la Legislatura y en los lugares de poder político. (Méndez Barozzi, 2022, pp. 177-178).
Benavides se caracterizó por su flexibilidad, por ello era conocido como el “caudillo manso” (Ferrá de Bartol y Arias, 1994) dado que permitió, en varios periodos de su extenso gobierno, la presencia de unitarios en la provincia y estos, muchas veces, fueron parte de su gobierno. Otra característica importante fue su tolerancia frente a los enemigos (Hudson, 1898, pp. 465-466). En sus 22 años como el hombre fuerte de la provincia jamás ordenó ejecuciones sumarias, al tiempo que algunas veces desobedecía las órdenes que llegaban desde Buenos Aires, como las relacionadas a los unitarios y a la expulsión de los jesuitas, por citar algunos ejemplos. Su poder fue decreciendo de manera lenta pero sostenida desde la caída de Rosas, ya que rechazó en varias ocasiones una alianza con los sectores liberales de la provincia (Ferrá de Bartol y Arias, 1994, p. 32).
Benavides había apoyado públicamente a Rosas, luego del pronunciamiento de Urquiza movilizó a sus tropas, pero finalmente, decidió no enviarlas a la Batalla de Caseros en ayuda de aquel (Zinny, 1987, p. 384). Luego de conocido el triunfo de Urquiza, Guillermo Rawson propuso a Benavides que convocara a todos los ciudadanos a fin de realizar un acto de reconciliación y patriotismo, lo cual fue aceptado por el gobernador. El 28 de febrero de 1852, el pueblo de San Juan celebró la caída de Rosas en la plaza pública. La Sala de Representantes decidió sancionar una Ley por la cual quedaban derogadas todas las leyes anteriores que mencionaban el apoyo a Rosas (Landa, 1951, pp. 42-43).
En mayo de 1852, Benavides acudió a la reunión de gobernadores[1] en San Nicolás de los Arroyos, asumiendo en el poder interinamente Zacarías Yanzi. Más tarde, la Junta de Representantes de la Provincia adhirió al acuerdo firmado en San Nicolás de los Arroyos (Yanzi, 25 de julio de 1852, Nota al Poder Ejecutivo de la provincia de San Juan, en Aspell y Yanzi Ferreira, 2011, p. 61). Al mismo tiempo, en San Juan, la Sala de Representantes comandada por los liberales daba un golpe de Estado contra el gobernador, designando a Yanzi en su lugar. En una declaración datada el 6 de junio de 1852, se acusaba a Benavides de haber actuado en anuencia con Rosas y se le prohibía pisar el suelo de la provincia (Ferrá de Bartol y Arias, 1994, p. 28).
Esta maniobra había sido llevada a cabo por Rawson, Rojo, Lloveras y Cano quienes eran miembros de la Cámara y, además, habían suscrito las leyes que ahora repudiaban. Se notificó de esta resolución a las demás provincias, al mismo Benavides y a Urquiza. El grupo liberal esperaba el apoyo de Urquiza, mas este ratificó su respaldo a Benavides. Durante su breve estadía en el gobierno, esta facción eligió representantes ante el Congreso General Constituyente a Del Carril, Sarmiento y Rawson. Sin embargo, ante la falta de apoyo y la amenaza de las provincias vecinas, Yanzi decidió renunciar y entregó el cargo a Benavides (Ferrá de Bartol y Arias, 1994, pp. 28-29).
El 16 de agosto, Benavides volvió a la provincia, allí se produjo el encarcelamiento de Yanzi y Rawson. Benavides entró a la ciudad de San Juan secundado por un grupo proveniente de la campaña, el cual lo componían integrantes de la clase más desposeída, dicho grupo iba armado con picas, describiéndose este evento como el regreso de la barbarie a San Juan. Nótese aquí la diferenciación de sectores sociales que aparecían representados en ambos partidos, lo cual se va a acentuar desde este momento (Ferrá de Bartol y Arias, 1994, p. 29).
El 11 de septiembre de 1852 se produjo la Revolución que separó a Buenos Aires del resto de la Confederación Argentina, este hecho provocó la inmediata alineación de Benavides con el gobierno de Paraná (Ferrá de Bartol y Arias, 1994, p. 31). Sarmiento no aceptó esta división del país en dos Estados al tiempo que creía que, con el apoyo de Benavides y su provincia, el pueblo se podría levantar en defensa de la nacionalidad[2], cosa que finalmente no ocurrió (Landa, 1951, p. 53). El 13 octubre de 1852, Sarmiento escribe la llamada Carta de Yungay a Urquiza donde le manifiesta las razones[3] de su alejamiento del gobierno de la Confederación (Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Justo José de Urquiza, 13 de octubre de 1852 en Landa, 1951, p. 52).
En diciembre de 1852 se realizaron las elecciones para Constituyentes, siendo electos Salvador María Del Carril y Antonino Aberastain. En febrero de 1853 asumieron su cargo como Diputados electos por San Juan al Congreso Constituyente de Santa Fe, Del Carril[4], y Ruperto Godoy, ya que Antonino Aberastain se negó a asumir por la división de la Confederación y Buenos Aires. En una elección previa que fue anulada por Benavides, Sarmiento había sido electo como diputado junto a Rawson y Tadeo Rojo (Ramírez, 1974, p. 61).
En mayo de 1853 se produjo la reelección como gobernador de Benavides por un periodo de dos años, sin embargo, su mandato no podrá ser completado. Por otra parte, la Legislatura provincial protestó ante Urquiza por la demora de la provincia en enviar sus representantes al Congreso Nacional, haciéndole conocer al gobierno de Paraná, la complicada situación interna que vivía la provincia. (Lanteri, 2014, p. 1). Otra dificultad que acechaba a San Juan era la económica, ya que la industria vitivinícola había dejado de estar protegida por la Ley de Aduana y estaba en desventaja cuando debía mejorar sus técnicas para enfrentar la libre competencia.
Desde Chile, en enero de 1855, Sarmiento les enviaba correspondencia a sus aliados en la provincia convocándolos a que no cesaran sus esfuerzos para la convocatoria de elecciones, dada la cercanía de estas para mayo de aquel año. En las misivas, proponía la candidatura a gobernador de Manuel Gómez Rufino quien finalmente sería electo en las elecciones de 1857.
Al mismo tiempo, Sarmiento sugería la edición de un periódico en Mendoza y pedía a los hacendados y vecinos de la ciudad, que realizaran refacciones en sus casas para así poder atraer albañiles y obreros a la causa. Para ese tiempo Benavides presentaba su renuncia a la gobernación, a fin de solucionar los conflictos políticos ininterrumpidos desde 1852 (Landa, 1951, pp. 57-58).
Benavides delegó el mando en Francisco Díaz, al tiempo que, mediante un decreto del vicepresidente Del Carril por pedido de Urquiza, (Decreto del vicepresidente Del Carril, 25 de febrero de 1855 en Landa, 1951, p. 58), en ejercicio de la presidencia le reconoció el grado de Brigadier que tenía en San Juan, elevándolo al rango militar de jefe de la División Militar del Oeste, cargo que acababa de crearse y que le daba jurisdicción sobre San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca (Landa, 1951, p. 58). Mediante este nombramiento, se le otorgaban a Benavides facultades para emplear todas las medidas necesarias contra la violencia armada y garantizar la sanción de la Carta Magna provincial (Lanteri, 2014, p. 3).
En otro decreto firmado por Del Carril, pocos días después, el vicepresidente llamaba a la promulgación de la Constitución provincial destacando la labor de Benavides y reconociéndole su renuncia al cargo en aras de la pacificación provincial (Decreto del vicepresidente Del Carril, 9 de marzo de 1855 en Landa, 1951, p. 58). El gobernador había renunciado oficialmente a su cargo ante la Sala de Representantes, el 13 de diciembre de 1854, pero su renuncia fue aceptada el 4 de enero de 1855 y se eligió como gobernador a Francisco Díaz el 21 de enero de 1855 (Carta del ministro del Interior Santiago Derqui al Gobernador Francisco Díaz, 9 de marzo de 1855 en Lanteri, 2014, pp. 3-4; Ferrá de Bartol y Arias, 1994, p. 37).
Díaz, quien era coronel, era uno de los hombres de confianza de Benavides, pero también estaba vinculado parentalmente a Sarmiento. Díaz, cuando asumió la gobernación en 1855, decidió realizar algunas reformas en el terreno judicial. Por otra parte, durante su gobierno se estableció la creación de dos Escuelas modelo y otros establecimientos educativos. Pero, sin dudas su obra más importante fue la promulgación de la primera Constitución provincial en 1856 (Landa, 1951, p. 60).
La creación de la Circunscripción Militar[5] del Oeste aparecía como una solución a los problemas internos de la provincia mientras que Benavides redefinía su nuevo rol de poder. Urquiza necesitaba mantener a Benavides en un cargo influyente, ya que lo consideraba un aliado fundamental en el nuevo orden nacional que se estaba gestando (Lanteri, 2014, p. 4). Urquiza pensaba que asentar un poder fuerte en la provincia sería clave para lograr un apoyo importante en su disputa con el gobierno porteño. Esta situación provocó la ira de Sarmiento quien, radicado nuevamente en Buenos Aires atacaba al “caudillaje en San Juan” desde la prensa.
El surgimiento de esta nueva institución regional implicaba la conformación de un ejército que, si bien estaba descentralizado le permitiría al gobierno nacional avanzar sobre las prerrogativas de los gobernadores, al mismo tiempo que se afianzaban el sentido nacional de la fuerza armada y la distribución regional de las fuerzas de acuerdo con las necesidades del gobierno de Paraná. De todas formas, durante esta década los gobernadores pudieron mantener su posición de fuerza a nivel provincial y regional (Lanteri, 2014, p. 5).
En cuanto a sus deberes como jefe de Circunscripción, Benavides debía actuar ante incursiones de los indígenas, conmoción interior y ataque exterior, sosteniendo el orden público, la propiedad y conservar la integridad de la Confederación Argentina. Si bien estaba subordinado al gobierno nacional, estaba facultado para movilizar tropas en caso de una emergencia. Por otra parte, debía encargar a los gobernadores, la conformación de las Guardias Nacionales, esta medida fue realizada por Díaz en San Juan. Sin embargo, la relación con el gobierno provincial se va a alterar cuando asuma en el cargo Manuel Gómez Rufino (Lanteri, 2014, p. 6).
Como consecuencia de su notable influencia en la provincia, Benavides incidía en la política local desde su posición de poder, siendo este otro factor importante de tensión entre federales y liberales. En otro orden, en 1856 se produjo un conflicto entre el gobernador Díaz y el obispo Timoteo Maradona, titular de la Diócesis de Cuyo. La causa de la disidencia entre el gobernador y el obispo fue dirimir quién tenía las facultades para el ejercicio del Patronato y, por ende, realizar el nombramiento de los eclesiásticos, lo cual era una atribución del Ejecutivo provincial (Fernández, 1939, p. 185).
La situación mencionada en el párrafo anterior causó la detención de Maradona, quien fue trasladado a Paraná en donde fue juzgado. Sin embargo, el efecto de esta situación fue desfavorable para Díaz ya que Maradona había ganado prestigio en un sector importante de la población y en el mismo Benavides, por lo que estos sucesos terminaron facilitando la caída del gobierno de Díaz para marzo de 1857, producto de un movimiento encabezado por Benavides[6]. Al mismo tiempo, Maradona era repuesto en su cargo mediante un decreto del vicepresidente Del Carril, en ejercicio de la presidencia (Lanteri, 2014, p. 9).
El gobierno nacional vio con buenos ojos lo sucedido, ya que sabía de cierto acercamiento de Díaz a los sectores liberales y consideraba la revolución como una oportunidad para volver a alinear a la provincia con Paraná. Para ello, decidió consolidar al nuevo poder en San Juan, enviando al interventor Nicanor Molinas, a quien se le pidió que se encargase de reunir consenso para la sanción de la Constitución provincial. La intervención también fue apoyada por Benavides (Lanteri, 2014, pp. 9-10).
La Constitución Provincial debía adecuar su marco jurídico a la Constitución Nacional de 1853, con el objeto de adecuarse a un proceso de centralización política comandado por la Confederación Argentina, al tiempo que se garantizaba una nueva institucionalidad diferenciando las atribuciones de las autoridades y restringiendo el uso de armas de fuego para dirimir los conflictos políticos. Este proceso institucional fue lento, ya que San Juan fue la penúltima provincia[7] en sancionar su Carta Magna (Lanteri, 2014, p. 4).
La Constitución además dejó instituido que la Legislatura debía componerse de dos Cámaras, la de Diputados, que sería elegida proporcionalmente por la población y la de Senadores, los cuales se elegirían uno por cada departamento. El Poder Ejecutivo estableció que el cargo de gobernador debería ser de tres años de duración, el gobernador debía tener a su cargo los ministerios de Gobierno, Instrucción Pública, Hacienda y Obras Públicas. El Poder Judicial quedaba a cargo de una Corte de Justicia, jueces letrados, jueces de paz y fiscales quienes permanecerían en sus cargos hasta los 70 años (Fernández, 1939, pp. 184-185). Desde abril de 1857, San Juan se encontraba bajo la citada intervención federal de Nicanor Molinas, quien era resistido por los miembros de la élite local, pese a ello, el interventor pudo lograr la promulgación de la Constitución en mayo de 1857 y luego, llamó a elecciones provinciales para septiembre del mismo año.
Sumado a la situación descripta más arriba, se destacaba el petitorio de trescientos ciudadanos sanjuaninos al vicepresidente Del Carril, a fin de que cesase la intervención en la provincia resaltando la condición de sanjuanino de aquel, al tiempo que culpaban al gobierno nacional de entrometerse en los poderes provinciales. En este tiempo la rivalidad entre Derqui y Del Carril para dirimir al sucesor de Urquiza entraba en un punto álgido (Lanteri, 2014, p. 11) lo cual culminaría luego del asesinato de Benavides y el fin de las aspiraciones de Del Carril, ya que no consideraba prudente mantener su candidatura por ser natural de la provincia (Castro y Herrera, 1997, p. 376).
En septiembre de 1857, se realizaron los comicios, en donde se enfrentaron los federales de Benavides y los liberales del “Club Libertad”, apoyados por federales disidentes como Durán y Díaz. El liberal Manuel Gómez Rufino, sostenido por el gobierno porteño, ganó la elección, permaneciendo Benavides como jefe de Circunscripción, para ese momento solo quedaban unos pocos federales en la Legislatura (Lanteri, 2014, pp. 9-10).
Antes de partir, el interventor Molinas tuvo una reunión con Benavides y Gómez Rufino, en aras de mantener la paz social en la provincia. En este encuentro, Benavides se comprometió a ser un ferviente sostenedor de las instituciones. Sin embargo, como se verá más abajo, el objetivo conciliador que buscaba Molinas no pudo ser alcanzado (Quiroga Micheo, 1994, p. 86).
Las relaciones entre Benavides y Gómez Rufino se tensaron en un grado mucho mayor al que tenía el vínculo entre Benavides y Díaz, ya que como fue citado, el nuevo gobernador contaba con el respaldo jurídico de la Constitución provincial, que establecía la creación de nuevos cargos militares a nivel provincial, lo que redujo el poder de Benavides. El jefe de Circunscripción manejaba varios cuerpos militares, pero el gobernador decidió encargarse de la organización de dichos cuerpos lo que produjo el primer enfrentamiento entre ambos (Ferrá de Bartol y Arias, 1994, pp. 36-40; Lanteri, 2014, p. 12).
El inconveniente suscitado llevó a Benavides a escribir diversas cartas a Gómez Rufino y a Urquiza tratando de recuperar el poder perdido, en el intercambio con el gobernador, Benavides se sintió destratado por su injerencia en asuntos (Carta de Benavides a Gómez Rufino, noviembre de 1857 en Castro y Herrera, 1997, pp. 358-359) que eran concernientes a sus funciones, ya que él mismo había solicitado tropas al gobierno nacional, por lo cual deslindaba responsabilidades respecto al estado del ejército frente a Urquiza y la sociedad de San Juan. Gómez Rufino hacía uso indebido de las fuerzas de Benavides respaldándose en su interpretación de la Carta Magna provincial, lo que le permitía al primero crear un entramado de lealtades a su persona (Lanteri, 2014, pp. 9-10).
Por otra parte, el gobernador estaba decidido a contrarrestar con todas sus fuerzas el poder de Benavides, ya que Gómez Rufino tenía un hombre de su confianza como intermediario ante Urquiza, lo que imposibilitó que Benavides le comunicara a aquel los atropellos que sufría y fuera calificado como “desertor” por la gobernación, además de ordenar disolver los despachos del jefe de Circunscripción respecto a las Guardias Nacionales. Los sucesos se agravaron, ya que el Gobierno Nacional no dio instrucciones lo suficientemente claras como para diferenciar los poderes de cada uno de los implicados en el enfrentamiento (Lanteri, 2014, p. 12).
Benavides respaldado por algunos militares, buscó infructuosamente el apoyo de Urquiza desde fines de 1857 y durante 1858, hasta su arresto y posterior asesinato. El exgobernador resaltaba los peligros que podía tener el avance de las facultades de un gobierno provincial sobre el nacional. Benavides sentía que el presidente daba mucho crédito a las difamaciones de sus enemigos políticos y del exinterventor Molinas quienes lo habían desprestigiado ante el gobierno de Paraná. A pesar de todo, a fines de 1857, Urquiza decidió enviar una escolta de siete hombres para proteger a Benavides, ya que temía su asesinato (Lanteri, 2014, p. 12).
Los hombres que custodiaban a Benavides fueron otra excusa que encontró el gobernador para acentuar el conflicto, ya que cuando Valentín Videla, cercano a Gómez Rufino fue llevado a juicio por su negativa a ser parte del servicio militar, manifestó que Benavides se jactaba de los soldados que lo custodiaban, proclamando que con el respaldo de su escolta podía llevar al gobierno provincial a su caída.
Para entonces, en mayo de 1858, la situación entre Buenos Aires y Paraná era muy tensa, lo que llevó a la exacerbación de los dos bandos en la política local. En agosto de 1858, se realizaron elecciones de la Legislatura, cuyo resultado favorecía a Benavides, pero el gobierno reaccionó encarcelando a los opositores, acusándolos de instigar una revolución (Castro y Herrera, 1997, pp. 361-362).
Según Gómez Rufino, Benavides debía ser llamado a la realidad de los nuevos tiempos en los que transcurría la provincia, el gobernador acusaba al jefe de Circunscripción de un nuevo plan revolucionario que incluía al Chacho Peñaloza, quien con sus montoneras riojanas se encontraba en San Juan. Desde el 12 de septiembre, Benavides se reunió con más de cien de sus partidarios en su casa, estos encuentros siguieron en los días posteriores (Quiroga Micheo, 1994, p. 89), por ello, el 19 de septiembre, Benavides fue arrestado acusado de conspirar contra el gobierno provincial (Fernández, 1939, p. 186).
La detención se realizó deliberadamente, cuando el jefe de Circunscripción se encontraba en un reñidero de gallos, apenas momentos después que había partido la mensajería oficial de la provincia rumbo al Litoral, por lo que no había tiempo de transmitir a Paraná la noticia de su detención (Castro y Herrera, 1997, pp. 365). La gobernación de Gómez Rufino contaba con el apoyo de Sarmiento, a la vez que se fortalecían los vínculos con el gobierno de Buenos Aires[8], lo cual recrudeció la interna política y llevó al mencionado arresto y posterior asesinato de Benavides, para este tiempo Urquiza se aprestaba a enfrentar a Buenos Aires en la batalla de Cepeda al año siguiente (Lanteri, 2014, p. 11).
Familiares y amigos de Benavides intentaron rescatarlo, no se sabe con certeza si fue porque temían su asesinato, ya que Urquiza había enviado una comisión que le devolvería la libertad (Quiroga Micheo, 1994, p. 89). Cuando Benavides se encontraba en prisión, su esposa Telesfora sobornó a un guardia, a fin de que su marido fuera liberado. Sin embargo, el oficial reveló los planes al capitán Maximino Godoy, encargado de custodiar al preso en el Cabildo. En la noche del 22 de octubre de 1858, el capitán Manuel Icazatti junto a un grupo de federales y hombres cercanos a Peñaloza llegaba a la Plaza dispuesto a liberar a Benavides. Godoy intentó detener al movimiento, pero un soldado lo asesinó.
Unos momentos más tarde, en medio de una confusión, el soldado Eugenio Morales disparó sobre Benavides quien estaba engrillado, dándole muerte y arrojando su cuerpo al vacío (Fernández, 1939, pp. 86-87; Quiroga Micheo, 1994, p. 89). El gobernador mendocino Juan Moyano acusaba de promover el asesinato de Benavides a los unitarios de Mendoza, San Juan, y San Luis quienes estarían encabezados por Rawson (Castro y Herrera, 1997, pp. 370). Por su parte, la opinión pública local observó en la muerte de Benavides un asesinato político, del que Urquiza y otros federales culparon a Buenos Aires, agravando las tensiones que desembocarían en la batalla de Cepeda (Varese y Arias, 1966, p. 289).
Pocos días antes, el 14 de octubre, el gobierno nacional debido a la tensión extrema registrada en la provincia, había decidido una nueva intervención a San Juan[9], al llegar los comisionados a Mendoza el día 24, se enteraron del asesinato de Benavides, por lo cual al arribar a la localidad de Pocito, en territorio sanjuanino decretaron el estado de sitio en la provincia y asumieron el gobierno de la misma; una comisión con fuerzas de San Luis y La Rioja se hizo cargo del gobierno de San Juan a fines de diciembre de 1858 (Landa, 1951, p. 67).
Dicha comisión decidió detener a Gómez Rufino, su ministro Saturnino Laspiur y a un grupo de colaboradores cercanos, quienes en enero de 1859 fueron conducidos a Paraná. Estos hechos produjeron malestar en ciertos sectores locales quienes veían un acto de venganza, sin embargo, los acusados fueron absueltos cinco meses después, encontrándolos inocentes de los cargos que se les imputaron (Fernández, 1939, p. 187).
El 24 de enero de 1859, asumió como gobernador interino designado por la intervención, el correntino José Antonio Virasoro, desde el principio, el nuevo gobernador contó con la oposición de buena parte de la provincia, debido a su condición de extraño a la misma y, algunos lo consideraban como alguien que había violado la Constitución provincial, debido a que no había sido electo por los pobladores. Al mismo tiempo se elegía una nueva Cámara Legislativa, ya que se consideraba impugnada legalmente a la anterior. En agosto de 1859, Virasoro fue nombrado por la Legislatura como Gobernador propietario (Castro y Herrera, 1997, pp. 377-378).
En enero de 1859, Baldomero García quien era miembro de la Comisión Interventora, le escribió una misiva a Urquiza donde mencionaba los cuatro partidos en los que estaba dividida la provincia: el partido federal de Benavides, el partido unitario de Benavides (Rojo y Videla), el partido federal disidente (Díaz y Durán) y el partido unitario contrario a Benavides (Gómez Rufino y Laspiur). De esta forma quedaban claras las grandes disidencias internas (Carta de Baldomero García a Urquiza, 13 de enero de 1859 en Castro y Herrera, 1997, pp. 378-379).
García afirmaba que las elecciones de agosto habían sido ganadas por los seguidores de Benavides y los unitarios lo habían asesinado como venganza. Por ello, el interventor pidió que se aceptase el resultado de agosto más esto no fue aceptado por los federales disidentes, por lo cual se decidió la renovación total de la Cámara (Castro y Herrera, 1997, pp. 358 y 378-379).
Virasoro fue apoyado por los federales sanjuaninos, pero no solo se enfrentó al grupo liberal que era respaldado desde Buenos Aires, sino que también tuvo la oposición de buena parte de la población, ya que como se verá más adelante, tomó medidas económicas impopulares. Entre los representantes de San Juan ante la Convención Nacional, para la primera reforma de la Constitución, se encontraba su hermano, Pedro Virasoro.
El nombramiento de Virasoro como gobernador, realizado por Derqui causó no pocas controversias entre los distintos autores, Juan R. Fernández (1939) lo considera un militar de mano firme y autoritario; en cambio, para Castro y Herrera (1997) se trató de un hombre de confianza de Derqui en su camino a la presidencia y, Urquiza reconocía que había sido un error haberlo enviado, por su carácter temperamental a una provincia que no era la suya (pp. 382-383).
Otra característica que le causó la oposición de la población fue la presencia de funcionarios correntinos y extranjeros en el gabinete. Si bien reconocidos sanjuaninos fueron nombrados en cargos públicos, como los casos de Pedro Zavalla como ministro de Gobierno y Antonio Yanzi, como tesorero de la provincia, varios extranjeros ocuparon cargos importantes. Entre ellos, los españoles Manuel Tristany, como juez del Crimen; José Amusi, oficial de la Compañía de serenos y Gregorio Iturbide, jefe de la Custodia de Virasoro; además del médico italiano Luis Tamini quien fue designado médico del Hospital y la Policía (Castro y Herrera, 1997, pp. 383-384).
Con el nombramiento del correntino Virasoro como gobernador, reaparecía la exacerbación de las antiguas antinomias posteriores a la Independencia: Litoral contra Interior, federales contra unitarios, conservadores contra liberales y la influencia de las ideas de España contra las de Francia, considerando la nacionalidad de los colaboradores de Virasoro y la de los extranjeros que representaban a los sectores liberales sanjuaninos.
A poco tiempo de asumir, Virasoro propuso un ambicioso plan de obras públicas para San Juan, sin embargo, como no contaba con los recursos suficientes debió aumentar los impuestos; fue esta una decisión muy drástica porque este tema implicaba que buena parte de la población se endeudase más, ya que aún muchos vecinos debían impuestos impagos a la provincia desde los tiempos de la gobernación de Gómez Rufino.
A fin de regular la recaudación fiscal, el gobierno de Virasoro logró que se sancionaran dos leyes en 1859, lo que le valió al gobernador un aumento de su impopularidad y un respaldo para los sectores liberales. Además, para 1860 se registró un atraso en los pagos de los empleados públicos (Larraín, 1916, p. 269). A pesar de lo mencionado, lo recaudado no alcanzaba y se recurrió a una emisión de Bonos de la Deuda Pública (Castro y Herrera, 1997, pp. 384-385).
La oposición acusaba a Virasoro de realizar varias irregularidades, entre ellas, utilizar a los hombres de la Guardia Nacional como peones particulares. Por otra parte, algunos vecinos de la ciudad denunciaban que varios colaboradores de Virasoro cometían diversos excesos entre los que se destacaba el robo constante de bebidas alcohólicas, provocando la ira entre los pobladores locales (Fernández, 1953, p. 32). Para calmar un poco los ánimos, en julio de 1859, se dictó una ley para que tres vecinos controlasen los avalúos fiscales.
Pese a las dificultades, se realizaron importantes obras públicas: se pavimentaron las calles de la ciudad, se colocó el alumbrado público, se construyó un puente sobre el río San Juan y se produjo la apertura de un camino hacia San Luis. (Castro y Herrera, 1997, pp. 385-386). En 1859, también se dictó un reglamento escolar que determinaba cuáles eran las asignaturas que debían ser enseñadas, así como los textos que debían utilizarse en las escuelas. También se fundó una escuela en la localidad de Mogna (Fernández, 1939, p. 215).
En octubre de 1859, Urquiza vencía a Mitre en Cepeda provocando más división entre los sectores políticos locales, ya que Sarmiento formaba parte del gobierno porteño y tenía una notoria influencia en San Juan (Varese y Arias, 1966, p. 291). Entre los opositores, se destacaban los integrantes del grupo liberal: Aberastain, Laspiur, Coll y Amado Laprida[10], pero también aparecían los federales disidentes como Díaz y José Durán. Además, luego de las medidas contra la oposición, muchos federales que en principio apoyaban a Virasoro, ahora lo criticaban.
En septiembre de 1859, fueron designados los electores sanjuaninos para la fórmula presidencial quienes apoyaron a Derqui, pero no al vicepresidente Pedernera, ya que Virasoro se hallaba enemistado con Urquiza, candidato de aquel. (Castro y Herrera, 1997, pp. 386-388). Por su parte, Aberastain, en principio aprobó la propuesta de libre sufragio hecha por Virasoro. Sin embargo, al aceptar Virasoro la sugerencia de Derqui, de promover las candidaturas de personas foráneas, el sanjuanino protestó enérgicamente.
Asimismo, Aberastain, al no obtener los resultados esperados, se dedicó de lleno a actividades de tipo económico que ejercía desde algunos años atrás: la industria de las minas de plata y un proyecto de construcción del ferrocarril interoceánico por Copiapó, propuesto por el empresario estadounidense William Wheelwright (Larraín, 1916, pp. 265-268).
En julio de 1860 se incrementó la tensión en la provincia, ya que la Cámara sancionó una ley que prohibía a los extranjeros acceder a cargos públicos. Sin embargo, Virasoro hizo caso omiso a esta medida apoyándose en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que, entre otras prerrogativas, establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y que estos son admisibles en los empleos. En agosto de 1860, Virasoro fue reelecto como gobernador propietario, por una Sala totalmente parcial debido a la expulsión de los opositores. En ese tiempo, también fueron elegidos Convencionales, para la Reforma Constitucional, dos representantes allegados a Virasoro: Pedro Zavalla y Federico de la Barra.
La oposición sanjuanina presentó una nota de protesta por las designaciones de los convencionales por haber sido impuestos por el gobernador. La representación de Buenos Aires acompañó la protesta e impugnó a los representantes sanjuaninos. Finalmente, la Convención reformadora rechazó a los representantes en septiembre de 1860. Esta decisión se celebró en San Juan efusivamente, los opositores redactaron un acta firmada por 800 personas entre las que se destacaban Aberastain, Laspiur y Manuel Lima (Castro y Herrera, 1997, p. 389).
El gobierno y la Legislatura protestaron enérgicamente por la actitud de la Convención de Santa Fe, al mismo tiempo que se procedía al encarcelamiento y el ostracismo de los opositores (Castro y Herrera, 1997, pp. 389). En octubre de 1860, Aberastain era arrestado e interrogado acusado de conspirar contra el gobernador, por lo cual, luego sería desterrado a Mendoza junto a Lima, Tadeo Rojo, José A. Durán, Patricio Recabarren, Eusebio Dojorti y Francisco Aguilar (Catálogo de Bienes Patrimoniales de la Provincia de San Juan, 2016, p. 116). Desde Buenos Aires, Sarmiento va a ser un duro crítico de la intervención denunciando abusos contra los derechos personales y la violación de la Constitución Nacional (Sarmiento, 1953).
Aberastain había tenido un papel secundario en el asesinato de Benavides, luego de ello intentó llegar al gobierno, pero la intervención de Virasoro frustró este intento; sin embargo, Aberastain fue uno de los impulsores de la revolución que se gestó en contra del interventor y que terminará con su asesinato. Como líder local del Partido Unitario estaba en contacto fluido con Buenos Aires a través de Mitre y Sarmiento (Catálogo de Bienes Patrimoniales de la Provincia de San Juan, 2016, p. 114).
Como consecuencia de las expulsiones de la provincia, algunos funcionarios del gobierno, como Saturnino de la Presilla, Salvador Quiroga, Santiago Lloveras y Valentín Videla, entre otros, dejaron sus cargos, en protesta por las medidas tomadas por el Ejecutivo provincial (Castro y Herrera, 1997, p. 390). Además, entre quienes se confabularon en su contra, se hallaba Domingo de Oro, quien desde 1858 había sido designado por Derqui como Comisionado para estudiar las condiciones mineras de Mendoza, San Luis, Córdoba, San Juan y La Rioja para preparar un proyecto de explotación a cargo del gobierno nacional (Archivo General de la Nación, Fondo Domingo de Oro, 2016, pp. 67-68).
Virasoro, quien había escuchado rumores sobre una conspiración en su contra, tomó medidas prontamente, a fin de evitar que la revolución triunfe, pero en horas de la mañana del 16 de noviembre de 1860, un grupo encabezado por el ciudadano chileno Pedro Nolasco Cobos quien estaba secundado por los comandantes de milicias, David Agüero y Marcelino Quiroga llegaba hasta la casa de Virasoro pidiéndole la renuncia; al mismo tiempo que otras facciones revolucionarias llegaban al Cabildo y al Cuartel de San Clemente (Castro y Herrera, 1997, pp. 384-385).
El acontecimiento más sangriento de aquella jornada sucedió en la casa de Virasoro, ya que luego de un intercambio de disparos y de sablazos, resultaron asesinados el gobernador, su hermano Pedro, el mayor Tomás Hayes y cuatro militares que tenían a su cargo la custodia del lugar, al mismo tiempo también fueron abatidos varios revolucionarios. Según la esposa del fallecido gobernador, este había sido asesinado “por los hombres decentes de San Juan” (Fernández, 1953, p. 33). Mientras tanto, la prensa federal responsabilizaba de manera directa a los liberales, quienes constituían una seria amenaza para Urquiza y Derqui, por los asesinatos de Benavides y Virasoro (La Reforma Pacífica, 1860 en Saá, 1970).
Mientras se producía el asesinato de Virasoro en San Juan, Mitre se encontraba reunido con Urquiza y Derqui en Concepción del Uruguay, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la pacificación y la reorganización nacional, consecuencia del Convenio de Unión firmado el 6 de junio de 1860. Desde Entre Ríos, los tres representantes le escribieron una carta el mismo día de su asesinato a Virasoro, donde le aconsejaban que renunciase a su cargo como gobernador, conocida la tensa situación que imperaba en San Juan (Carta de Urquiza, Mitre y Derqui a José Virasoro, 16 de noviembre de 1860, en Fernández 1953, pp. 161-162). Como fue descripto más arriba, la intervención de Virasoro en la provincia fue decidida por Derqui, pero contaba con la oposición de Urquiza y Mitre (Fernández, 1953, p. 34).
El mismo 16 de noviembre, en horas de la tarde, un grupo de vecinos le ofreció el gobierno a Saturnino de la Presilla quien declinó el cargo, por lo que asumió interinamente la gobernación, Nolasco Cobos. A continuación, se llamó a elecciones de gobernador interino, quien luego convocaría a elecciones de gobernador propietario, fue electo en el cargo Francisco Coll. Mientras tanto, el grupo desterrado en Mendoza encabezado por Aberastain retornaba a la provincia. Coll nombró a Aberastain, ministro secretario junto a Valentín Videla, y también asumió el exgobernador Díaz como comandante de Armas de la Plaza (Castro y Herrera, 1997, p. 396).
Al mismo tiempo, se formaba una comisión integrada por Amado Laprida, José Durán y Nolasco Cobos con el fin de realizar un manifiesto dirigido al gobierno nacional para explicar las causas que habían determinado el fin del gobierno de Virasoro. El 23 de noviembre, el gobierno interino informaba al Ministerio de Estado de la Confederación sobre los sucesos acontecidos, amparándose en disposiciones constitucionales, a fin de evitar la intervención federal a la provincia (Castro y Herrera, 1997, pp. 397-399).
El gobierno de Derqui se encontraba ante un dilema, ya que quería castigar a los implicados en el asesinato de Virasoro, mas no quería que Urquiza interviniera en el asunto, debido a un distanciamiento que el presidente tenía con el líder entrerriano, por la influencia que este ejercía sobre los gobernadores. Urquiza aconsejaba que el nuevo interventor fuese Benjamín Virasoro, hermano del gobernador asesinado. Finalmente, el 25 de noviembre, Derqui con el apoyo de sus ministros decidió enviar como interventor al gobernador puntano, Juan Saá, a quien se autorizaba a movilizar las fuerzas de San Luis, Mendoza y Catamarca para restituir el orden nacional en San Juan (Castro y Herrera, 1997, p. 399).
Asimismo, Derqui decidió que acompañaran a Saá, José María Lafuente, oficial del Ministerio de Gobierno de Buenos Aires y designó al mando de las fuerzas militares a los coroneles[11] Wenceslao Paunero y Emilio Conesa, quienes también pertenecían al gobierno de Buenos Aires, así Derqui intentaba congraciarse con Mitre al tiempo que aumentaba su distanciamiento con Urquiza[12]. Esta decisión del presidente parece ser contradictoria, ya que por un lado quería castigar a los culpables del asesinato de Virasoro y por el otro, se acercaba al gobierno porteño, que había apoyado la revolución del 16 de noviembre (Castro y Herrera, 1997, p. 400).
Por su parte, Paunero y Conesa se reunieron con Aberastain en Mendoza antes de la llegada de Saá, adelantándole sus planes (Sobre temático Antonino Aberastain, ca. 1980).
La intransigencia de ambos bandos iba a llevar a un inevitable encuentro bélico, Saá era un federal comprometido con Paraná y los liberales sanjuaninos eran apoyados abiertamente por Buenos Aires. Desde San Luis, Saá escribió a Coll a fin de hacerle conocer su designación como interventor, seguidamente Lafuente escribió a Aberastain solicitándole una respuesta amistosa asegurándole que Saá marcharía sobre San Juan con una pequeña escolta, acompañado por Paunero y Conesa. Hasta aquel momento Saá y sus compañeros habían acordado una intervención pacífica (Castro y Herrera, 1997, pp. 401-402).
Mientras tanto en San Juan, Coll convocaba a elecciones para gobernador propietario el día 9 de diciembre donde resultó electo Aberastain, aunque por el momento se suspendía su asunción al mando, prevista para el día 11 a fin de poder conciliar con el otro bando, el día 10, Coll había escrito a Saá de manera amistosa, pero resaltando que la provincia no había delegado su soberanía a las autoridades nacionales[13].
En tanto, una comisión enviada por el gobierno de San Juan, conformada por Timoteo Maradona, Ruperto Godoy y Amado Laprida, se dirigió a Mendoza a fin de exponerle al comisionado Saá los hechos suscitados en la provincia, la comisión admitía la discusión sobre la legalidad de los hechos ocurridos y solicitándole que su entrada a la provincia no viniera acompañada de una “ostentación de fuerzas” (Castro y Herrera, 1997, pp. 401-402). Por su parte, Saá pidió que se le entregaran los asesinos de Virasoro a fin de ser juzgados por la autoridad competente al tiempo que ratificaba que repondría la Cámara Legislativa y convocaría a nuevas elecciones, sobre estos puntos no hubo ningún acuerdo (Larraín, 1916, p. 272).
Si bien en aquel momento, el trato epistolar era cordial, ambas partes permanecían inflexibles, al llegar Saá a Mendoza, el gobernador de esa provincia, Laureano Nazar -un federal comprometido, amigo de Benavides y que había sido también un ferviente apoyo para Virasoro, a la vez que era enemigo de los liberales sanjuaninos-, amonestó a Saá por licenciar a las tropas, demandándole que las fuerzas debían estar listas para partir hacia San Juan. Al mismo tiempo, la prensa mendocina[14] atacaba al nuevo gobierno sanjuanino. Estas desavenencias provocaron las renuncias de Lafuente, Paunero y Conesa (Castro y Herrera, 1997, pp. 406).
Saá decidió reemplazar a los renunciantes por Nicasio Marín, ministro de Gobierno de Mendoza y José E. Rodríguez, Juez de Letras de San Luis, de donde había pedido movilizar 700 hombres, al mando de su hermano, el coronel Felipe Saá, mientras que Nazar ponía a su disposición alrededor de 800 soldados mendocinos para la expedición militar (Larraín, 1916, pp. 274-275). Otra comisión partió desde San Juan compuesta por Ruperto Godoy, Santiago Cortinez y Augusto Bravard a fin de convencer a Saá de no intervenir, mas todo fue en vano (Fernández, 1953, p. 36).
Al conocerse la decisión de Saá de avanzar con las tropas puntanas y mendocinas sobre San Juan y al mismo tiempo conocer la renuncia de los enviados de Buenos Aires, Coll decidió designar a Aberastain como gobernador propietario, cargo que asumió el 29 de diciembre. Aberastain designó como ministros a Valentín Videla y Santiago Cortinez, declaró a la provincia en estado de Asamblea, ordenando que se formasen regimientos de infantería y caballería, creando los batallones Unión Nacional, Libertad, Constitución y 25 de Mayo y, designando como jefe de Estado Mayor al coronel Santiago Albarracín (Castro y Herrera, 1997, pp. 407).
Posteriormente Aberastain dirigió al pueblo una proclama donde desconocía la autoridad de Saá como interventor[15] y juramentaba defender San Juan en nombre de las autonomías provinciales ante lo que consideraba un atropello del gobierno nacional, al tiempo que reivindicaba la libertad conseguida luego de la revolución del 16 de noviembre de 1860 (Larraín, 1916, pp. 273-274). Asimismo, mediante un decreto reglamentario, Aberastain ordenaba medidas de emergencia regulando las horas de trabajo en las oficinas públicas, al tiempo que se autorizaba la contratación de un empréstito a fin de solventar los diferentes gastos (Decreto del gobernador Aberastain, 1 de enero de 1861 en Fernández, 1953, pp.223-224).
Saá inició la marcha hacia San Juan el 7 de enero de 1861. Al llegar el día 9 a Huanacache, emitió un decreto declarando el estado de sitio en la provincia, ordenando a las fuerzas armadas que quedasen bajo su mando. Aberastain rechazó la demanda, acusando de Saá de conducir una intervención ilegal y una invasión a San Juan. Posteriormente, Aberastain marchó hacia la Rinconada del Pocito, donde las fuerzas de la provincia fueron derrotadas por las nacionales, en la mañana del día 11 de forma contundente debido a su mayor preparación y superioridad dejando un saldo de más de 400 caídos y 400 prisioneros entre los que estaban Aberastain y sus colaboradores (Larraín, 1916, pp. 275-276).
El 12 de enero, Aberastain fue fusilado a “lanza seca”, expresión utilizada por el Comisionado Saá en su Informe, cuando retornaba de la Rinconada a la ciudad, en el paraje “Los álamos de Barboza” por el militar Francisco Clavero quien estaba secundado por Arístides Aldao, estos lo habían ejecutado con el pretexto de que podía amotinar a las tropas y que desde el momento de la rendición en la tarde del día 11 hasta el amanecer del 12, Aberastain había rechazado la comida y la atención médica y, también, había intentado sobornar a un guardia (Saá, 1970, p. 91).
El asesinato de Aberastain fue recibido con una inmensa conmoción en todo el país y fue la causa del nuevo enfrentamiento entre Buenos Aires y la Confederación que concluyó con la victoria porteña en Pavón. Urquiza escribió a Derqui condenando este crimen con mucha energía. El gobierno porteño encabezado por Mitre hizo suya la causa del asesinado gobernador sanjuanino, realizándola en nombre de la compostura nacional, resaltando que, para vengar la muerte de Virasoro, se había asesinado a todo un pueblo (Fernández, 1953, p. 93).
La situación provocada por el asesinato de Aberastain llevaría pocos meses después al mencionado enfrentamiento entre los dos Estados en Pavón (Fernández, 1939, pp. 193-194). Por su parte, Sarmiento renunció a su cargo de ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina ante los Estados Unidos, en protesta por los sucesos acaecidos en su provincia natal (Sobre temático Antonino Aberastain, ca. 1980).
De los resultados obtenidos se pueden realizar algunos análisis e interpretaciones que dialogan con el contexto y las producciones historiográficas que abordan temáticas afines. Se profundizará en un enfoque dirigido al comportamiento político de la élite local en el periodo 1852-1861.
Desde su autonomía en 1820, van a aparecer un grupo de vecinos influyentes quienes estarán presentes de allí en adelante en todos los acontecimientos de la vida de San Juan, siendo el principal aval del que requerían los nuevos gobiernos que se constituían. Estos vecinos representaban el verdadero poder que respaldaba la figura del gobernante y, aparecían siempre con su apoyo siendo aquel federal o unitario.
Luego del asesinato de Virasoro, una situación de mucha incertidumbre reinó en la provincia durante los dos meses posteriores. El poder lo tomó transitoriamente un grupo de dirigentes liberales, al que no le faltaron colaboradores federales, como el exgobernador Francisco Díaz y el obispo Timoteo Maradona quienes se habían enfrentado en 1857. El mismo Díaz, será nuevamente gobernador y apoyará a Derqui hasta la entrada de Sarmiento y las tropas nacionales en 1862, lo que muestra la maleabilidad de varios funcionarios provinciales, pero también la importancia de los lazos de consanguineidad, ya que como se citó más arriba Díaz estaba vinculado tanto a Benavides como a Sarmiento.
Si bien en el Interior (a diferencia del Litoral), la tendencia unitaria era mayoritaria desde el periodo de la Independencia, fue en San Juan donde el pensamiento liberal se mantuvo siempre presente, a pesar de los gobiernos federales y solo se produjo la ruptura en la élite luego de Caseros, al no aceptar Benavides los reiterados ofrecimientos de Sarmiento y Rawson, para que aquel se acercara al liberalismo.
Luego de la Batalla de Caseros y de rechazar las mencionadas ofertas, Benavides quedó en una postura ambigua que lo llevó a elegir finalmente la causa de la Confederación; esta decisión hizo que Benavides se acercase más a los sectores populares y a las montoneras de Peñaloza, alejándose aún más del grupo liberal, llegando en un momento a aparecer cuatro partidos en San Juan, dos federales y dos liberales que provocarían una grieta muy profunda en las instituciones provinciales, lo cual desencadenó ulteriormente una etapa de inestabilidad en la provincia que culminaría con el asesinato de Benavides.
Las posteriores intervenciones del gobierno nacional no solo no pudieron solucionar los problemas, sino que agravaron aún más el conflicto y fueron una de las causas principales de los enfrentamientos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Los ulteriores asesinatos de Virasoro y Aberastain hicieron que San Juan fuese el principal eje del conflicto en cuanto al armado de la anhelada organización nacional.
Durante el gobierno de Virasoro, hubo un clima de mucha tensión y rechazo a su figura, tanto por no ser natural de la provincia como por aplicar medidas impopulares. Esto generó que al final de su gobierno, Virasoro decidiera tomar medidas más duras con el grupo insurgente, llevando a muchos de sus miembros al ostracismo. La posterior reacción por parte de este sector fue un levantamiento armado que terminó con la vida del gobernador designado por la intervención federal.
A fines de 1860, Aberastain asumió la gobernación y se puso al frente de la lucha contra la intervención federal enviada por Derqui, a cargo de Juan Saá. Su derrota le causó la muerte y, la inmediata reacción del gobierno porteño quien tomó esta causa como un casus belli para el nuevo enfrentamiento que llevaría a la Batalla de Pavón. A principios de 1862, luego de la victoria de Mitre en dicha batalla, las tropas liberales llegaban a San Juan, nombrándose gobernador a Sarmiento.
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[*] El autor del trabajo es Ricardo Méndez Barozzi, graduado de la Carrera de Licenciado y Profesor en Historia de la Universidad Nacional de Luján (2017-2022) y (2011-2016). Además, es Ayudante de Primera Simple de la asignatura Historia de las Ideas Políticas, de la Carrera de Profesor de Historia y de la asignatura Historia Argentina de la Carrera de Licenciado en Educación, de la Universidad Nacional de Luján.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4627-933X Correo electrónico: mendezbarozzi@yahoo.com.ar
[1] Benavides había solicitado a Rawson que lo acompañase designándolo secretario, pero este rechazó la invitación aduciendo su independencia como legislador.
[2] En 1845, Sarmiento había escrito una carta a Benavides desde Chile, pidiéndole que fuera el jefe de un movimiento que depusiera a Rosas, pero el gobernador no le contestó.
[3] Sarmiento afirmaba que Urquiza era un caudillo local y no estaba preparado para comandar a la nueva nación al tiempo que criticaba al congreso de Santa Fe y apoyaba la posición porteña por la cual cada provincia debía ser representada por un número proporcional a sus habitantes.
[4] Del Carril estuvo en el cargo hasta octubre de 1853 cuando renunció porque fue designado ministro del Interior.
[5] Según Lanteri (2014) desde la creación de las Circunscripciones Militares, ya no eran los gobernadores sino el gobierno nacional quien realizaba los nombramientos militares.
[6] Para Lanteri (2014) Benavides pretendía que este movimiento revolucionario pareciera una revuelta espontanea del pueblo.
[7] La última provincia en sancionar la Constitución fue Entre Ríos, en 1860 luego de la desfederalización.
[8] El autor Hipólito Saá (1970) describe a San Juan como la única provincia de ideas liberales, debido a la influencia de Sarmiento y Aberastain.
[9] Según Fernández (1939), si bien la intervención estaba dictada con el fin de mantener los principios constitucionales, el asesinato de Benavides amplió la comisión interventora, que estaba compuesta por José Miguel Galán, Baldomero García y el ministro del Interior, Santiago Derqui.
[10] Hijo de Francisco Narciso de Laprida.
[11] Según Hipólito Saá (1970), Urquiza impugnó estos nombramientos, ya que consideraba que los asesinos de Virasoro estaban vinculados al gobierno porteño.
[12] A pesar de lo mencionado, fueron lugartenientes en la campaña de Saá, el Chacho Peñaloza y el caudillo federal catamarqueño Felipe Varela.
[13] Aquí se hace referencia al Art. 5 de la Constitución Nacional: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano...”.
[14] Señalan Castro y Herrera (1997) que desde las páginas del diario mendocino El Constitucional se acusaba de conspiración a los liberales sanjuaninos, narrando que a fines de octubre de 1860 habían llegado a Buenos Aires, un minero, un asesor y un técnico francés pidiendo apoyo para la inminente revolución en San Juan al tiempo que acusaba a Sarmiento de ser parte del complot.
[15] Según Fernández (1939), Aberastain proclamaba que Saá con el apoyo de Nazar, estaba cometiendo un acto de guerra civil invadiendo la provincia, ya que no cumplía la comisión dada por el gobierno nacional, al haber reemplazado a sus escoltas, violando el Art. 109 de la Constitución Nacional.