Medina, R. N. (diciembre de 2022 – junio de 2023). Las Jefaturas Políticas Departamentales y los orígenes del peronismo en el interior del interior. Santiago del Estero (1943-1949). Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 6(2), 6-48. https://doi.org/10.54789/am.v6i2.2

Indagaciones históricas

Las Jefaturas Políticas Departamentales y los orígenes del peronismo en el interior del interior. Santiago del Estero (1943-1949)

Departmental Political Leaderships and the origins of Peronism in the interior of provinces. Santiago del Estero (1943-1949)

Rodrigo Nicolás Medina[1]

Instituto Superior del Profesorado Provincial N°1, Santiago del Estero, Argentina.

Recibido en 28/08/2022

Revisado en 09/10/2022

Aceptado en 30/10/2022

Resumen

En el presente artículo nos proponemos realizar un recorrido por las Jefaturas Políticas Departamentales durante los orígenes y consolidación del peronismo en el interior de la provincia de Santiago del Estero en el período 1943-1949. En este trabajo se busca abordar el problema de los niveles locales a través del análisis de dichas instituciones. En un primer acercamiento intentamos exponer la participación de estas en la estructura presupuestaria de la provincia, para luego avanzar en el análisis de su desempeño en los actos eleccionarios de 1946, 1948 y 1949, prestando especial atención a los reportes de la prensa local en el marco de las distintas campañas electorales. Desde allí exploramos el comportamiento de diversos agentes: dirigentes, funcionarios, interventores federales, así como también las tensiones, negociaciones y disputas facciosas por el control y la designación de los Jefes Políticos Departamentales en un proceso de creciente centralización que caracterizó al primer peronismo.

Palabras-clave: Peronismo, Jefaturas Políticas Departamentales, elecciones, Provincia de Santiago del Estero

Abstract

In this article, we take a journey throughout the Departmental Political Leaderships during the origins and consolidation of Peronism in the departments of Santiago del Estero from 1943 until 1949. In this study, we try to address the struggle of local levels through a thorough analysis of such institutions. First, we try to expose the participation of such institutions in the budgetary structure of the province. Therefore, we analyze its performance in the elections of 1946, 1948 and 1949, in which we pay special attention to the reports of the local press within the framework of those different electoral campaigns. From here, we will explore the behavior of different representatives: leaders, public workers, Federal Interventors, as well as the different moments of tension, talks and factious disagreements as regards controlling and designating Departmental Political Leaders in a process of ongoing centralization that characterized the first stage of Peronism.

Keywords: Peronism, Departmental Political Leaderships, elections, province of Santiago del Estero

Introducción

Los interrogantes que despertaron la presente investigación son diversos y no distan demasiado de las inquietudes que movilizaron a los estudios sobre el peronismo en el interior del país. Las respuestas ampliaron la disponibilidad de términos con los cuales se intentó dar cuenta de las particularidades del fenómeno: peronismo periférico (Di Tella, 2004), peronismo subnacional (Picco, 2013), peronismo extracéntrico (Tcach y Macor, 2014), entre otros. Dichos significantes designan la ausencia de un proceso de industrialización de partidos políticos con fuerte presencia de la clase trabajadora y de altos niveles de sindicalización de los sectores populares urbanos. Estos actores, ausentes en los orígenes del peronismo santiagueño, llevaron a la historiografía local a reforzar la presencia de figuras como: la política criolla, los empresarios y obreros del sector forestal (Martínez, 2013), el catolicismo (Vezzosi, 2014b). En este ámbito de constante renovación de los estudios sobre el peronismo en los escenarios provinciales nos proponemos describir el comportamiento de las Jefaturas Políticas Departamentales en el proceso de formación y consolidación del primer peronismo en el interior de la provincia de Santiago del Estero (1943-1949).

Para explorar el desempeño de aquella red de instituciones político-administrativas emprendemos, en primer lugar, un análisis de la producción historiográfica sobre el peronismo en clave local. En segundo lugar, nos proponemos trabajar la dimensión estructural mediante un estudio cuantitativo de los datos presupuestarios, a los fines de medir la participación de las JPD en los gastos generales del Estado provincial y la cantidad de agentes con que contaba. Tercero, nos vamos a circunscribir en el comportamiento de dichas instituciones durante los actos eleccionarios de 1946 y 1949, observando fenómenos como las disputas entre diversas facciones; las relaciones entre las autoridades locales, provinciales y nacionales; la rotación y el movimiento de funcionarios; la centralización política y las disputas por los liderazgos departamentales.

Las principales fuentes documentales son los reportes enviados por los corresponsales del diario El Liberal en el interior de la provincia. En términos teóricos- metodológicos nos circunscribimos en los estudios sobre el peronismo extracéntrico, tendencia inaugurada por Tcach y Macor (2014). También, estrechamos diálogos con enfoques que despertaron nuevos interrogantes sobre los niveles locales: Jefaturas Políticas Departamentales (Groppo, 2009; Reynares, 2011); trayectorias de funcionarios locales (Marcilese, 2018); liderazgos locales y terceras líneas (Salomón, 2011b); municipios, comisiones municipales y partido peronista en los espacios bonaerenses (Marcilese, 2015; Gayol et al, 1988; Salomón, 2012; Quiroga, 2004) y cordobeses (Camaño Semprini, 2015). Estos estudios proponen analizar el rol y la trayectoria de administraciones, administradores y liderazgos locales en contextos de creciente centralización política ejercida por los ejecutivos nacionales y provinciales, uso constante de las intervenciones y limitada participación política en las elecciones para autoridades locales.

Peronismo y ámbitos locales

En los últimos años los estudios sobre los orígenes del peronismo en los territorios provinciales adquirieron gran notoriedad. Las condiciones de emergencia no solo multiplicaron los interrogantes sino también generaron novedosas hipótesis, categorías e interpretaciones. Para Tcach y Macor (2014) los orígenes del peronismo en los espacios extra-céntricos exponen particularidades como la ausencia de procesos de industrialización, los bajos niveles de sindicalización, el predominio y la continuidad de sectores conservadores, antipersonalistas y radicales, entre otros.

Mientras, los estudios sobre la dimensión partidaria y estatal (Tcach y Philp, 2010) delimitaron dos momentos históricos; por un lado, el periodo 1943-1949, caracterizado por una escasa producción e innovación institucional y por el otro, el período 1949-1955, signado por rupturas y cambios a nivel administrativo. En un estudio sobre las políticas públicas, Tenti (2012) expresa que recién hacia 1949 se generaron innovaciones en el Estado santiagueño, con la ampliación y creación de nuevos ministerios y agencias burocráticas. Este esquema deja entrever que, en los escenarios provinciales, las primeras gestiones peronistas enfrentaron ciertas dificultades al momento de impulsar reformas en el ámbito burocrático y permite fijar marcos de referencia para abordar el comportamiento de las Jefaturas Políticas Departamentales, instituciones que, en el caso santiagueño, se desempeñaban bajo la órbita del Ministerio de Gobierno.

Durante los primeros ensayos peronistas, la multiplicación de los conflictos intrapartidarios se transformó en la principal limitación para la innovación institucional. Los intentos de ejercer un control sobre las tendencias disgregadoras y el faccionalismo reforzaron los mecanismos de centralización del poder y la presencia de interventores. Rein (1999) exploró la trayectoria de Juan Bramuglia, interventor federal de la provincia de Buenos Aires, durante años formativos del peronismo. Mientras Aelo (2015) advirtió la necesidad de concentrar las miradas sobre intervenciones federales, elites estatales y actividades administrativas de los interventores durante el surgimiento del peronismo. Sin embargo, los estudios específicos sobre dicha problemática presentan todavía ciertos vacíos historiográficos. Distinto es el panorama que se observa con respecto a las intervenciones partidarias y el Consejo Nacional Peronista donde sobresalen los aportes de Quiroga (2017).

En los últimos años los estudios en clave local y pequeña escala imprimieron una renovación. Muchos análisis se concentraron en centros urbanos, ciudades intermedias e instituciones políticas locales como: Municipios, Comisiones Municipales, Jefaturas Políticas. En este sentido se destacan los estudios sobre el espacio bonaerense: Tandil (Gayol et al, 1988), Bahía Blanca (Marcilese, 2015), Mar del Plata (Quiroga, 2004). Mientras, en el ámbito cordobés, cabe resaltar el caso de Río Cuarto (Camaño Semprini, 2015). También adquirieron relevancia las problematizaciones en torno a las localidades insertas en contextos rurales Chascomús, Pergamino y Coronel Pringles (Salomón, 2012). Los trabajos de reflexión vinculados al populismo, masas rurales y liderazgos locales (Salomón, 2013) y las indagaciones sobre el surgimiento del peronismo bonaerense en clave local y rural (Salomón, 2011a). Especial atención revistieron los análisis sobre el Partido Peronista local,  juntas partidarias y las unidades básicas (Quiroga, 2017). En tanto, Marcilese (2018) exploró las trayectorias y la composición del personal político y elecciones municipales en la provincia de Buenos Aires.

Los análisis sobre la política local también contemplaron otras aristas. Reynares (2011) observó los vínculos entre las Jefaturas Políticas Departamentales y la construcción de la identidad peronista, un estudio desde abajo donde se vislumbra la politización de los sectores populares, demandas, peticiones, requerimientos de los vecinos, como así también, la intermediación de la JPD entre los espacios locales y el Estado provincial. En una dirección similar Groppo (2009) presentó en clave bidimensional un estudio sobre las articulaciones entre el plano institucional y discursivo de las JPD, donde presta especial atención a los significantes y la representación sobre el mundo institucional y las prácticas socio-políticas.

Los estudios sobre el peronismo santiagueño se concentraron en las tensiones entre campo burocrático y campo económico, y en el peso electoral del obraje (Martínez, 2013). La continuidad de las prácticas políticas criollas y el predominio de los caudillos radicales y antipersonalista (Martínez, 2008), las relaciones con la prensa (Carrizo, 2009; Vezzosi, 2014a; Vargas y Vezzosi, 2018) y la presencia de grupos católicos (Vezzosi, 2014b). Sin embargo, lo local y los trabajos en pequeña escala registran todavía un importante vacío historiográfico.

Según Fernández y Dalla Corte (2001) y Salomón (2011a) lo local es una categoría difusa y no necesariamente se encuentra circunscrita a fronteras y divisiones de tipo administrativas. Para Salomón (2011a) lo rural se puede definir por el tipo de actividad económica primarias (agropecuarias y extractivas), lo demográfico (poblaciones menores a los 2000 habitantes), pero también por lo cultural, lo simbólico, las representaciones, los estilos de vida y la preeminencia de las relaciones interpersonales.

El análisis de las JPD permite observar un vasto y difuso espacio de intervención donde se entreteje un conjunto de interacciones entre el mundo rural, los pequeños núcleos urbanos y los centros donde se adoptan las decisiones políticas. Aquellas se entremezclaban con otros actores de la vida local, estos podían ser institucionales (municipios, comisiones municipales), políticos partidarios (comités, ateneos, unidades básicas, juntas departamentales), socio-económicos (sindicatos, comerciantes, empresarios), pero también culturales y religiosos. Por otro lado, tejían vínculos con actores supralocales como la prensa, miembros del ejecutivo provincial, legisladores y dirigentes partidarios donde se observan tensiones y conflictos por la configuración y organización del espacio político.

En este sentido las JPD representan un recorte arbitrario de lo local, aunque es necesario aclarar que existían al menos cuatro municipios Banda, Capital, Añatuya y Frías, y un importante número de Comisiones Municipales en localidades del interior.

Sin embargo, la elección de lo departamental como unidad de análisis responde a la centralidad que la literatura histórica le otorgó. La historiografía santiagueña observó el comportamiento de las JPD desde múltiples ópticas y en diversos procesos históricos. Tenti (2010) despliega un análisis sobre la consolidación y modernización del Estado provincial, donde pone de relieve la creación y organización de las JPD. Mientras la problemática del agua y la traumática experiencia de la sequía del año 1937, llevaron a Tasso (2011) a indagar sobre los vínculos entre las JPD y la cuestión social en algunos pasajes de su estudio. Bernardo Canal Feijóo (1948) observó que en zonas rurales se había establecido una especie de vínculo entre la actividad comercial de los inmigrantes, la apropiación de la tierra y finalmente su ascenso al poder político local.

Los vínculos entre JPD y actos eleccionarios causaron especial preocupación. Según Tenti (2010) hacia 1903, las JPD fueron “una pieza clave en la estructura gubernamental, tanto para la agilización de canales comunicacionales, como para la formalización de entramados clientelares” (p. 6). Tasso (2011) en su análisis sobre la sequía del año 1937, describe a los jefes políticos como hombres enriquecidos en un pueblo pobre y, también, como “punteros de tal o cual dirigente político de la ciudad” (p. 20). Independientemente de las distintas miradas, existe un acuerdo respecto a que la maquinaria político-electoral del interior de la provincia, reposaba en aquellas instituciones.

Otros investigadores prestaron atención al componente étnico en la formación de los liderazgos departamentales. Durante la década del treinta tuvo lugar el ascenso de los miembros de la comunidad árabe a posiciones de poder económico y político. Tasso (2011) afirma que muchos sirios libaneses que ejercían actividades comerciales y productivas pasaron a ocupar cargos en las administraciones a nivel local: Municipalidades, Comisiones Municipales y Jefaturas Políticas Departamentales. Para Canal Feijóo (1948) el comerciante extranjero despojó a los criollos de sus tierras y también desplazó del mando político al viejo caudillo rural. Por lo tanto, los candidatos urbanos, por una cuestión de comodidad electoral y administrativa negociaban directamente con el comerciante del lugar, quien tenía la capacidad de orientar la parcialidad a cambio de un cargo público, ya sea una Jefatura Política o una Comisaría.

Rafael (1988) afirma que los sirios-libaneses ocuparon tierras en diversas zonas de colonización y se dedicaron a la producción agrícola-ganadera y comercial, incluso dieron origen a organizaciones como la Sociedad Sirio-Libanesa. Aquel sostiene que, producto de sus actividades socioeconómicas, fueron ocupando un rol de intermediarios entre las demandas de la población local y los dirigentes políticos de la ciudad capital, posición que los transformó en verdaderos caudillos departamentales, desde donde brindaron apoyos a distintos gobernadores. Rafael (1988) apela a una identificación del caudillo árabe con los límites de la unidad administrativa departamental, por lo tanto, sus apellidos eran sinónimos de Departamentos.

Así podemos mencionar en el departamento Silípica a Jorge y a Abraham Matach; en Salavina a Antonio Aburgeily; en Atamisqui a José Mattar, a Lisandro, Teófilo y Elías Cura; en Loreto, a Jorge Miguel, a Jorge Farías, a Aissor Mattar, a Abraham Daher; en Avellaneda a Neiff Llapur, a Jorge Azar, a Elias Gubaira; en Mitre a José y Joaquín Uequín; en Moreno a Braulio Vittar y Antonio Neme; en Matará a Namitalah Raed y a Gabriel Jorge; en Figueroa, Antonio Raed; en Mitre, a Tanos Navarro; en Belgrano, a Camilo Jorge; en Copo a Nabih Rufail y en Departamento Capital a Felipe Alegre, parte norte, y en Río Hondo a José Alegre. (Rafael, 1988, p. 53)

La historiografía local brinda un piso de interpretaciones para pensar las JPD en el marco de la emergencia del peronismo, desde las cuales se pueden identificar continuidades, pero también rupturas y transformaciones en los escenarios locales. La política departamental se ve trastocada por la irrupción del peronismo, la presencia de fuertes conflictos locales, la centralización del poder, las disputas facciosas, las intervenciones federales y partidarias, los cambios institucionales y la emergencia de nuevos actores a nivel local generaron ciertas rupturas durante el periodo.

Las Jefaturas Políticas Departamentales en el presupuesto del Estado provincial

La conformación y organización de las JPD en Santiago del Estero, presentó ciertas particularidades respecto a otros escenarios provinciales. Mientras que en Córdoba (Pavoni, 2000) y en Santa Fe (Bonaudo, 2008) fueron creadas hacia mediados del siglo XIX, en Santiago del Estero el reordenamiento territorial tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde las gestiones conservadoras introdujeron una serie de reformas que modificaron la fisonomía del aparato Estatal. El ciclo reformista se sintetizó en las Constituciones Provinciales de los años: 1884, 1903 y 1911. La última modificó la organización del gabinete, suprimió el Ministerio General y creó dos nuevas carteras. Por un lado, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública, y por otro, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública (Tenti, 2010).

Hacia 1903 se crearon las JPD, sus atribuciones eran amplias y cumplían funciones: administrativas, impositivas, judiciales, políticas y policiales. También ejercían el poder fiscalizador del Estado y tenían su sede en las mismas cabeceras departamentales. En el plano administrativo, el Jefe Político era el encargado del régimen interior del Departamento, cuando no fuese resorte de autoridades municipales y judiciales. Entre sus atribuciones y deberes, también se encontraban la de proponer ternas para recaudadores de rentas y comisario principal, nombrar a los comisarios de distrito y agentes de policía, ejercer la superintendencia sobre funcionarios y empleados, etc. Era “la autoridad superior de policía del departamento y tenía también poder de policía administrativa y judiciaria” (Tenti, 2010, p. 6). En un primer momento, las JPD dependían del Ministerio General, pero desde 1911, quedaron bajo el control del Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública.

Durante el mismo período se sancionó una nueva Ley de División Departamental y el territorio provincial fue reorganizado en veintiséis Departamentos (Tenti, 2010). En el plano administrativo se dictó una Ley Orgánica de Municipalidades, en la cual, todo centro urbano mayor a los tres mil habitantes debía contar con una municipalidad. Las poblaciones menores al mencionado número se organizaban en Comisiones Municipales encargadas de la administración comunal (Tenti, 2010, p. 5).

En el caso de Santiago del Estero el marco institucional presentaba algunas particularidades propias. Entre los años 1911 y 1949, la organización del gabinete pareció no sufrir grandes modificaciones, con el objetivo de atender nuevas demandas, se fueron creando Departamentos, Direcciones, Oficinas, Juntas, Consejos, Secretarías y Subsecretarías, pero sin impulsar una profunda reforma del Estado. Al parecer el proceso formativo del peronismo provincial (1943-1946) y sus primeras gestiones de gobierno (1946-1949), se caracterizaron por una baja producción institucional (Tcach y Philp, 2010) y un escaso nivel de especialización burocrática. Según Tenti (2012), recién hacia 1949 se impulsó una reorganización del gabinete y se pasó de un gabinete dual a uno tripartito.

Al momento de la llegada del peronismo al poder, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública presentaba una constante superposición de funciones. El presupuesto del año 1947 demuestra que dicha cartera continuaba ejerciendo control sobre áreas de justicia y seguridad (véase tabla 1). También, concentraba otras funciones: salud, higiene, registro de personas, registro de propiedades, instituciones culturales, gestión de la información pública, estadísticas, subsidios, tránsito, controles de abastecimiento y turismo. Más allá de dicha superposición y de su escasa especialización, aquel Ministerio había adquirido un importante peso debido a su presencia territorial y su densidad organizativa.

Tabla 1. Presupuesto por reparticiones año 1947

Nota: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto General del año 1947. (Ley n°1920/1947).

En la tabla 1 se puede observar la importancia presupuestaria del Ministerio de Gobierno en relación con las restantes reparticiones de la administración pública provincial. En el cálculo general de gastos, dicha cartera disponía aproximadamente del 30 % de los recursos, seguido por Subsidios, Becas y Aportes Especiales. Mientras, en torno al 15% se encontraba el Ministerio de Hacienda y Obra Pública junto con los Servicios de Deuda. Hacia dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto e Instrucción Pública, las JPD contaban con presupuesto propio, solamente los sueldos y jornales insumían aproximadamente m$n 1.523.940 monto que representa poco más del 39% de lo presupuestado por la aquella cartera en dichos conceptos (tabla 2).

Tabla 2. Sueldos y jornales

Nota: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto General del año 1947. (Ley n°1920/1947).

Mientras, los gastos en sueldos y jornales de las JPD, contabilizaban 1.523.940 cifra que representa un 39% de los gastos generales del Ministerio de Gobierno y aproximadamente un 9% del presupuesto provincial de 1947. Cabe aclarar que las fuerzas de seguridad o instituciones vinculadas directamente a dicha función, ya sea Policía de la Capital, Jefaturas Políticas Departamentales y Policías de Frontera representaban un 53% de los gastos de aquella cartera y un 15% de los gastos totales de la provincia (tabla 3). Por lo tanto, es necesario observar de cerca la relevancia de dichas instituciones al momento de los orígenes del peronismo santiagueño.

Tabla 3. Gastos en fuerzas de seguridad

Nota: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto General del año 1947. (Ley n°1920/1947).

La relación entre JPD y la cuestión demográfica adquiere fuerza si se tiene en cuenta la preeminencia de la población rural. Según el Censo Nacional de 1947 la provincia de Santiago del Estero contaba con una población total de 479.473 habitantes, una población rural de 355.952 y una población urbana de 123.521. La presencia de centros urbanos era débil y en 1916 solo 5 ciudades superaban los 2000 habitantes. Hacia 1947 la urbanización continuaba siendo limitada y dentro de cada unidad departamental el predominio de la población rural era notorio. Sin embargo, para los años de irrupción del peronismo, los núcleos urbanos mayores a los 2000 habitantes ascendían a 14.

Para atender dichas demandas las JPD contaban aproximadamente con unos 1.000 funcionarios distribuidos en 26 Departamentos, con excepción del Departamento Capital donde funcionaba un cuerpo de policía propio. Aquellas estaban compuestas por un Personal Superior de Seguridad y Defensa, integrado por funcionarios de diferentes categorías: Oficiales Mayores, Auxiliares de distintos grados, Ayudantes y Comisarios de Distrito; también existía un Personal de Tropa compuesto por Cabos y Agentes. El número de funcionarios era variable e iban desde los 18 a los 71 agentes. Para citar algunos casos representativos, la Jefatura de Río Hondo contaba con unos 52 empleados, la de Moreno con 58 y la de Departamento Banda con unos 71. Mientras, las de menor rango, contaban aproximadamente con 18 funcionarios.

El diseño institucional de las JPD brindó al peronismo la capacidad de penetrar en un vasto territorio provincial. Su estructura organizacional y cuerpos de funcionarios podían ejecutar decisiones políticas en una provincia con incipientes núcleos urbanos y una población rural dispersa. Como bien señaló Groppo (2009) el peronismo les otorgó a aquellas una importancia central, transformándola en un nexo entre el gobierno y el interior de los territorios provinciales.

Además de los atributos administrativos, las JPD contaban con la presencia del elemento coactivo que se desprendía de su poder de policía, a través del cual el ejecutivo provincial buscaba ejercer un control sobre la vida política, social y administrativa del interior. Sin embargo, el peronismo también las transformó en una pieza central para el proceso de estatización de la vida regional. Según Groppo (2009) el objetivo era abrir la estructura política del Estado a los reclamos sociales y, las JPD, podían transformarse en promotoras institucionales de las reivindicaciones a nivel departamental. Aquellas, junto al obraje, las redes de comerciantes, los comités, ateneos, unidades básicas y los sindicatos, brindaban al peronismo una estructura para la movilización política en el interior del territorio provincial.

El rol de las Jefaturas Políticas Departamentales en el peronismo santiagueño (1943-1949)

El análisis de las JPD en los orígenes del peronismo santiagueño invita a ensayar algunas periodizaciones tentativas con el objetivo de identificar posibles rupturas y continuidades. Primero, entre 1943-1946 aquellas contribuyeron a la construcción de la identidad peronista en el interior del territorio provincial. También, es posible observar disputas intrapartidarias entre radicales quijanistas y caudillos antipersonalistas por el control de los recursos estatales a nivel local. Según testimonios de la prensa las presiones y tensiones llevaron a la intervención federal a impulsar una rotación de jefes políticos departamentales con el objetivo mostrar neutralidad y no profundizar las rupturas internas.

En un segundo período, 1946-1949, los conflictos internos entre antipersonalistas y miembros del movimiento obrero, caudillos radicales y miembros del catolicismo provocaron una reconfiguración de las disputas y profundizaron las luchas por el control de las unidades departamentales. Dichas tensiones se intensificaron en el marco de las elecciones de 1949, sin embargo, el consejo nacional peronista y la intervención partidaria se encargaron de la selección de candidatos consolidando las tendencias centralizadoras. Mientras, en los ámbitos locales, se multiplicaron las intervenciones, renuncias y designaciones masivas de nuevos funcionarios generando inestabilidad en algunos liderazgos departamentales.

Por último, desde 1949, un tercer período se caracterizó por cambios en la selección y legitimación de dichos liderazgos. Las elecciones internas de 1950 y las generales de 1951, implicaron el fortalecimiento de otros actores políticos locales como Unidades Básicas y Juntas Partidarias Departamentales. También, hacia 1952, el gobierno de Francisco González impulsó la reorganización de la policía de la provincia desatando cambios en la función coactiva de las JPD.

Entre 1943 y 1946 en Santiago del Estero se desempeñaron en el cargo al menos cuatro interventores (Alen Lascano, 1996; Rafael, 1982). Por razones de periodización dividimos dichas gestiones en dos grupos. Por un lado, las intervenciones de Ramón Brito Arigós y Pascual Semberoiz y, por otro lado, las de Lázaro Nieto Aranda, y Carlos Saá. Durante las dos primeras predominó un intento de ruptura con el pasado conservador y un espíritu de moral administrativa (Aelo, 2015). Semberoiz creó una comisión con el objetivo de investigar la actuación de los gobiernos anteriores (Alen Lascano, 1996), que desató la polémica por las obras de pavimentación y desagüe realizados por el empresario Isidoro Lipnisky (Rafael, 1982) y la transacción Modesto González, ambas durante el gobierno de Pío Montenegro. Sin embargo, Semberoiz exploró otras líneas de rupturas, desde el Departamento de Trabajo a cargo del Dr. Amalio Olmos Castro intentó regular la situación de los trabajadores de la industria forestal, decisión que desató el descontento de los empresarios del sector y profundizó las tensiones entre campo burocrático y campo económico (Martínez, 2013).

Entre 1944 y 1945 se observan cambios en la política de las intervenciones federales. La centralidad de Perón y el proyecto de acceder a la presidencia a través de medios constitucionales y elecciones transparentes (Torre, 2000), desató el recambio de interventores federales y el abandono de la política de moralidad administrativa (Aelo, 2015). La apertura democrática demandó la formación de una coalición electoral capaz de enfrentar con éxito la nueva coyuntura política. Por lo tanto, el pragmatismo y la ampliación de la capacidad hegemónica se transformaron en la característica sobresaliente.

La designación de dos nuevos interventores: Lázaro Nieto Aranda primero y Carlos Saá después, abrieron paso a la construcción de un consenso más amplio. Según Alen Lascano (1996) durante la gestión del primero se negoció la incorporación de Santiago Corvalán, veterano dirigente radical, ex senador nacional, y diputado nacional electo en 1940, aquel se transformó rápidamente en el exponente de la línea quijanista en la provincia.

El peronismo extendió aún más el arco de alianzas e incorporó a dirigentes del radicalismo antipersonalista como Justiniano de la Zerda, y Rosendo Allub, constituyendo así una aglomeración política pragmática (Martínez, 2008). También, se destacó la presencia de militares del GOU, integrantes de la acción católica (Vezzosi, 2014b), miembros del movimiento obrero (Tenti y Salas, 1995), comerciantes y empresarios del sector forestal (Martínez, 2013). La heterogeneidad constitutiva del peronismo profundizó a lo largo del periodo las tensiones internas preexistentes (Marcilese, 2015) y el faccionalismo (Quiroga, 2017).

En este contexto las JPD adquirieron un rol central en los orígenes del peronismo en el interior del interior. El comportamiento de aquellas instituciones representó una avanzada micro estatal en todo el territorio (Groppo, 2009), que contribuyó a la construcción de identidades políticas mediante la inscripción de demandas locales (Reynares, 2011). También, se transformaron en terrenos de disputas intrapartidarias por la apropiación de los recursos estatales a nivel local (Camaño Semprini, 2015) y, en muchos casos, en instrumento idóneo para el reclutamiento de dirigentes (Salomón, 2012) y para la formación intermediarios entre el Líder y las demandas de la localidad (Salomón, 2011b).

Para las elecciones de 1946 el peronismo provincial se dividió en dos sectores. Por un lado, el Partido Laborista llevó como candidato a la gobernación a Aristóbulo Mittelbach, un miembro del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), su postulación recibió el apoyo local del antipersonalismo liderado por Allub. Por el otro lado, la UCR Santiago del Estero llevó como candidato a gobernador al veterano dirigente radical Dr. Santiago Corvalán. Ambos apoyaban y sumaban votos a la candidatura presidencial de Perón. Mientras el arco opositor se aglutinó en la Unión Democrática conformada por la UCR, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y llevó como candidato a la gobernación al radical Benjamín Ábalos.

La división entre Corvalán y Mittelbach desató conflictos hacia dentro de la Intervención Federal. Castiglione (2010) afirma que el interventor Carlos Saá apoyaba la candidatura del primero, mientras el Ministro de Gobierno Cesar Carubín trabajaba para la candidatura del segundo. Cercano a la posición del interventor se encontraba el Ministro de Hacienda y Obra Pública Dr. Morrey.

Semanas antes del acto eleccionario las tensiones fueron en aumento, versiones sobre un intento de remoción y designación de nuevos Jefes Políticos Departamentales terminaron por generar desinteligencias. El hipotético movimiento de autoridades era agitado por el Ministro de Gobierno Cesar Carubín. Según el periodismo, el objetivo era favorecer al sector que se encolumnaba detrás de la candidatura de Aristóbulo Mittelbach (El Dr. Carubín es denunciado al Ministerio del Interior, 1946). La prensa dejó entrever que en dicha maniobra también se encontraba involucrado don Rosendo Allub, candidato a diputado nacional por el Partido Laborista y vinculado políticamente al ministro Carubín. Según Rein y Noyjovich (2018) ambos dirigentes eran integrantes de la comunidad árabe.

En un telegrama enviado al ministro del Interior Felipe Urdapilleta, la Unión Cívica Radical Santiago del Estero liderada por Santiago Corvalán, denunciaba la existencia de un “plan” pergeñado por Carubín y Mittelbach donde se buscaba “reemplazar 22 Jefes Políticos y 100 empleados administrativos con el objetivo de montar la maquinaria electoral de dicho candidato en perjuicio del mencionado partido indiscutidamente –dice- mayoritario...” (Denuncias del Cnel. Mittelbach carecen de seriedad dice el Interventor al M. del Interior, 1946). En sentido contrario, desde las filas del Partido Laborista, el candidato a gobernador Aristóbulo Mittelbach denunciaba que el interventor federal Carlos Saa intentaba favorecer al corvalanismo. El dirigente laborista y ex miembro del GOU afirmaba:

Diecinueve jefes políticos departamentales un inspector de jefaturas políticas y el propio jefe de la policía de la capital la mayoría de los cuales están unidos por lazos de parentesco con candidatos corvalanistas trabajan activamente presionando al electorado en favor de los candidatos del corvalanismo. (El Dr. Carubín es denunciado al ministro del Interior, 1946)

Según el diario El Liberal, los jefes políticos estaban divididos en dos bandos. “Unos responden al candidato del llamado laborismo, otros, al radicalismo quijanista pero todos ellos aúnan contra el candidato de la Unión Democrática” (Sanciones y no declaraciones exige la opinión pública, 1946). El mismo informe periodístico afirma que, desde casa de gobierno, se había organizado un reparto equitativo de los cargos entre ambos sectores.

Tan es así que, para contentar a las dos fracciones oficialistas se han dividido las jefaturas en dos mitades salomónicas. En realidad, la lucha de las dos fracciones radica en la conquista de más jefaturas, pues aquí como en todo el país las fuerzas del candidato oficial se calculan por el mayor o menor apoyo del poder. (Sanciones y no declaraciones exige la opinión pública, 1946)

Por lo tanto, el intento de Carubín por desplazar Jefes Políticos corvalanistas y designar hombres que respondían a Rosendo Allub desató una tensión que, al parecer, no solo alteraba el equilibrio de fuerzas y exacerbaba las tensiones internas, sino también, hacía peligrar el triunfo peronista en la provincia. Declaraciones, denuncias cruzadas y versiones de renuncia del interventor, circularon rápidamente. A este entramado de noticias se sumaron las amenazas vertidas por Corvalán de declinar su candidatura a gobernador, acción que hipotéticamente dejaría librado al azar un importante caudal de votos radicales que podrían haber sido capitalizados por la Unión Democrática. Finalmente, la tensión puso fin al intento de Carubín y terminó por sellar su salida del Ministerio de Gobierno.

De cara a las elecciones del 24 de febrero de 1946, la intervención federal trató de mostrar una imagen de prescindencia e intentó neutralizar el poder de las Jefaturas a través de la rotación de Jefes Políticos y la intervención del Ejército en el acto eleccionario. Dos lecturas pueden desprenderse de dichas medidas, por un lado, la presencia del ejército garantizaba la transparencia electoral y también, evitaba futuras impugnaciones y denuncias de fraude por parte del antiperonismo. Por el otro, la rotación de los Jefes Políticos garantizaba la neutralidad de la intervención federal en la interna peronista y evitaba posibles rupturas que podrían haber favorecido a los candidatos de la Unión Democrática.

Más allá de las muestras de prescindencia, las JPD jugaron un rol destacado en los orígenes del peronismo. Durante el proceso pre-electoral, tanto la Unión Democrática como el diario El Liberal denunciaron activamente la intromisión de aquellas en el desarrollo de la campaña. El poder de policía ejercido por dichas instituciones se transformó en el blanco predilecto del discurso antiperonista. Las acusaciones de entorpecimiento y coacción contra militantes opositores por parte de las fuerzas de seguridad eran constantes. Por último, aquellas instituciones también regulaban importantes resortes de la vida política y social en el interior de la provincia. No solo la seguridad se encontraba bajo su potestad, sino también el esparcimiento y las distintas formas de socialización como festividades, bailes y juegos de azar que, en tiempos electorales, se entremezclaban con la actividad política.

El triunfo de Mittelbach profundizó el internismo y el faccionalismo (Quiroga, 2017), provocando una reconfiguración de las tensiones intrapartidarias precedentes (Marcilese, 2015). Entre 1946 y 1949 la interna en el peronismo santiagueño involucró a diversos sectores, conservador-radicales y al grupo nacionalista social católico (Martínez, 2008, 2013), radicales e integrantes del movimiento obrero (Mackinnon, 1996). Las fracturas también llegaron a la legislatura provincial donde los diputados oficialistas se dividieron en dos sectores: bloque de hierro y bloque de manteca.

En este clima de agitación interna las JPD se transformaron nuevamente en un terreno de disputas facciosas. La escisión entre antiguos caudillos antipersonalistas, muchos de ellos miembros de la comunidad sirio-libanesa, y los dirigentes provenientes del movimiento obrero afloraron en las jornadas del 17 de octubre de 1946. Según Mackinnon (1996) en la localidad de Suncho Corral, el nombramiento de Don Abdo Julián como Jefe del Departamento Matará desató la reacción de los miembros del centro obrero J. D. Perón, quienes solicitaban expresamente su renuncia. Ante la negativa, aquellos amenazaron con tomar por asalto el edificio de la Jefatura. Durante la jornada las tensiones fueron en aumento, incluso los simpatizantes del Sr. Julián, salieron armados en defensa del flamante Jefe Político. Solo la intervención de la fuerza de seguridad y los refuerzos enviados por el Ministerio de Gobierno lograron controlar la situación. Similares disturbios se reprodujeron en Quimilí, cabecera del departamento Mariano Moreno y en la localidad de Miraval, Departamento 18 de marzo, donde el recientemente nombrado jefe político - interventor también reclamó el envío de fuerzas para evitar graves disturbios. Hechos idénticos se presentaron en los Departamentos de San Martín y Choya.

Entre los años 1946-1948 se registraron cambios institucionales con la salida del Ministro de Gobierno Jorge Argañaráz y la llegada de Carlos Juárez, un dirigente vinculado a la Acción Católica. El movimiento de funcionarios no logró neutralizar las divisiones, Juárez tejió una alianza con diputado nacional Rosendo Allub (Dandan et al, 2004; Martínez, 2008), y ambos impulsaron una conspiración contra el ministro de hacienda Aníbal Oberlander con el objetivo de desplazarlo del gabinete, sin embargo, la compulsa interna terminó por sellar la salida de Juárez del gobierno (Rafael, 1982).

Para aquellos años se impulsó la creación del Partido Peronista, una estructura nacional que tenía como principal objetivo la centralización y verticalización del poder bajo una forma de liderazgo carismático (Mustapic, 2002; Tcach y Macor, 2014). La organización del partido fue acompañada por una ola de intervenciones federales a lo largo del país, y Santiago del Estero no quedó exento de este avance del poder central. El 31 de enero de 1948 fue designado como interventor Román Subiza, más tarde reemplazado por Almerindo Di Bernardo (Alen Lascano, 1996). La política intervencionista también alcanzó al Partido Peronista.

Tanto Juárez como Allub habían agitado dicha intervención federal, mientras profundizaban vínculos con representantes del poder central, especialmente con Emilio Visca dirigente camionero y Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, en 1947 fue designado como interventor del Partido Peronista en Santiago del Estero (Dandan et al, 2004; Martínez, 2013). Los interventores partidarios se transformaron en vertebradores del espacio capaces de administrar tensiones en una vasta dimensión que oscilaba entre la idea de un partido fuerte y la presencia de pleitos y faccionalismos (Quiroga, 2017). También reforzaron la centralización y nacionalización de la política (Camaño Semprini, 2016) cercenaron las autonomías locales (Camaño Semprini, 2015) y desplegaron prácticas autoritarias (Martínez, 2013), transformándose en una herramienta fundamental para la construcción de liderazgos y selección de candidatos (Aelo, 2016).

Hacia 1949 las elecciones para gobernador y legisladores provinciales desataron la interna entre Orestes Di Lullo y Carlos Juárez (Martínez, 2013; Castiglione, 2010). El primero tenía una amplia trayectoria: intelectual, miembro del movimiento cultural La Brasa y ex intendente de la ciudad Capital. Di Lullo había sido designado como candidato a gobernador por el Partido Peronista, pero semanas antes del acto eleccionario fue desplazado por Juárez, quien finalmente se transformó en el candidato del oficialismo para las elecciones de abril de 1949.

La coyuntura electoral del 49 se caracterizó por una reducción en los niveles de autonomía. Por lo tanto, las redes políticas y los liderazgos locales dependían de los vínculos con autoridades supralocales del Partido (Salomón, 2011b). Los conflictos intrapartidarios desde arriba y la politización desde abajo, profundizaron disputas por el acceso a los recursos estatales (Camaño Semprini, 2015), y desestabilizaron algunos liderazgos locales (Salomón, 2011b), ya sea por la presencia de otros dirigentes lugareños o por el uso de la intervención, rotación y designación de nuevos funcionarios. Por lo tanto, dichos acontecimientos permiten observar liderazgos locales en disputa y sujetos a las capacidades de tejer vínculos con dirigentes supralocales en un escenario de reacomodamientos y recomposiciones. Mientras, la legitimidad de aquellos liderazgos todavía no se encontraba refrendada por el doble mandato de afiliados partidarios y electores, sino mediante nominaciones desde arriba (Camaño Semprini, 2015; Salomon, 2013).

En pocas semanas la intervención federal generó dos movimientos de renuncias y designaciones masivas de comisionados municipales y jefes políticos, al parecer el primero, en función de la candidatura de Orestes Di Lullo y el segundo, con el objetivo de acompañar la candidatura de Juárez. Dichos cambios institucionales no llegaron a alcanzar los niveles de tensión registrados en 1946.

El 18 de marzo, cuando el candidato oficial del peronismo todavía era el Dr. Orestes Di Lullo, se observaron llamativos movimientos a nivel institucional, con recambio de funcionarios y agentes públicos. El primer indicio fue la designación de un nuevo ministro de Gobierno, el Sr. Juan Anselmo Roldán y también, la reorganización de quince Jefaturas Políticas Departamentales y algunas Comisiones Municipales. Un Decreto del Poder Ejecutivo de la provincia, dio por terminadas las funciones de los interventores de las Jefaturas de los Departamentos Matará, Loreto, Jiménez, Atamisqui, Aguirre, Rivadavia, Pellegrini, Belgrano, Alberdi, Salavina, Quebrachos. También cesaron en sus funciones los interventores de las Comisiones Municipales de Suncho Corral, Villa San Martin, Estación Gramilla, Villa Atamisqui y Estación Pinto, y se nombraron interventores en las Jefaturas vacantes de Departamentos, Banda, Guasayán, Mitre y Moreno. Dentro de cada Jefatura, se realizó una reestructuración en los cargos de Comisario principal, comisarios de distrito, subcomisarios y Oficiales Mayores (Fueron reorganizadas quince jefaturas departamentales, 1949).

El masivo movimiento de funcionarios dejó algunos testimonios que permiten observar la estrecha relación entre los Jefes Políticos y dirigentes supralocales del peronismo, ya sean senadores o diputados nacionales. En la localidad de Loreto, se dio por terminada las funciones del interventor de la JPD y Comisionado Municipal señor Héctor Casanova, hombre que pertenecía a la línea interna del peronismo liderada por el diputado nacional Rosendo Allub. En su reemplazo se designó al señor Armando Rodríguez Luna, que anteriormente había desempeñado funciones administrativas en dicho Departamento y al parecer respondía al senador nacional Arcadio Avendaño. Un artículo periodístico describe los pormenores de dicha designación.

La asunción del cargo por el señor Rodríguez Luna, dio lugar anoche a manifestaciones de júbilo en los integrantes del núcleo que dirige el señor Avendaño los que se reunieron anoche en el domicilio del citado legislador quemando bombas de estruendo y cohetes en medio de vítores al nuevo funcionario y a la tendencia que pertenece. (Asumió su cargo el interventor del Dpto. Loreto, 1949)

Las respuestas no se hicieron esperar, el día 22 de marzo el sector del peronismo que respondía al diputado Allub, efectuó una demostración de fuerzas agasajando al ex interventor de la Jefatura Política y Comisionado Municipal Héctor Casanova, quien recientemente había sido separado de sus funciones. El almuerzo se efectuó en el local del señor Juan Herrera y contó con una numerosa concurrencia (Agasajaron en Loreto al ex interventor de la jefatura política, 1949).

Pero estos cambios de orden administrativo naufragaron rápidamente producto de la contingencia política. El 24 de marzo comenzaron a circular los rumores que ponían en duda la postulación de Orestes Di Lullo, al día siguiente Juárez fue designado como candidato a gobernador por el peronismo, acontecimiento que despertó interrogantes respecto al futuro de los funcionarios departamentales recientemente designados. El Liberal planteaba la incómoda situación de aquellos y exponía diversas especulaciones sobre su continuidad.

Sin que pudiera confirmarse, se tenía la impresión de que con el arribo del diputado Visca y del Dr. Juárez se producirían importantes novedades en lo que respecta a la situación de las autoridades de la intervención federal. Ha trascendido, en efecto que, como consecuencia del cambio de candidato a gobernador, lógicamente se originaría también un cambio en el elenco gubernativo del momento, ya que las primeras medidas de orden administrativo que se tomaron, especialmente las relacionadas con la reorganización de las jefaturas políticas, habrían creado una situación difícil a los funcionarios. Ayer se hicieron al respecto las más diversas conjeturas y hasta se mencionaba la posibilidad de una renuncia colectiva. (Llegarán hoy el candidato a gobernador del peronismo y el interventor del partido, 1949)

La situación política dejó mejor posicionados a Visca, Allub y Juárez. La candidatura de este último también contaba con el apoyo de la mayoría de los legisladores nacionales por la provincia de Santiago del Estero. Entre ellos se destacaban el senador Justiniano de la Zerda y los diputados Ricardo Toro, Carlos Montes de Oca.

Una vez confirmada la candidatura de Juárez la lista de legisladores provinciales fue negociada y confeccionada sin demasiados sobresaltos. Mientras la Intervención Federal, emprendió un nuevo reajuste institucional donde los movimientos de renuncia y designación de nuevos Jefes Políticos Departamentales y Comisionados Municipales, se realizaron sin las tensiones registradas en el acto eleccionario de 1946. Entre el 25 de marzo y el 10 de abril, aquellas instituciones fueron reorganizadas nuevamente y la mayoría de los Jefes Políticos que habían sido designados el día 18 renunciaron a sus respectivos cargos.

Por decreto originado en el ministerio de gobierno se aceptó la renuncia interpuesta por los interventores de las jefaturas políticas de los departamentos Loreto, Matará Atamisqui Moreno y Jiménez, y de las comisiones municipales de Villa San Martín, Suncho Corral, Villa Atamisqui, Estación Quimilí y estación Gramilla, señores Armando Rodríguez Luna, Armando Ernesto Agüero, M Lugones, Itamar Casas y José B. García, respectivamente. (Designan nuevos interventores para cinco departamentos, 1949)

A dicho movimiento de renuncias le siguió la designación de nuevos Jefes Políticos y Comisionados Municipales en consonancia con el escenario electoral donde predominaba la figura de Juárez y Visca.

Por el mismo decreto se nombra en reemplazo de los dimitentes, a los siguientes: interventor de la jefatura política de departamento Loreto y de la comisión municipal de Villa San Martin, al señor Manuel Vicente González; interventor de la jefatura del departamento Matará y de la comisión municipal de Suncho Corral, al señor Absalón Juárez actual secretario comisario de órdenes con carácter interino; interventor de la jefatura política de Atamisqui y de la comisión municipal de Villa Atamisqui, al señor Armando Herrera; interventor de la jefatura del departamento Moreno y de la comisión municipal de Quimilí, al señor Clámades Ortiz Herrera, inspector de Jefaturas políticas e interventor de la jefatura de Jiménez y de la comisión municipal de Gramilla, al señor Farid Elías. (Designan nuevos interventores para cinco departamentos, 1949)

La reorganización de la estructura administrativa continuó en los días siguientes con la remoción de jefes políticos y la designación de otros.

Del departamento Mitre al señor celestino Zenón Carrizo en reemplazo de señor Carlos Jiménez; de Alberdi al señor Miguel Ángel Nazer en lugar señor Carlos Lobos; del departamento Banda al señor Miguel Ángel Granda en reemplazo de señor Ramón Pérez; de Rivadavia al señor Juan Peralta en reemplazo del señor Carlos Valenciano; de Pellegrini al señor Carlos Ruiz en reemplazo del señor Dionisio Abraham; de Ojo de Agua con carácter interno al inspector de jefaturas políticas señor Constantino Laitán en reemplazo del señor José María Delgado, que pasa a ocupar igual cargo en Departamento San Martín en reemplazo del señor Rafael de Jesús Romero y de Departamento Salavina al señor Néstor Ríos en reemplazo del señor Carlos García. (Designan nuevos jefes políticos en ocho departamentos, 1949)

El posicionamiento de la prensa respecto al rol de las Jefaturas Políticas cambió notablemente. Para las elecciones de 1946 el relato del diario El Liberal las vinculaba con el uso de la violencia política, el fraude electoral, y la intromisión de los funcionarios en las campañas electorales. Si bien el discurso de la prensa no registró el nivel de confrontación de las elecciones presidenciales del 46, tampoco dejó de prestar atención a las preocupaciones de ciertos sectores políticos respecto al comportamiento de las fuerzas de seguridad y de los agentes municipales. El Partido Comunista solicitaba garantías en el acto eleccionario y afirmaba que no se pudo realizar “su plan de propaganda por las sistemáticas trabas que oponen las autoridades policiales y municipales” (Reclama garantías el partido Comunista, 1949). Para el día 8 de marzo aquel partido planteaba nuevamente su disconformidad con las autoridades de la intervención federal. A la prohibición de los actos programados en la ciudad Capital, se sumaron algunos incidentes en la localidad de Termas de Río Hondo, donde el Jefe Político impidió la difusión de la propaganda realizada por un automóvil con altoparlante. Un incidente similar se registró en la ciudad de Frías con la prohibición de un acto, mientras en la ciudad de La Banda las autoridades cambiaron el lugar del acto central llevándolo a un sitio alejado de los espacios de concentración popular (Denuncian nuevas trabas a su acción el P. Comunista, 1949).

Después de 1949 al parecer se registraron cambios en la selección y legitimación de los liderazgos departamentales. Si bien estos no escaparon al control centralizado de los órganos partidarios podemos observar un fortalecimiento de las unidades básicas. Mientras, las autoridades de las juntas departamentales se constituyeron luego de los comicios internos de 1950 y las elecciones generales de 1951 contemplaron el llamado a elecciones municipales en las ciudades de La Banda, Añatuya y Frías. Estos casos representaron cambios y al parecer la selección de los candidatos habría sido refrendada por la doble participación, primero, de los afiliados y luego, de los electores. Sin embargo, es necesario profundizar sobre el proceso de selección de los candidatos en dichos municipios.

Si bien no contamos con estudios para analizar profundamente dichas trayectorias, es importante resaltar que entre 1949 y 1951 se fortaleció la presencia de otros actores locales como Unidades Básicas y Juntas Partidarias Departamentales, quienes convivían en el espacio con los Jefes Políticos. También resulta pertinente aclarar los cambios en materia de seguridad. Hacia 1952 el gobierno de Francisco González impulsó un proceso de reorganización de la policía de la provincia (Jugo Suárez, 2015), por lo tanto, es necesario evaluar qué alteraciones provocó en la función coactiva de las JPD y, precisar con mayor certeza, si dichos cambios representaron un recorte en el poder de aquellas instituciones.

Conclusiones

El análisis institucional expone la preeminencia del ministerio de gobierno a nivel presupuestario y una medición de los recursos de las JPD al momento de los orígenes del peronismo. La presencia de funcionarios en todo el territorio provincial se transformó en un instrumento imprescindible al momento de formar coaliciones y enfrentar los actos eleccionarios. Aquellas actuaban en espacio compartido con otros actores sociales e institucionales como el obraje, comités, ateneos, unidades básicas, iglesias, sindicatos, comerciantes y otros sujetos que participaron activamente en el ámbito departamental. Lo cierto es que las JPD se transformaron en piezas fundamentales en el interior y tal como lo planteó Groppo (2009) y Reynares (2011) aquellas permitieron la formación de una identidad peronista constituida sobre las demandas locales.

Un espacio institucional donde hacia 1946 prevalecían dos sectores, los caudillos radicales vinculados al corvalanismo y el antipersonalismo local constituido por una red de comerciantes árabes que, durante la década de 1930, ejercieron un control sobre las JPD. Si bien en el período 1946-1949 hay una profundización de las disputas facciosas por el control de dichas instituciones, las mismas parecen haberse resuelto a favor del antipersonalismo.

Sin embargo, las resistencias y los conflictos permiten explorar periodizaciones tentativas. Entre 1943-1946 las jefaturas se transformaron en piezas claves para la construcción de la identidad peronista en el interior del territorio provincial, y el subperiodo se caracterizó por las disputas intrapartidarias entre radicales quijanistas y caudillos antipersonalistas por el acceso a los cargos de jefes políticos.

En un segundo período, 1946-1949, las JPD se transformaron en escenario de disputa entre representantes del catolicismo, caudillos radicales y miembros del movimiento obrero en un marco de creciente centralización del poder, reducción de las autonomías e inestabilidad de los liderazgos departamentales. Situación que se observa en el acto eleccionario de 1949, donde prevalecieron las intervenciones, renuncias y designaciones de nuevos funcionarios.

Por último, desde 1949 existen indicios de cambios en la selección y legitimación de los liderazgos departamentales, producto de las elecciones internas del peronismo en 1950 y las generales de 1951, estas implicaron el fortalecimiento de otros actores políticos locales como Unidades Básicas y Juntas Partidarias Departamentales.

También, es posible tejer algunas comparaciones entre los dos actos eleccionarios para gobernador de la provincia. Si bien las tensiones aparecen en todo el periodo tienden a profundizarse en contextos preelectorales, donde se registran rotaciones, designaciones masivas y renuncias de funcionarios. Las rotaciones de Jefes Políticos se intensificaron en las elecciones de 1946 donde la intervención federal decide neutralizarlas a los fines de conservar el equilibrio entre corvalanistas y antipersonalistas. Pero en 1949, la prensa otorgó otro tratamiento al comportamiento de las Jefaturas Políticas, donde los movimientos de designaciones y renuncias masivas de funcionarios, con el objetivo de favorecer a una de las facciones en disputa, caracterizaron al acto eleccionario, pero sin adquirir los niveles de tensión registrados en 1946. Esto responde a dos situaciones, por un lado, el cambio de posicionamiento de la prensa respecto al peronismo, por el otro el funcionamiento de los ya mencionados mecanismos de centralización como intervención federal e intervención partidaria.

Además, el trabajo nos permite observar algunos comportamientos en relación con otros ámbitos locales. El espacio bonaerense se caracterizó por la formación de terceras líneas de liderazgo (Salomón, 2011b), instancias de autonomía funcional (Marcilese, 2014) y formación de redes políticas locales (Marcilese, 2015; Salomón, 2011b) sustentadas en el conocimiento de las localidades y vínculos interpersonales (Salomón, 2011a), que contribuyeron a los orígenes y consolidación del peronismo. En Santiago del Estero los jefes políticos departamentales y comisionados municipales se transformaron en los intermediarios entre el Líder y las demandas locales en el marco de la emergencia del peronismo. Sin embargo, a fines de la década del 40, los procesos de centralización, los conflictos facciosos y la politización de los niveles locales desestabilizaron algunos liderazgos departamentales producto de las intervenciones masivas y designaciones de nuevos funcionarios. Quizás el punto más álgido de dichos movimientos institucionales se puede observar en las elecciones de 1949.  

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[1] Profesor en Tercer Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal en Historia por el Instituto Superior del Profesorado Provincial N°1 año 2007. Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, año 2015. Autor del libro “Peronismo y Planificación de la obra pública. Primer gobierno de Carlos Juárez 1949-1952” Editorial Bellas Alas, ciudad de Santiago del Estero, año 2020. Docente del Espacio Curricular Historia Argentina Reciente y Corrientes Historiográficas Contemporáneas en el Instituto Superior del Profesorado Provincial N°1 ciudad Capital provincia de Santiago del Estero. Docente del Espacio Ciencias Sociales en el Agrupamiento de Itinerancia N°86108, Departamento Banda provincia de Santiago del Estero.

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